La guerra política prorroga la interinidad de la Agencia de Protección de Datos un año más a la espera de una nueva respuesta del Supremo

El culebrón por la designación de la nueva presidencia y adjuntía de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) continuará varios meses más. En mayo, el Tribunal Supremo anuló un acuerdo del Consejo de Ministros con el que se elevaba una terna de candidatos para ocupar esos puestos y en la sentencia detallaba que anulaba también sus "consecuencias inherentes".

A principios de este mes, El Confidencial publicó que la Abogacía del Estado preguntaría al Alto Tribunal si esas "consecuencias inherentes" supondrían "anular todos los trámites efectuados del procedimiento selectivo". La respuesta del Supremo, que llegará tan pronto como después de este verano, podría obligar a reiniciar desde cero todo este proceso.

Por ese mismo motivo, ni el entorno de quienes impugnaron ante el Supremo el acuerdo del Consejo de Ministro ni fuentes cercanas al procedimiento consultadas por Business Insider España entienden el rol de la Abogacía del Estado. La sentencia dejó la puerta abierta a continuar el procedimiento por donde se dejó, en el acuerdo del Consejo de Ministros invalidado.

Las mismas fuentes señalan a este medio que la Abogacía y, por extensión, el propio Gobierno, podrían estar interesados en dilatar el proceso: si el Consejo de Ministros propone un candidato en firme para la presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), se expone a que este acuerdo vuelva a ser impugnado una vez más.

El origen de la polémica

Para poder entender todos los matices, una retrospectiva rápida: el Gobierno anunció en octubre del año pasado un acuerdo con el principal partido de la oposición, el PP, para desbloquear el nombramiento de algunos cargos constitucionales, entre ellos el de los responsables de la AEPD.

Precisamente, la AEPD cuenta desde el año pasado con unos nuevos estatutos que han cambiado el procedimiento con el que se encabeza este organismo. Dicho procedimiento exige que una mayoría de tres quintos en una comisión del Congreso respalde al candidato que haya aprobado el Consejo de Ministros, previo informe de un comité seleccionador.

En este comité seleccionador están integrados desde magistrados del Supremo a secretarios y subsecretarios de Estado, expertos autonómicos o profesores de Derecho Constitucional. Ese comité revisó las candidaturas y currículos de los aspirantes al puesto de presidencia y adjuntía de la AEPD.

La salvedad llega cuando el Consejo de Ministros, en lugar de ofrecer un candidato a la Cámara, elevó una terna con tres nombres para cada puesto. El procedimiento, hasta entonces, estaba siendo muy similar al que emplea otra agencia de protección de datos, la encargada de velar por el cumplimiento de RGPD en Bruselas: el Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS, por sus siglas en inglés).

El Supremo ha declarado nulo un acuerdo, no todo el proceso: qué puede hacer el Gobierno para renovar la Agencia de Protección de Datos tras 3 años de interinidad

El Gobierno planteó dos ternas con 3 personas cada una en lugar de elegir directamente al candidato de cada puesto ante la posibilidad de que algunos partidos pudiesen impugnar el procedimiento, ya que en España y en Bruselas, parlamentarios de Ciudadanos habían denunciado que un nombre, el de Belén Cardona, nacía de un un "dedazo", en palabras del diputado Edmundo Bal.

Fuentes cercanas al proceso desmienten que se trate de un "dedazo": se trata de un acuerdo parlamentario que exige una mayoría cualificada y que es exactamente similar al procedimiento que rige la designación del responsable del Supervisor Europeo de Protección de Datos, cuyo número dos es, precisamente, uno de los candidatos que también denuncian ese "dedazo".

Su nombre es Leonardo Cervera y a principios de este año reconocía que, a pesar del desconcierto que generó la rueda de prensa entre PSOE y PP avanzando el acuerdo, "lo verdaderamente importante" es que se había convocado "el proceso de selección abierto a todo el mundo". 

"Tengo plena confianza en que el Ministerio de Justicia y el comité de selección harán su trabajo con escrupuloso respeto a la ley", incidió entonces, para recalcar que "no se comprendería" que el resultado de dicho proceso "fuera exactamente el mismo que el acuerdo político suscrito antes de convocarse el concurso".

El papel de la Abogacía del Estado desconcierta

El acuerdo del Consejo de Ministros que hizo la terna de candidatos fue impugnado por dos de los candidatos a presidir la AEPD. El Tribunal Supremo falló en mayo su nulidad después de que la Abogacía del Estado se allanara precisamente para evitar que el procedimiento se dilatase durante más de un año a la espera de una sentencia.

Pero las preguntas de la Abogacía del Estado al Supremo ahora desconciertan tanto a quienes impugnaron como a quienes no lo hicieron. De hecho, fuentes jurídicas cercanas al procedimiento consultadas por El Confidencial advertían hace unas semanas de que la respuesta del Supremo será "para qué pregunta cuál es el sentido de la sentencia si ya sabe la respuesta".

"¿A qué viene este interés ahora por repetir un proceso en el que ya hay dos ternas enviadas al Congreso de los Diputados? El interés no es nombrar a los mejores ni acabar con la interinidad en la AEPD; el interés parece ser otro", deslizaban las mismas fuentes al periódico digital.

Ahora, el Gobierno tiene varias opciones sobre la mesa. El origen del conflicto está en los nombres de Belén Cardona para la presidencia y Borja Adsuara para adjuntía; Cardona a propuesta del PSOE y Adsuara a propuesta del PP. A ojos de otros candidatos, esos nombres son fruto de ese "dedazo" que denuncia Ciudadanos desde hace meses.

El Supervisor Europeo de Protección de Datos fue electo con un proceso similar al que ahora desata una guerra política en España y que podría prolongarse meses

Por esa razón, con el acuerdo del Congreso creando una terna anulado, el Ejecutivo tendría que ajustarse a los estatutos de la AEPD y designar un único candidato. Si designa a Cardona, el procedimiento presumiblementevolvería a ser impugnado, aunque tuviese que someterse su candidatura a una votación en el Congreso.

Así, el Gobierno también puede retomar el procedimiento después de verano, una vez el Supremo se haya pronunciado, y postular uno a uno los nombres de los candidatos, en sucesivos acuerdos del Consejo de Ministros a raíz del informe previo del comité de selección. 

La terna original no propuso los nombres de 3 candidatos a la presidencia a la AEPD en ningún tipo de orden. De ir un candidato designado por el Consejo de Ministros, su candidatura se tendrá que someter a votación en el Congreso. De no prosperar, el Consejo de Ministros tendrá que proponer una alternativa.

Qué pasa si el Supremo dice que hay que empezar de cero

En esos escenarios, el Congreso podría tumbar todas las candidaturas: el acuerdo anunciado entre PSOE y PP el año pasado se produjo cuando Pablo Casado todavía presidía el principal partido de la oposición. Se espera que Alberto Núñez Feijóo sea continuista en acuerdos alcanzados. Pero ese no es el único desafío.

También puede suceder que el peor de los escenarios se dé y el Supremo corrobore que, con "consecuencias inherentes", finalmente el procedimiento tenga que empezar de cero. En su sentencia, el Supremo consideró que el proceso nacía viciado de origen, a raíz de la rueda de prensa que, aunque no forma parte del procedimiento, acabó manchándolo.

De pronunciarse el Supremo considerando que también es inválido el informe del comité de selección previo a la terna del Consejo de Ministros, se abre la puerta a que los candidatos que hasta ahora no lo habían hecho impugnen el procedimiento, o que finalmente el Gobierno dé carpetazo al asunto y lo comience de cero.

Si esto último es lo que sucede, lo más plausible es que la AEPD siga en interinidad hasta bien entrado 2023, un año especialmente complicado: año electoral, en el que lo previsible es que los socios de Gobierno marquen distancias para prepararse de cara a los comicios, y en el que la posibilidad de unas elecciones anticipadas no se puede descartar.

Mar España cumplirá a finales de este mismo mes 3 años en situación de interinidad. La actual directora de la agencia, que será sustituida por el futuro presidente o presidenta, ha logrado que la AEPD, cuyos recursos estuvieron congelados durante varios años, esté imponiendo las sanciones más altas de la historia, además de ser el organismo europeo de su tipo que más sanciones propone.