Por qué hay comunidades autónomas que tienen elecciones en fechas distintas

Este lunes el lehendakari, Íñigo Urkullu, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciaron elecciones adelantadas en Euskadi y Galicia para el 5 de abril.

Apenas unos días antes hacía lo propio el president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra; y el año pasado su homólogo valenciano, Ximo Puig, haciendo coincidir los comicios autonómicos con los generales del pasado 28 de abril. El resto de comunidades, sin embargo, se adscribieron al mandato electoral del 26 de mayo.

La pregunta que surge es: ¿por qué hay comunidades autónomas que tienen elecciones en fechas distintas?. 

Para responder a este desfase temporal entre regiones presuntamente análogas hay que entender que no todos los gobiernos tienen las mismas competencias. Todo esto se remonta a los primeros años de la democracia y, claro está, a la aprobación de la Constitución Española en 1978 y la negociación de los estatutos de autonomía. 

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Estos textos son la base legislativa de cada comunidad, una especie de Constitución a pequeña escala, y una guía que determina lo que pueden o no pueden hacer los gobiernos. Euskadi refrendó el suyo en 1979, al igual que Cataluña; les siguió Galicia en 1980 y completó el grupo Andalucía en 1981. Entre los paquetes de medidas figuraban, además de los servicios y las lenguas oficiales, la competencia de los presidentes autonómicos paradisolver el Parlamento y anunciar adelantos electorales.

Con esto entre manos llegaron las primeras elecciones autonómicas para estos territorios: las vascas y las catalanas en 1980, las gallegas en 1981 y las andaluzas en 1982.

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Los distintos Estatutos de Autonomía

Estas comunidades se adelantaron a las demás porque se estableció una "vía rápida" —disposición transitoria segunda, en jerga de la Constitución— para que tres de ellas (Euskadi, Galicia y Cataluña) consiguieran la autonomía, que ya tenían en la II República. El caso de Andalucía es distinto, ya que al no tener un estatuto anterior tuvo que ganárselo vía referéndum el 28 de febrero de 1981, un año antes de celebrar elecciones. Las otras 13 comunidades tuvieron que esperar a 1983.

Esto no quiere decir que el resto de comunidades no sean "autónomas" a día de hoy. De algún u otro modo, varias de ellas terminaron por completar el Estatuto por la "vía lenta" —artículo 143 y 144, en casos particulares—, lo cual les dotó de la llamada "autonomía reducida". Con el tiempo todas han ido adquiriendo más y más competencias, entre ellas la de convocar elecciones, pero no han abusado de este poder.

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Las veces que sí se ha cambiado la fecha electoral

Las comunidades herederas de esta "vía lenta" sólo han utilizado su facultad de cambiar las elecciones en tres ocasiones.

El caso más reciente ha sido el de la Comunitat Valenciana, que se ganó su estatuto en el año 2006, pero no fue hasta 2019 que el president Ximo Puig decidió adelantar un mes la fecha de las elecciones para hacerlas coincidir con las generales (28 de abril) y no con el resto de comunidades autónomas (26 de mayo). Hasta entonces, Valencia estaba en el mismo club que Cantabria, Asturias, La Rioja, Murcia, Canarias, Navarra, Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla-León, Islas Baleares, Extremadura y Comunidad de Madrid.

Pero quien abrió la veda para el adelanto electoral fue el exvicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez-Cascos, presidente del Principado de Asturias de 2011 a 2012. El histórico líder del PP y Foro Asturias decidió convocar elecciones en 2012, sólo seis meses después de acceder al poder, por no lograr la aprobación de los presupuestos regionales. Perdió los comicios y su sucesor, Javier Fernández (PSOE), decidió que volvieran a coincidir con los demás a partir de 2015.

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Sólo hay un caso anterior al de Álvarez-Cascos, y es de la Comunidad de Madrid en 2003, aunque con sus propias peculiaridades. Esperanza Aguirre (PP) había ganado las elecciones, pero Rafael Simancas (PSOE) podía gobernar con el apoyo de Izquierda Unida. No lo hizo debido al conocido tamayazo, el transfuguismo de dos diputados socialistas —María Teresa Sáez y Eduardo Tamayo— para bloquear la investidura.

Ante la imposibilidad de formar Gobierno, Aguirre, a petición propia, disolvió la Asamblea de Madrid y forzó una repetición electoral a los dos meses que la afianzó a los mandos de la Comunidad. Para la convocatoria siguiente (2007) las elecciones volvieron a coincidir con las otras 13 comunidades autónomas de 1983.