El Gobierno prepara el techo de gasto para los presupuestos de 2022: este es el calendario para aprobar a tiempo las cuentas públicas y sus principales obstáculos

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

  • El Gobierno comienza a dar pasos para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 con la definición del techo de gasto de las próximas cuentas públicas, previsto para este mismo mes.
  • El proyecto presupuestario debe estar listo a finales de septiembre para que pueda cumplir su trámite parlamentario y entrar en vigor el 1 de enero de 2022, como pretende el Ejecutivo, pero para ello debe mantener el apoyo de otros partidos.
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Una vez realizada la remodelación del gabinete ministerial a mitad de legislatura, el Gobierno se prepara para aprobar antes de final de mes el techo de gasto que definirá los márgenes económicos de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha augurado a comienzos de julio que estarán listos para entrar en vigor a partir del primer día del próximo año.

En cuanto al techo de gasto, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño ha confirmado a TVE este martes que ya está trabajando junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en definir el tope presupuestario para 2022, que es el primer paso para la elaboración de las cuentas públicas para el año que viene. Calviño ha pedido el apoyo de todos los grupos políticos y ha anticipado acuerdos con ellos, precisando que espera negociaciones más complejas respecto a la reforma laboral o de las pensiones.

No obstante, la vicepresidenta no ha aclarado en qué Consejo de Ministros se aprobará ese techo de gasto, a pesar de que se agotan las fechas para que el límite presupuestario esté aprobado antes de final de mes, según el plazo que estableció el Gobierno. Así, el techo de gasto debería recibir el visto bueno definitivo el próximo día 20 o el 27 para avanzar en la elaboración de los presupuestos antes del parón veraniego.

Calendario para los próximos presupuestos

El Gobierno dio el primer paso para la elaboración de los presupuestos el pasado 28 de junio, cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado la normativa para su elaboración, en la que se asegura que estas cuentas buscan apoyar la recuperación económica a corto plazo e impulsar a medio y largo plazo "el proceso de transformación y modernización de la economía española que lleve a un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista económico, social, territorial y medioambiental".

Además, el texto destaca que las cuentas públicas de 2022 se alinearán con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, con los planes de reformas a los que se destinarán los fondos europeos que el Ejecutivo envió hace meses a las autoridades europeas para su aprobación para elaborar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con el Programa de Estabilidad 2021-2024, que prevé que un déficit público hasta el 8,4% en 2021 y el 5% en 2022.

Así, la normativa para los próximos presupuestos señala una de las principales dificultades que afrontará el Gobierno durante el resto de la legislatura, que es alcanzar la estabilidad presupuestaria, para lo que se incorpora a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para tener en cuenta los resultados de los procesos de revisión y evaluación del gasto público en la toma de decisiones.

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No obstante, ese compromiso con la estabilidad es una formalidad por el momento, dado que el Eurogrupo ha aprobado a finales de junio mantener la moratoria de disciplina fiscal en 2022, lo que implica que los países de la eurozona podrán mantener sus políticas de estímulos sin tener que reducir todavía los altos niveles de deuda y déficit que ha generado el coronavirus.

Con esta normativa, una vez que el Ministerio de Hacienda fije el techo de gasto para 2022, el Gobierno tendrá hasta el 30 de septiembre para elaborar el borrador de los Presupuestos del Estado para 2022 que ofrezca el margen de tiempo suficiente para que las cuentas sean revisadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, tal como establece el artículo 134 de la Constitución, que determina que el proyecto debe entregarse al Parlamento al menos 3 meses antes de que venza el presupuesto anterior.

En caso de que el Ejecutivo consiga presentar su borrador presupuestario al Congreso antes del 30 de septiembre, sus presupuestos para 2022 podrían ser los primeros en 6 años que consiguen tramitarse a tiempo, aunque para ello necesitará mantener el apoyo de sus socios parlamentarios. El año pasado, el Gobierno consiguió aprobar las cuentas públicas de 2021 para que entrasen en vigor el 1 de enero, pero fue gracias a un proceso de tramitación acelerado por la pandemia.

Fiscalidad y apoyos parlamentarios, las principales dificultades para su aprobación

A pesar de las estrecheces que marca el calendario de aprobación de los presupuestos, la búsqueda de consensos entre los socios de Gobierno y con sus aliados parlamentarios suponen la principal dificultad para la puesta en marcha a partir del 1 de enero de 2022 de las nuevas cuentas públicas, a las que hay que sumar las disensiones internas sobre política fiscal o vivienda en la coalición y las complejas relaciones con ERC y Junts.

Más allá del esperado rechazo de los 154 diputados del PP, la ultraderecha y de partidos minoritarios como Ciudadanos, la CUP, UPN o Foro Asturias, el Ejecutivo debe buscar acuerdos con las otras 12 formaciones con representación parlamentaria, que cuentan con 42 diputados, para sumar una mayoría suficiente de al menos 176 votos. El Gobierno aporta de partida los 120 representantes del PSOE y Unidas Podemos, 35.

De este modo, la coalición de Gobierno necesita sumar al menos 21 de esos 42 votos para superar la fase de enmiendas y la votación para la aprobación definitiva de las cuentas públicas para 2022. Teniendo en cuenta el diálogo con el presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, de ERC, y la sintonía mostrada respecto al reparto de ayudas europeas con el PNV y en cuanto a política social con Más País y Compromís, esos 21 votos parecen un objetivo factible.

En el Senado, la situación es todavía más clara, dado que el Gobierno necesita 133 votos para la mayoría absoluta, de los que tiene asegurados 114 de PSOE y Unidas Podemos. Los 19 votos restantes podrían conseguirse a través de alguna combinación de sus apoyos en el Congreso, dado que el PNV cuenta con 10 senadores, ERC con 13, Teruel Existe con 2 y Más Madrid, Compromís, Més per Mallorca, Geroa Bai o Adelante Andalucía cuentan con 1 cada uno.

Así, la consecución de apoyos parlamentarios no presenta las mismas dificultades que al comienzo de la legislatura, pero el problema podría surgir precisamente entre los socios de Gobierno, después de que el Ejecutivo pactase el pasado mes de abril con Bruselas retrasar la reforma fiscal que acordaron PSOE y Podemos al sellar su coalición, lo que ha generado tensiones entre ambos partidos.

De hecho, el Gobierno acordó con la autoridades comunitarias retrasar a 2022 algunas de las medidas más polémicas de su Plan de Recuperación, como aumentar la recaudación de impuestos mediante la derogación de gran parte de deducciones y exenciones, especialmente en el IVA y el impuesto de Sociedades, o elevar la progresividad de sus tipos, en el caso del IRPF o el impuesto de Patrimonio, además de la implantación de la fiscalidad ecológica y la mejora en la lucha contra el fraude.

Sin embargo, menos de un mes después del acuerdo con Bruselas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que los cambios en los impuestos de Sociedades y Patrimonio y en las bonificaciones de IRPF, IVA y otras tasas tendrían que esperar a 2023, aunque posteriormente precisó que podrían retrasarse más allá de esa fecha si para entonces el PIB no ha regresado a sus niveles previos al coronavirus, una situación que el Ejecutivo prevé que se produzca a finales de 2022.

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