Hacienda vigilará con lupa la eficiencia en los contratos públicos

El ministerio de Hacienda y Función Pública vigilará con lupa al sector público, según una Orden publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que regula el funcionamiento de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) de Contratos del Sector Público.

La nueva oficina funcionará como un órgano colegiado, integrado en la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), cuya finalidad es, entre otros asuntos, el análisis de la sostenibilidad financiera de los contratos, según ha publicado La Información. 

Lo hace porque se trata de un ámbito de la contratación pública importante y complejo en el que la actividad puede intensificarse con el impulso previsto en los planes de colaboración público-privada, tras la aprobación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.

La medida forma parte de los compromisos de la Componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cumple con lo requerido por la Ley 8/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

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Además de regular su funcionamiento, la Orden fija el procedimiento que se deberá seguir para solicitar y emitir los informes, con el detalle de la documentación requerida para realizar la evaluación. Establece así mismo que entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La actividad de la ONE se materializará en un informe que se emitirá con carácter previo a la licitación de los contratos de concesión y a la adopción de los acuerdos de restablecimiento del equilibrio económico de estos contratos.

Como apunta COPE, dichos informes evaluarán si la rentabilidad del proyecto, obtenida en función del valor de la inversión, las ayudas otorgadas, los flujos de caja esperados y la tasa de descuento establecida, es razonable en atención al riesgo de demanda que asuma el concesionario.

Para ello, según informa el mismo medio, se tendrá en cuenta "la mitigación que las ayudas otorgadas puedan suponer sobre otros riesgos distintos del de demanda, que habitualmente deban ser soportados por los operadores económicos".

Está previsto que la nueva oficina cuente con representantes de la Administración General del Estado, de las Corporaciones Locales, del sector privado y de las Comunidades Autónomas que quisieran adherirse.