Hacienda urge a Andalucía a no bajar impuestos por incumplir objetivos presupuestarios: qué significa y qué consecuencias tiene la "intervención" estatal

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso.
  • Hacienda urge a Andalucía a no bajar impuestos en 2020 por haber incumplido en 2018 los objetivos de déficit, deuda y gasto que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
  • El ministerio señala que, al haber incumplido sus metas para 2018, la comunidad no podrá acudir a los mercados a captar financiación en 2020 y dependerá del Fondo de Liquidez Autonómica.
  • La Junta andaluza califica de "intervención" la comunicación del ministerio y descarta revertir las rebajas fiscales o aplicar recortes en educación, sanidad o dependencia.
  • El PP el que aprobó en 2012 la Ley de Estabilidad Presupuestaria que ahora un Gobierno central del PSOE aplica a una comunidad actualmente gobernada por los populares pero que incumplió sus metas de estabilidad bajo el anterior Ejecutivo autonómico socialista.
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La XIV Legislatura comenzó hace menos de 2 semanas, pero el Gobierno en funciones ya tiene abiertos algunos frentes que van más allá de las negociaciones para conseguir los apoyos necesarios para conseguir su investidura. Al igual que antes de las elecciones, las relaciones entre el Ejecutivo central y los de las comunidades podrían estar marcadas de nuevo por la financiación autonómica.

En la anterior legislatura, Cataluña, Comunitat Valenciana o Andalucía reclamaron un nuevo modelo de financiación y el Gobierno en funciones anunció que buscaría acuerdos con otros partidos para reformarlo. Ahora, la Ley de Estabilidad Presupuestaria da una nueva vuelta de tuerca a los desencuentros entre la administración central y las de las comunidades respecto al margen del que dispondrán en sus cuentas para 2020.

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Así, este lunes Europa Press ha publicado una carta, en la que el secretario general de Financiación Autonómica y Local del ministerio de Hacienda, Diego Martínez, anuncia al secretario general de Hacienda de la Junta de Andalucía, Ignacio José Méndez, de que la comunidad no podrá financiarse en los mercados en 2020 por haber incumplido en 2018 sus objetivos de estabilidad, deuda pública y regla de gasto.

La carta reclama al Gobierno andaluz, que preside Juan Manuel Moreno Bonilla tras un acuerdo entre PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, que presente un "plan de ajuste que incluya medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública y que sea consistente con su plan económico-financiero", según recoge Europa Press y ha publicado Moreno Bonilla en su cuenta de Twitter.

La misiva añade que Andalucía "no reúne los requisitos previstos en el artículo 15.1 del Real Decreto-ley 17/2014 para adherirse al compartimento Facilidad Financiera en 2020". Esto implica que no podrá acudir a los mercados a financiarse y deberá ceñirse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), para lo que la comunidad "deberá remitir un nuevo anexo" en el que recoja sus necesidades de financiación para 2020.

La carta de Hacienda está fechada el pasado 5 de diciembre, coincidiendo con la publicación de un informe de la Airef en el que recomienda a Andalucía, la Comunidad de Madrid y Aragón que frenen las medidas de rebaja fiscal, que prevé que supongan "una pérdida de recaudación cercana a 190 millones de euros". Además, el pasado día 12, el Parlamento andaluz aprobaba los presupuestos de la comunidad para 2020.

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Precisamente, el Gobierno andaluz no ha tardado en reaccionar a la misiva de Hacienda calificándola de "intervención" de sus cuentas, en declaraciones a Canal Sur del consejero andaluz de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, recogidas por Europa Press. Bravo ha rechazado de plano que la Junta vaya a aplicar recortes en educación, sanidad o dependencia o vaya a "revertir" las rebajas fiscales previstas para 2020.

Mientras, el ministerio de Hacienda ha enviado un comunicado durante la tarde del lunes negando tajantemente que haya intervenido la Junta de Andalucía y recalcando que "todas las comunidades adheridas a los mecanismos extraordinarios de liquidez tienen los mismos derechos y obligaciones". Además, aclara que "en ningún caso se le piden recortes" al Gobierno andaluz, "sino que oriente su política presupuestaria al cumplimiento de los objetivos de estabilidad".

Hacienda señala que fue la Junta la que "pidió acogerse a los mecanismos extraordinarios de liquidez" que, en su normativa, definen que se recibirán fondos según "el grado de cumplimiento de las reglas fiscales". Por último, recalca que "decir que una comunidad está intervenida por financiarse exclusivamente a través del FLA o de Facilidad Financiera es faltar a la verdad", explicando que la mayoría de autonomías estaban en esta situación entre 2012 y 2018.

Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado la carta de Hacienda tras reunirse con el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Para Casado, se trata de "otra gran contradicción del Gobierno de Sánchez, la consejera Montero se ve enmendada por la ministra Montero, parece una broma de Gila pero no lo es".

A lo que Casado se refiere es que los incumplimientos de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y gasto público a los que hace mención Hacienda corresponden con la etapa del PSOE al frente del Gobierno andaluz y, en gran parte, al periodo en el que la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ejercía como consejera andaluza de Hacienda, cargo que ostentó entre 2012 y junio de 2018.

Por ello, Casado ha defendido que "los incumplimientos que Susana Díaz o la consejera Montero tuvieron al frente de la Junta de Andalucía no tiene por qué pagarlos el Gobierno del PP que trabaja para paliar esos incumplimientos y ya crea empleo y atrae inversión internacional". Además, ha reclamado que "sería el mínimo de coherencia" que se apliquen esos criterios a comunidades gobernadas por el PSOE, como la Comunitat Valenciana.

Precisamente, Juan Manuel Moreno y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, iniciaron la legislatura autonómica anunciando bajadas de impuestosprometiendo ser "islas fiscales" ante posibles subidas a nivel estatal, un discurso al que también se sumó el presidente de Aragón, Javier Lambán, desde las filas del PSOE.

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Hay que señalar que fue precisamente el PP el partido que aprobó en 2012 la Ley de Estabilidad Presupuestaria, como le ha recordado en Twitter a Moreno Bonilla el exconcejal de Hacienda del ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato. Así, un Gobierno central del PSOE aplica una ley aprobada por el PP a una comunidad que ahora gobiernan los populares pero que incumplió sus metas bajo el anterior Ejecutivo autonómico socialista.

Sin embargo, no es la primera vez que las exigencias de rigor presupuestario generan un desencuentro entre administraciones. Precisamente, Carlos Sánchez Mato fue destituido en diciembre de 2017 por la alcaldesa Manuela Carmena después de que el concejal criticase la intervención de las cuentas locales por parte de Hacienda, que obligaba a rebajar en 500 millones de euros los presupuestos municipales.

El entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, justificó las restricciones presupuestarias a Madrid porque, a pesar de que el consistorio había conseguido reducir la deuda municipal, el ayuntamiento llevaba 2 años incumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El Gobierno municipal aseguró que se trataba de un "trato injusto" a un ayuntamiento del cambio, dado que otros ayuntamientos que incumplieron sus metas no fueron intervenidos.

Con información de Alberto R. Aguiar

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