Huawei va a demandar a Estados Unidos por el veto de Trump a sus equipos, según The New York Times

Sede de Huawei
  • Huawei está ultimando una demanda contra el Gobierno de los Estados Unidos, según adelanta The New York Times.
  • El gigante asiático va a denunciar el veto impuesto por el gobierno a los productos de la compañía.
  • Según informa el diario estadounidense la demanda se presentará a finales de esta semana.
  • La posible demanda de Huawei coincide en el tiempo con el proceso de extradición de la directora financiera e hija del fundador de la compañía, Meng Wanzhou.

Huawei va a presentar a finales de esta semana una demanda contra el Gobierno de los Estados Unidos por el veto impuesto en varias agencias gubernamentales a los equipos y productos de la compañía, según adelanta The New York Times.

La demanda se presentará en Texas, donde la compañía asiática tiene su cuartel general en Estados Unidos según dos personas familiarizadas con este proceso que han hablado con el diario estadounidense bajo condición de anonimato.

El movimiento supone un nuevo capítulo en la guerra de Donald Trump contra Huawei con la carrera del 5G como telón de fondo. The New York Times especula con que la demanda de Huawei podría forzar al gobierno de los Estados Unidos a argumentar en público sus sospechas sobre los equipos de la compañía china.

La Administración Trump trata a Huawei como una amenaza de seguridad e, incluso, ha pedido a sus aliados que renuncien a utilizar los equipos de Huawei en el desarrollo de las redes 5G ante la posibilidad de que la empresa pueda facilitar información de manera o indirecta al Gobierno chino. Unas sospechas que, hasta ahora, no se sustentan con ninguna prueba de que pueda existir caso de espionaje alguno.

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Washington lleva años diciendo que el equipamiento de Huawei podría ser utilizado por Pekín para espiar a través de las redes de telecomunicaciones, pero Huawei ha negado siempre las acusaciones y en las últimas semanas ha elevado el tono ante la ofensiva estadounidense. 

"Huawei no ha instalado y nunca instalará puertas traseras", sentenció en el pasado Mobile World Congress de Barcelona Guo Ping, presidente rotativo de Huawei. Minutos después, el mayor cargo de ciberseguridad del Gobierno de los Estados Unidos, Robert Strayer, respondía tachando a Huawei de "engañosa y deshonesta".

Varios procesos judiciales abiertos

Las malas relaciones entre Estados Unidos y Huawei se han enquistado a lo largo de los últimos meses, convirtiendo lo que hasta hace poco era un asunto empresarial en un conflicto geopolítico.

A finales del mes de enero Estados Unidos acusó oficialmente a Huawei, a su directora financiera y a dos de sus filiales de 23 cargos entre los que destacan los de fraude bancario, obstrucción de la justicia, conspiración, violación del régimen de sanciones a Irán y el robo de secretos comerciales.

Esta posible demanda de Huawei contra Estados Unidos se produce cuando está a punto de comenzar el proceso de extradición que determinará si Meng Wanzhou, directora financiera e hija del fundador de Huawei, será extraditada o no a Estados Unidos, donde se enfrentaría a 13 cargos de fraude y conspiración por saltarse las sanciones impuestas por este país a Irán.

Wanzhou demandó el viernes al Gobierno y la policía de Canadá al considerar que las circunstancias de su arresto y detención en noviembre violaron sus derechos fundamentales.

Según explica The New York Times la demanda de Huawei contra Estados Unidos se centrará en el veto al uso de su equipamiento en agencias gubernamentales, una legislación aprobada el año pasado que afecta no solo a Huawei sino a otras empresas chinas como ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology o Dahua Technology.

Esa prohibición se justifica, según argumentó Washington, en la seguridad pública, la seguridad de las instalaciones gubernamentales, la vigilancia de las infraestructuras físicas y otros asuntos de seguridad nacional.

El diario estadounidense explica que los abogados de la empresa asiática argumentarán que esa disposición legislativa no es legal ya que está diseñada para "castigar" a un grupo sin que se haya llevado a cabo ningún juicio.

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