Ley de Vivienda: el Gobierno propone a los grandes inversores inmobiliarios que cedan viviendas a un fondo estatal de alquiler social

Un anuncio de alquiler de vivienda en un portal
Reuters
  • El Gobierno ha propuesto a grandes fondos inmobiliarios como Blackstone, Ares o Cerberus que cedan algunas de sus propiedades para un fondo de pisos en alquiler social que prevé crear con la nueva Ley de Vivienda.
  • El plan del Ministerio de Transportes no define cuántas viviendas cederán los fondos, después de que la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, propusiese que los grandes propietarios destinen el 30% de sus pisos a alquiler social.
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En las próximas semanas, está previsto que el Gobierno presente su proyecto de Ley de Vivienda, que están elaborando desde hace meses el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, encargado de derechos sociales, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en la que está previsto que incluyan medidas para evitar la subida excesiva de los precios del alquiler y para fomentar la vivienda social.

Por el momento no se han registrado avances en la elaboración esta normativa, cuyo retraso puede deberse a la polémica que ha generado en el seno del Ejecutivo. Así, han generado discordia tanto el establecimiento de topes a los precios de alquiler, que formaba parte del pacto presupuestario que firmaron PSOE y Unidas Podemos en 2018 y del acuerdo de coalición de diciembre de 2019, como el nivel de participación de los grandes tenedores en la vivienda social.

Pese a los desacuerdos, el Ministerio de Transportes continúa preparando el contenido de la futura ley tras la petición del Parlamento Europeo a los 27 para que regulen los precios del alquiler para proteger el derecho a la vivienda y frenen la especulación. Así, está negociando con los grandes fondos de inversión inmobiliaria para que participen en la creación de un fondo de viviendas en alquiler social mediante la cesión de parte de los inmuebles con los que cuentan, según El Confidencial.

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En concreto, Transportes habría negociado con fondos como Blackstone, Ares, Lazora, Axa, CaixaBank, Renta Corporación, Cerberus o Goldman Sachs para incluir parte de sus activos inmobiliarios en la plataforma de vivienda social en alquiler con la que busca sacar al mercado un volumen de pisos a un precio asequible que permita destensionar las ciudades en las que hay mayor desequibrio entre vivienda en oferta y demanda residencial.

El Ministerio buscaría fórmulas de colaboración público-privada para complementar el fondo social de vivienda, que cuenta mayoritariamente con pisos en manos de bancos y de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), con "una iniciativa paralela o equivalente en el ámbito de las sociedades y fondos especializados en el alquiler residencial", según el decreto ley de vivienda del pasado mes de diciembre, recogido por el diario digital.

Este plan de Transportes no define cuántas viviendas aportarán los fondos y grandes propietarios de inmuebles que decidan participar en este proyecto, a diferencia de la propuesta de la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, que defendió que los grandes tenedores de vivienda destinasen un 30% de sus propiedades inmobiliarias a alquiler social.

Actualmente, CaixaBank es el principal propietario de vivienda en alquiler, con 25.000 inmuebles, seguido de Testa Residencial con 20.000, la Sareb con casi 10.000, Albirana Properties con más de 9.500, Lazora con 7.000, Fidere Patrimonio con 6.500, Axa con 3.600, Vivenio Residencial con 3.200, Ares con 3.000 y Encasa Cibeles con 2.900 viviendas, según El Confidencial.

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