ERTE, pensiones, energía, ley concursal o el impulso a la FP: 8 reformas que prepara el Gobierno para asegurarse los fondos europeos

Mientras sigue ultimando el proyecto de presupuestos para 2021 que aprobará en Consejo de Ministros este martes y llevará próximamente al Congreso, el Gobierno español se prepara para cumplir con los requisitos comunitarios y poder recibir las ayudas europeas del plan de recuperación del coronavirus, que se prevé que otorgue unos 72.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido a España en los próximos 3 años.

El plan de reactivación económica que pactaron los 27 en julio establece la creación de un fondo de 750.000 millones de euros, de los que a España le corresponden 140.000 millones, aunque el Ejecutivo español solo solicitará la mitad de esa financiación para no tener que solicitar préstamos al fondo europeo y ceñirse a las subvenciones directas que establece el plan.

Sin embargo, renunciar a los 67.300 millones de euros en préstamos que Bruselas ha reservado para España no exime al Gobierno español de cumplir las condiciones del plan de reactivación económica, que pasan por presentar a las autoridades comunitarias una serie de planes de reformas y de ejecución de proyectos a los que se destinarán los fondos europeos.

Pocas horas antes de aprobar en Consejo de Ministros su proyecto de presupuestos para 2021, el Ejecutivo ya cuenta con una propuesta de reformas con las que cumplir con el requisito de la Comisión Europea de explicar en qué se emplearán los fondos europeos del plan de recuperación del coronavirus antes de recibirlos, segúnEl País.

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8 líneas de acción para el plan de reformas

Las medidas que contiene el texto, que se dividen en 8 paquetes de medidas, están en línea con las propuestas de la propia Comisión y con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española que el Gobierno presentó a comienzos de octubre y abarcan propuestas para el empleo, las empresas, las pensiones, la educación o la energía, entre otras.

En cuanto a las propuestas del ámbito laboral, se centran en reducir la dualidad del mercado de trabajo, que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) sean “en un sistema permanente de ajuste interno”, reformar el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y reforzar las políticas activas de empleo, según El País, que asegura que el Gobierno ha renunciado a derogar la reforma laboral.

Respecto a las pensiones, el Gobierno busca reducir el gasto por debajo del 15% del PIB a medio plazo traspasando varias partidas que actualmente cubre la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado, elevando la edad efectiva de jubilación a la edad legal o reduciendo diferencias entre los autónomos y el resto de cotizantes.

Otra de las medidas pasa por reducir la elevada proporción de pymes en el tejido empresarial español para reactivar la productividad, usando los fondos europeos en planes de internacionalización e I+D y en la transformación de sectores como turismo, automoción, alimentación, comercio, salud y energía, además de reformar la ley concursal o reubicar las cadenas de valor a países vecinos.

Además, otra de las reformas del Ejecutivo se centra en la innovación, marcando la meta de situar la inversión en I+D+i en el 2% del PIB, frente al 1,2% actual, gracias a la estrategia nacional de Inteligencia Artificial y la renovación del Sistema Nacional de Salud, según el diario del Grupo Prisa. 

En cuanto a las políticas energéticas y ambientales, el Ejecutivo prevé modificar la normativa sobre transición ecológica, en la que podría incluir nuevos impuestos ambientales, además del refuerzo a la infraestructura de las energías renovables y al desarrollo de una hoja de ruta del hidrógeno renovable.

En el plano educativo, las propuestas del Gobierno pasa por el Plan de impulso a la Formación Profesional, que supondrá el refuerzo de 200.000 nuevas plazas hasta 2023, por el proyecto de ley de reforma educativa, el impulso a la educación de 0 a 3 años y el desarrollo de un plan nacional de capacidades digitales.

Esta última medida está relacionada con la propuesta de reforma sobre el capital tecnológico, en la que se incluye la Agenda España Digital 2025 y la modernización y digitalización de la Administración pública, especialmente en los ámbitos de la justicia, los servicios públicos de desempleo, la salud pública, la gestión de consulados y la administración territorial.

Por último, las propuestas de reformas que el Ejecutivo presentará a Bruselas incluyen un capítulo dedicado a medidas territoriales, como planes de movilidad urbana, la concreción de los 3 corredores peninsulares, el refuerzo de los peajes en carreteras de alta intensidad o un programa de rehabilitación de edificios, según El País.