El Gobierno pacta con la UE retrasar a 2022 la reforma fiscal y la mayor parte de la reforma de las pensiones

La vicepresidenta económica española, Nadia Calviño, entre los ministros de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, y de Alemania, Olaf Scholz
La vicepresidenta económica española, Nadia Calviño, entre los ministros de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, y de Alemania, Olaf Scholz

Reuters

  • El Gobierno pacta con la Unión Europea retrasar la reforma fiscal y de las principales medidas de la reforma de las pensiones a 2022, según El País, que asegura que el Ejecutivo ha demorado las medidas más polémicas del Plan de Recuperación.
  • Prevé acordar la derogación parcial de la reforma laboral y la primera mitad de la reforma de las pensiones en 2021, pero las posibles alzas fiscales, la derogación del factor de sostenibilidad o la subida de bases máximas de cotización tendrán que esperar a 2022.
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Tras la aprobación este martes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por parte del Consejo de Ministros, España está más cerca de asegurarse los 70.000 millones de euros en transferencias que el país recibirá del fondo comunitario NextGenerationEU entre este año y 2023, del total de 140.000 millones de euros asignados a España hasta 2026.

No obstante, aunque el Gobierno debe presentar antes de este viernes el contenido de su plan a la Comisión Europea, algunas de sus medidas podrían seguir todavía en elaboración pese a que sus líneas maestras ya se hayan anunciado y acordado con las autoridades comunitarias en meses anteriores, según El País, que asegura que el Ejecutivo ha pactado con Bruselas aplazar a 2022 algunas de las medidas más polémicas de su Plan de Recuperación.

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En concreto, todavía se desconoce el contenido de las más de 2.000 páginas del proyecto del Gobierno para detallar a qué se destinarán los fondos europeos de recuperación, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este martes que los ministros irán desvelando en comparecencias ante los medios de comunicación para desgranar el contenido de las inversiones y las reformas que competen a sus departamentos.

De este modo, el Ejecutivo calcula que en 2021 tendrá tiempo para acordar la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 con los sindicatos y la patronal, que se comenzó a negociar hace 1 mes y medio, para aprobarla entre el segundo y el tercer trimestre de este año, según el diario del Grupo Prisa, que estima que a finales de año también estará lista la primera parte de la reforma del sistema de pensiones.

Esa primera parte incluirá la actualización de las pensiones con el IPC, el pago con impuestos de los gastos impropios de la Seguridad Social y las medidas para retrasar la edad legal de jubilación, mientras que la derogación del factor de sostenibilidad, el incremento de las bases máximas de cotización y las pensiones máximas deberán esperar al año próximo tras la polémica que sembraron en el debate en 2020, según El País.

Además, los posibles cambios en política fiscal también tendrán que esperar al año que viene, centrados en optimizar su gestión, aumentar su recaudación mediante la derogación de gran parte de deducciones y exenciones, especialmente en cuanto al IVA o el impuesto de Sociedades, o elevando la progresividad de sus tipos, en el caso del IRPF o el impuesto de Patrimonio, además de la implantación de la fiscalidad ecológica y la mejora en la lucha contra el fraude.

No obstante, para poner en marcha esas 3 reformas, laboral, fiscal y de pensiones, entre este año y el próximo, los ministerios de Economía, Trabajo, Hacienda y Seguridad Social deberán seguir negociando con los agentes sociales, el Pacto de Toledo y las demás fuerzas políticas para conseguir el respaldo suficiente.

Por el momento, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, acaba de presentar una declaracion conjunta con los ministros de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, Alemania, Olaf Schol, e Italia, Daniele Franco, en la que piden a la CE que apruebe de forma ágil sus planes de recuperación para reforzar la UE y al resto de sus socios comunitarios que envíen sus proyectos a Bruselas y aprueben su financiación lo antes posible.

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