Los grandes propietarios prevén hasta 40.000 desahucios tras el fin del estado de alarma

Se espera que el 9 de mayo finalice el estado de alarma vigente y con este las medidas de protección hacia los inquilinos vulnerables. 

Llegada la fecha, los grandes propietarios de España prevén que se inicien los trámites para efectuar entre 30.000 y 40.000 desahucios por impago del alquiler, una cifra conformada tanto por los casos que se han ido arrastrando durante los últimos meses como por las proyecciones de morosidad que manejan los expertos de aquí a 40 días, según publica CincoDías.

Los grandes caseras calculan que a día de hoy hay entre 350.000 y 400.000 familias en situación de vulnerabilidad, cifra que podría aumentar en las próximas semanas. 

Por otro lado, esperan que para el fin del estado de alarma haya una tasa media de morosidad del 10%, aunque algunas patronales apuntan al 12% o incluso el 15% (en mayo de 2020 se alcanzó el 12,2%). Como señala el mismo medio, esto se debería a la lenta recuperación, a los retrasos en la campaña de vacunación, a las restricciones a la movilidad y a la incertidumbre de los ERTE.

Por ello, habría hasta 60.000 hogares que no podrían hacer frente al pago del alquiler y más de la mitad acabarían en desahucio, según los cálculos de las empresas consultadas por CincoDías. 

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre 2017 y 2019 hubo 35.000 desahucios por año, un número que bajó en picado hasta los 20.000 durante 2020.

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Hasta el 9 de mayo, todos estos inquilinos vulnerables seguirán protegidos por el Gobierno, que ha ido prorrogando medidas como las moratorias hipotecarias y del alquiler, una línea del ICO para el abono de la renta, la prórroga automática de los contratos y la paralización de los desahucios de las familias más frágiles.

Pese a ello, fuentes del sector aseguran que las negociaciones entre caseros e inquilinos pueden ser de más ayuda que las medidas del Gobierno.

Lo que suceda con los desahucios a partir del fin del estado de alarma también dependerá de la futura ley estatal de vivienda, que sigue creando diferencias entre PSOE y Unidas Podemos. Según el calendario inicial, la norma tendría que haber llegado al Consejo de Ministros en el mes de febrero y parece que seguirá con retrasos.