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Qué gobiernos están abrazando Blockchain y cuáles lo rechazan frontalmente

Blockchain
Getty Images
  • Repasamos los casos más paradigmáticos sobre la implementación, apoyo o rechazo al blockchain por parte de los gobiernos de todo el mundo.
  • Hay de todo: desde Gibraltar, que ha abrazado con rapidez el blockchain, hasta Australia, que lo rechaza por sus deficiencias técnicas, pasando por puntos intermedios en la mayoría de ocasiones.
  • En España, el principal exponente público en el uso del blockchain es Aragón, que está ultimando una plataforma de licitación electrónica basada en esta tecnología.
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La tecnología blockchain lleva más de una década entre nosotros permitiendo transacciones de bienes y servicios y registros de toda clase, aunque saltó al candelero en los dos últimos años por ser el soporte encargado de amparar a famosas criptomonedas como el Bitcoin.

De hecho, la cadena de bloques ya está revolucionando sectores tan diversos y variopintos como el de la salud, el financiero y bancario, el de transportes, el de seguros o insurtech, el alimentario o el educativo.

Pero, ¿y qué pasa con los gobiernos del planeta? ¿Están implementando esta tecnología en su seno y favoreciendo un marco legal apropiado para su despegue? ¿O, por el contrario, están poniendo frenos a la expansión del blockchain? Revisamos algunos casos paradigmáticos para trazar esta panorámica de las cadenas de bloques en el sector público.

Leer más: El blockchain está sobrevalorado y no va a cambiar el mundo (por ahora)

Unión Europea

Comenzamos este repaso en casa, en la Unión Europea, ente que ha mostrado hasta ahora una postura abierta a la incorporación del blockchain en determinados casos de uso, aunque sin ninguna medida ni plan específico.

Entre las pocas menciones concretas al blockchain encontramos un informe (disponible aquí) encargado por la Comisión Europea y que especifica las aplicaciones de la cadena de bloques en el ámbito educativo, especialmente en los niveles superiores. De acuerdo a este documento, el blockchain podría servir tanto para certificar de forma segura e inviolable los títulos emitidos por cada universidad (evitando fraudes como el de la expresidenta del PP madrileño Cristina Cifuentes, por ejemplo) o para salvaguardar los trabajos académicos de forma distribuida. 

Cifuentes

Pero la UE también ha generado, regulación mediante, algunas cortapisas al desarrollo natural del blockchain. Hablamos, en concreto, del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés). Esta ambiciosa norma en favor de la privacidad y la gestión segura de la información personal incluye algunos conceptos, como el derecho a la eliminación de datos, que choca frontalmente con el principio de inmutabilidad del blockchain. No ya únicamente por los aspectos técnicos (fácilmente solucionables) sino por la necesidad de determinar legalmente quién es el responsable de eliminar esa información, en tanto que en las blockchains públicas no existe tal figura de autoridad. 

Gibraltar

Entre los defensores a ultranza del blockchain encontramos a Gibraltar, el pequeño peñón británico en la costa sur de nuestra península y considerado habitualmente como un nicho de empresas financieras en busca del mejor trato fiscal que se les dispensa en esos lares. Su organismo regulador -la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (GFSC)- lanzó a principios del pasado curso la primera licencia del mundo para startups 'fintech' que usen blockchain como elemento base, incluso a la hora de transmitir pagos.

Mediante esta licencia especial (que se otorga a medida, en función de las necesidades de cada empresa en particular), las startups pueden transmitir o almacenar dinero sobre tecnología blockchain sin ninguna restricción adicional, operando de manera similar a la de cualquier banco sometido al control de un Banco Central.

España

En nuestro país, más allá de las buenas palabras y la creación de distintos grupos de trabajo para explorar y monitorizar las posibilidades del blockchain, no existe ninguna propuesta o medida concreta que haya surgido de la Administración Pública. 

La única excepción, el único caso de un ente público español que haya abordado blockchain como un pilar estratégico, lo encontramos en Aragón. El gobierno de esta región ultima el lanzamiento de una nueva plataforma de licitación electrónica basada en la cadena de bloques con la que gestionar, a partir de ahora, la contratación de servicios u obra pública de manera segura y transparente. La iniciativa pasa tanto por gestionar la identidad de los contratistas como de los contratos inteligentes con los que formalizar la propuesta en cuestión, todo ello con Ethereum como telón de fondo.

Ucrania

El caso aragonés recuerda al gran estandarte de la Unión Europea en estas lides: Ucrania. Este país, carente de mecanismos transparentes y fiables para llevar a cabo sus contrataciones públicas sin que hubiera sospechas de corrupción, decidió instalar un sistema -ProZorro- destinado a supervisar estas licitaciones mediante blockchain, que garantiza la integridad y el anonimato de cada una de las ofertas hasta el momento en que se resuelve el contrato en liza. 

Estados Unidos

Saltando el charco nos adentramos en Estados Unidos, un país donde la regulación sobre blockchain depende enormemente del estado y de los casos de uso de los que estamos hablando. Allí es cierto que el blockchain fue inicialmente puesto en cuarentena debido a la contaminación semántica con las criptomonedas (a las que los reguladores norteamericanos se han opuesto duramente, por considerarlas un método para favorecer el fraude y el blanqueo de capitales), pero poco a poco la empresa privada ha ido enarbolando importantes proyectos de cadena de bloques que han roto la baraja en favor de esta tecnología (IBM y Walmart, por ejemplo, en la trazabilidad alimentaria).

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. REUTERS/Kevin Lamarque

Por lo pronto, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de Estados Unidos abrió un período de comentarios públicos sobre blockchain a finales de 2018 con el fin de entender mejor el funcionamiento de Ethereum y sus distintos casos de uso. Al mismo tiempo, algunas agencias como Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Ciudadanía e Inmigración y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ya están inmersas en proyectos de atracción de startups que ofrezcan soluciones de blockchain aplicadas a sus respectivos campos de actividad.

Australia

Nos vamos a las antípodas del globo para descubrir que en Australia están especialmente temerosos de las implicaciones que tiene usar blockchain en el sector público. En concreto, la Agencia de Transformación Digital (DTA) de ese país ha emitido un informe en el que se ponían de manifiesto numerosas brechas en las facetas técnicas y comerciales de la tecnología cuando se aplica a proyectos piloto o se compara con tecnologías alternativas.

En concreto, el ente hablaba de las redes blockchain permisionadas, en las que los usuarios principales a menudo controlan la cadena de bloques en su totalidad y eliminando, de manera efectiva, los beneficios que se le presuponen a la descentralización de este control. También apelaba a la falta de cifrado de manera predeterminada. 

Leer más: El gobierno australiano detecta fallos técnicos y de diseño en la implementación de blockchain

¿La conclusión de la Administración australiana? Evitar el uso de blockchain y apostar por "alternativas probadas que ya están disponibles para su uso inmediato", sin pasar por proyectos pilotos y un sinfín de pruebas de concepto.

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