El Gobierno estudia que las administraciones no puedan ofrecer a los interinos más de 2 o 3 años de contrato para limitar la temporalidad en el sector público

El Gobierno ha iniciado sus reuniones con los sindicatos representados en las administraciones y con los Ejecutivos autonómicos para buscar solución a la elevada temporalidad en la función pública, después de que la Unión Europea urgiese la puesta en marcha de medidas para atajarla tras detectar que el porcentaje de trabajadores temporales respecto al total de ocupados se mantiene en un 25%, pero sube a un 29,9% en las administraciones públicas.

El ministro de Función Pública, Miquel Iceta, que sustituyó en enero en esta cartera a la actual ministra de Sanidad Carolina Darias, ha abierto la ronda de contactos para intentar ofrecer medidas para dar solución a los cerca de 800.000 interinos que trabajan para las administraciones públicas antes de verano, para facilitar que el Ejecutivo pueda cumplir su promesa a Bruselas de aprobar una ley que limite la temporalidad en el sector público antes de 2022.

Para ello, la negociación con los agentes sociales y las autonomías pasa por 2 tipos de iniciativas, por una parte los mecanismos para estabilizar las plazas que los interinos ocupan actualmente de forma irregular y por otra la reforma del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, segúnLa Información, que asegura que el Gobierno está valorando limitar la duración de los contratos temporales de los interinos de la administración a 2 o 3 años. 

España, a la cabeza de la temporalidad: uno de cada cuatro trabajadores tiene un contrato temporal

En cuanto al primer enfoque, la intención de Iceta es abordar el proceso para fijar las plazas de interinos en los próximos 2 o 3 años para resolver una situación que ha provocado que la temporalidad en la sanidad pública alcance el 41,9%, muy lejos de la media y de la meta comunitaria de reducir la proporción de interinos en administraciones públicas al 8% en 2022.

En lo que respecta a la reforma legal para limitar la duración de las relaciones de interinidad, que está amparada por la disposición del Estatuto de los Trabajadores que exime a las administraciones públicas del límite de 3 años para contratos de obra y servicio y de 3 meses los de interinidad que se aplica al sector privado, dado que actualmente se prevé que las interinidades duren lo mismo que los procesos de selección para las plazas.

Por ello, además de la posibilidad de limitar la duración de los contratos de los interinos a 2 o 3 años, el Ejecutivo también está estudiando modificar las convocatorias de empleo público para penalizar los retrasos en la ejecución de las plazas que superen los 2 o 3 años, según el diario digital, que asegura que estas medidas irían acompañadas de sanciones administrativas, civiles o penales para penalizar a las administraciones que incumplan los plazos establecidos.

Los sindicatos apoyan el establecimiento de sanciones para atajar la precariedad laboral en las administraciones y ofrecer seguridad jurídica en los procesos de selección. De hecho, los 2 últimos gobiernos han incumplido sus compromisos de estabilización de 176.000 plazas entre 2017 y 2019, que incluye a 73.000 interinos en la educación pública y 65.000 en la sanidad, según La Información.