El Gobierno promete a Bruselas atajar por ley la temporalidad en las administraciones antes que acabe 2021

El Gobierno sigue consensuando con la Comisión Europea los proyectos y reformas que formarán parte de sus planes para el desembolso de los fondos europeos de recuperación de la pandemia de coronavirus que el país comenzará a recibir a mediados de año. En concreto, varias de las medidas que Bruselas ha reclamado al Ejecutivo pasan por reformas en materia laboral y de pensiones, mientras continúa negociándolas con los agentes sociales.

En concreto, el último consenso entre el Gobierno y la CE se ha centrado en la limitación de la temporalidad, especialmente en el sector público. Así, tras la petición de Bruselas para que se reformase el estatuto de la función pública para evitar que se abuse de la figura de los interinos, el Ejecutivo se ha comprometido con Bruselas a legislar para reducir la temporalidad en las administraciones, segúnEl País.

Esa promesa tiene además una fecha límite, dado que la promesa formulada por el Gobierno español especifica que la reforma del estatuto de la función pública para atajar la temporalidad está prevista para antes de final de año, según el diario del Grupo Prisa, que afirma que Bruselas ha criticado el elevado número de interinos en el sector público español, que supera el 30% y debe reducirse al 8% antes de 2022.

España, a la cabeza de la temporalidad: uno de cada cuatro trabajadores tiene un contrato temporal

Además, las autoridades comunitarias se preguntan si el Ejecutivo incluirá reducir la proporción de  contratos temporales en una reforma más amplia de la Administración Pública en la que se modifique el actual sistema de contratación, mientras que el Gobierno apunta a soluciones escalonadas y destaca que otros países, como Alemania, también superan o incluso duplican la tasa de un 8% de interinos que recomienda la UE, según El País.

Actualmente, la proporción de empleados con contrato de duración definida sobre el total de trabajadores en activo ha alcanzado un 24,6% en el cuarto trimestre de 2020, aunque existe una brecha de más de 6 puntos entre la presencia de trabajadores temporales en las administraciones públicas, donde se incrementó hasta el 29,9% al cierre del año pasado, y en el sector privado, en el que se mantuvo en el 23,2%.

Además, según la última Encuesta de Población Activa, la tasa de temporalidad de la sanidad pública alcanzó el 41,9% y la de la educación el 29,1%, mientras que 3 de cada 10 funcionarios se encuentran trabajando como interinos. No obstante, en la administración central ya se ha alcanzado la meta europea de un 8% de interinos, mientras que en las autonomías se sitúa en el 37,9%, aunque en algunos casos, como la sanidad canaria, llega a superar el 56% de trabajadores temporales, según El País.

El fuerte incremento de la temporalidad a partir de 2017 se atribuye a que las tasas de reposición de funcionarios jubilados cayeron a cero entre 2012 y 2015, en plenos recortes presupuestarios del Gobierno tras el rescate a la banca española. Desde entonces, los planes para atajar la temporalidad en la función pública, que afecta a 600.000 trabajadores, no han dado el resultado esperado, salvo en la administración central.