El Gobierno prevé prorrogar indefinidamente la limitación de desahucios a familias vulnerables que caduca el 9 de agosto hasta acordar la ley de vivienda

Claves del decreto antidesahucios

Andrea Comas/Reuters

  • El Gobierno prevé aprobar un decreto para prorrogar de forma indefinida la limitación de desahucios a familias vulnerables sin alternativa habituacional, que vence el próximo 9 de agosto.
  • Su intención es mantener esta medida hasta que se apruebe definitivamente la nueva ley de vivienda, que incluye facilitar la solicitud judicial para suspender extraordinariamente un desahucio por motivos de vulnerabilidad económica.
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Al inicio de la pandemia, España, varios países comunitarios, EEUU y Reino Unido activaron varias medidas para evitar que la crisis dejase sin vivienda a muchos de sus ciudadanos por problemas económicos provocados por el coronavirus, entre las que se incluían moratorias hipotecarias o, en la mayoría de los casos, la suspensión o prohibición de desahucios de alquiler a los colectivos más vulnerables.

En el caso de España, la limitación de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional está vigente desde abril del año pasado y su vigencia concluirá el próximo 9 de agosto, aunque el Gobierno está preparando la puesta en marcha de una prórroga indefinida de la limitación de desahucios, con la intención de mantenerla hasta que se llegue a un acuerdo para aprobar la nueva ley de vivienda, según avanza Cinco Días.

Así, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estaría ultimando la elaboración de un decreto que concrete esta prórroga, pensada para dar tiempo a los socios de Gobierno a acordar las medidas más polémicas de la nueva ley sobre vivienda, en la que hay importantes diferencias entre PSOE y Unidas Podemos en lo que respecta a la limitación de los precios de alquiler, pese a que es una de las medidas que ambos partidos plasmaron en su acuerdo de coalición.

Sin embargo, hay un mayor nivel de consenso en la coalición de Gobierno respecto a la moratoria de desahucios, según el diario económico del Grupo Prisa, que señala que fuentes del Ministerio han confirmado que el decreto que están preparando recogerá la parte de la nueva ley de vivienda que ya se ha acordado y que esta medida se aprobará en alguno de los Consejos de Ministros que se celebrarán en las 2 próximas semanas.

La normativa sobre desahucios prevé ampliar la posibilidad de que un inquilino afectado por un procedimiento de este tipo pueda solicitar al juez la suspensión extraordinaria de su lanzamiento alegando una situación de vulnerabilidad económica que le impida encontrar una alternativa habitacional y establecerá la necesidad de contar con informes de servicios sociales antes de que el juzgado decida sobre la posible suspensión.

Los grandes propietarios prevén hasta 40.000 desahucios tras el fin del estado de alarma

Los criterios para acreditar esa vulnerabilidad económica incluyen estar en desempleo, en situación de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) o, en el caso de autónomos y empresarios, haber perdido gran parte de sus ingresos debido a la pandemia, además de que sus ingresos no pueden superar en más de 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual y de que el coste del alquiler y los suministros básicos rebase el 35% de la renta familiar.

Esta medida también se aplicará a quiénes hayan ocupado un inmueble, siempre que los ocupantes sean menores de edad, estén en situación de dependencia o sean víctimas de violencia de género que hayan ocupado la vivienda sin usar la violencia y solo en el caso de que se trate de un gran propietario con 10 o más inmuebles y que no se trate de su primera o segunda residencia, según Cinco Días.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha calculado que, en caso de que no se prorrogue la prohibición de desahucios a familias vulnerables, se producirán más de 79.000 desahucios en todo el país, una cifra que aseguran que supera las alcanzadas en 2012. No obstante, han criticado que la prohibición no ha supuesto el fin de los desahucios, señalando que en el primer trimestre del año se produjeron 11.000 procesos de este tipo, en la mayoría de los casos en viviendas en alquiler.

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