El Gobierno 'sudará' para aprobar los Presupuestos en el Congreso: la mayoría progresista no se da por hecha y en 2021 ya se sufrió una final de infarto

En España, las negociaciones para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) comenzaban, normalmente, después de que el Gobierno los presentara tras su aprobación en el Consejo de Ministros. Desde que Unidas Podemos llegó al poder y se constituyó el primer Gobierno de coalición de la historia de la democracia, las cosas han cambiado bastante.

Las dos cuentas públicas que PSOE y Unidas Podemos ha logrado sacar adelante (los PGE de 2021 y 2022) se negociaron con los partidos en el Congreso, pero el primer trámite a superar fue precisamente la puesta en común previa a la reunión del Consejo de Ministros. Aunque superar ese primer desafío no es garantía de nada.

No en balde, los PGE de 2022 se aprobaron in extremis en el Congreso de los Diputados en una sesión convocada el 28 de diciembre de 2021, después de que el Senado remitiera a la Cámara Baja el proyecto de ley con una enmienda que finalmente prosperó. Fue una final de infarto que podría volver a repetirse en caso de que el Ejecutivo no sea generoso y escuche a sus potenciales apoyos.

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En ambos años, el Gobierno recurrió a la mayoría 'progresista': parte de esa mayoría ya respaldó la investidura de Sánchez en enero de 2020. Tanto en 2021 como en 2022, las cuentas salieron adelante con votos favorables de partidos como ERC, PNV, Bildu, el PDeCat, Más País, Compromís, el PRC, Nueva Canarias o Teruel Existe. 188 votos, mayoría absoluta.

Mirar cómo fueron aquellas negociaciones sirve también para intuir cómo se sucederán en las próximas semanas las que tienen que tener lugar en caso de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiera ver los Presupuestos de 2023 aprobados sin mayor problema.

También para destacar cómo ha variado la escenografía a la hora de aprobar estos presupuestos: en 2020, cuando el Gobierno anunció las cuentas para 2021, fueron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el entonces vicepresidente, Pablo Iglesias, los encargados de desgranar los principales detalles del entonces proyecto de ley.

Esos cambios de escenografía se pueden resumir en dos corbatas, una corbata y cero corbatas. En los primeros, Sánchez e Iglesias comparecieron de americana. En los segundos, ya con Yolanda Díaz como principal representante de Unidas Podemos en la coalición tras la marcha de Iglesias, solo Sánchez vistió corbata.

Este año, sin embargo, ni siquiera Sánchez se ha retratado con corbata: el acuerdo entre socios de Gobierno para unos Presupuestos Generales del Estado de 2023 se ilustró con fotografías de Díaz y el presidente sentados en sofás de la Moncloa, y con Sánchez sin esa prenda. 

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Lo cierto es que aunque el Gobierno reivindique muchos avances —aumento del salario mínimo, ingreso mínimo vital, reforma laboral, gratuidad en abonos de Cercanías y trenes de Media Distancia, entre otros—, el Ejecutivo guarda en el armario una serie de proyectos que no han terminado de desbloquearse.

Un ejemplo de ello es la esperada ley de vivienda. Aunque habrá que esperar a las negociaciones de los Presupuestos vigentes —los de 2022—, lo cierto es que este asunto ya fue tema de conversación cuando el Gobierno anunció en octubre de 2020 las primeras cuentas de la coalición.

De hecho, Iglesias aseguró ante los medios que el Gobierno había alcanzado un compromiso para remitir en menos de cuatro meses una ley con la que regular el precio de los alquileres. Hubo que esperar en realidad 15 meses para que dicha ley llegara a la Cámara Baja, donde lleva otros 8 meses congelada.

Aquellas primeras cuentas de la legislatura aumentaron la inversión pública en un 10,3% con respecto a las anteriores, los Presupuestos de 2018 que dejó aprobados el exministro popular de Hacienda Cristóbal Montoro, que fueron prorrogados durante varios ejercicios. 

Salieron adelante en el Congreso con los votos de ERC, PNV, Bildu, PDeCat, Más País, Compromís, el Partido Regionalista de Cantabria, Nueva Canarias y Teruel Existe, después de diversas concesiones —por ejemplo, los republicanos lograron la gestión directa del ingreso mínimo vital en Cataluña—. Para principios de diciembre las cuentas habían superado su trámite en el Congreso.

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Con Iglesias después de dejar el Gobierno a mediados de año para concurrir a las elecciones madrileñas que adelantó Isabel Díaz Ayuso, las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos fueron las primeras en las que se sentaron cara a cara a Sánchez y Díaz para negociar algo tan sensible como el principal marco de acción política que tiene un Ejecutivo para todo un año.

Aunque ya habían formado parte del compromiso para las cuentas aprobadas el año inmediatamente anterior, esta vez Unidas Podemos elevó sus exigencias en materia de vivienda. Tanto dicha norma, que todavía no ha salido de las Cortes, como aquellas cuentas, se acordaron en una reunión de unos 50 minutos a cinco en un despacho de la Moncloa.

Precisamente por los tiempos aquellas negociaciones entre los socios de Gobierno recuerdan a las que se han vivido este mes de octubre de 2022. Un viernes de octubre del año pasado las posturas entre socialistas y morados estaban muy lejos. Un lunes, una reunión intensa entre Sánchez y la propia Yolanda Díaz acabaron acelerando todos los acuerdos, como recogíaEl Confidencial.

El Gobierno contó con la misma mayoría en el Congreso que obtuvo hacía un año, después de que Más País arrancara un piloto para la semana laboral de 4 días, o a Bildu le valiese la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional —que contempla la ley de vivienda registrada en el Congreso y que no tiene visos de que salga adelante en poco tiempo—.

Sí hubo un susto de última hora. En el Senado se devolvió el texto al Congreso por una enmienda que presentó Compromís y que fue respaldada de forma sorpresiva por el PP. La Cámara Baja tuvo que convocar un nuevo pleno el 28 de diciembre, a días de que terminase 2021, para dar la luz verde definitiva a las cuentas que ahora están en vigor.

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Visto lo visto, lo razonable es confiar en que el Gobierno buscará reunir de nuevo la mayoría 'progresista' que ha respaldado sus dos últimas cuentas. Pero en este caso, contar con los cinco escaños de EH Bildu, que para los Presupuestos de 2022 confió en el fin de los desahucios como planteó el Gobierno en su ley de vivienda que se ha quedado congelada, es asumir mucho.

Las negociaciones entre los socios de Gobierno han sido similares a las del año pasado: Unidas Podemos denunciando durante semanas un bloqueo del que acusaban al PSOE, y todo precipitándose en la madrugada anterior, en la que la propia vicepresidenta Díaz llegó a lamentar "esta forma de negociar".

De hecho, Gabriel Rufián, diputado de los republicanos catalanes de ERC, ya deslizó este mismo martes, poco después de que se conociera el acuerdo de Presupuestos entre PSOE y Unidas Podemos, que los votos de su grupo se tendrían que "sudar".La respuesta de María Jesús Montero llegó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "Empieza la negociación".

Por su parte, el PDeCat ha calificado de "hábil" la maniobra del Gobierno para evitar que las cuentas del año que viene no dependan de proyectos "que podrían generar dificultades", en referencia, precisamente, a la ley de viviendas, que Unidas Podemos quiere que tope el precio del alquiler y no solo a los grandes tenedores, sino a los propietarios de zonas tensionadas.

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Aunque efectivamente el acuerdo de Presupuestos se ha desvinculado de lo que suceda con la ley de vivienda en la Cámara, lo cierto es que es la aprobación de las cuentas un momento clave en el año político, ya que cada grupo puede ser ambicioso en sus exigencias y negociaciones. Además, estas discusiones arrancan en plena crisis de Gobierno en Cataluña.

Junts, que ha estado estos dos últimos ejercicios en el 'no' a los presupuestos del Gobierno de coalición, discute estos días si abandona el Govern de la Generalitat. Sus dirigentes confían en que las bases permitan a Junts continuar en el Ejecutivo regional, pero si los peores presagios se dan, la tesitura con la que ERC negociaría con el PSOE sería de máxima tensión.

Estos dos años ha sido Unidas Podemos uno de los principales artífices en lograr acercar a los socialistas a esa singular mayoría progresista. Este martes la ministra de Hacienda enfatizó en que las cuentas propuestas para el año que viene son todavía más expansivas, llevando la inversión pública a cifras récord.

Pero de no lograr una mayoría holgada como en años anteriores, el Gobierno podría someterse a un examen fatal: la no aprobación de Presupuestos Generales del Estado abriría la puerta a una convocatoria de elecciones anticipadas —una norma no escrita en política— en un año ya muy electoralizado: habrá comicios en mayo para las municipales y autonómicas.