Declaran improcedentes los despidos de siete secretarias que insultan a su jefe por WhatsApp

Enfadada, mujer grita al móvil

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  • Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares confirma la improcedencia del despido a siete trabajadoras que profirieron "ofensas verbales" en un grupo de WhatsApp contra el empresario.
  • El tribunal destaca que se trata de "una conversación privada y 'cerrada', con expectativa de intimidad". Además, apunta que se ha lesionado el derecho a la protección de datos personales de las empleadas.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Baleares ha declarado la improcedencia de los despidos de siete trabajadoras que habían realizado una reivindicación laboral en público y que, en una conversación privada por WhatsApp, habían expresado "ofensas verbales" contra su jefe.

La sentencia —compartida por la abogada Caty Pou en X (antes Twitter)— es de abril de 2024, pero los hechos se remontan a finales de 2021. 

El 3 de diciembre de ese año, una trabajadora crea un grupo de WhatsApp con otras 16 empleadas, entre las que se incluyen las siete demandantes. Todas ellas son secretarias (puesto de auxiliares administrativas) de la empresa Agrupación Express, que se rige bajo el convenio colectivo nacional de autoescuelas.

El 16 de diciembre, todas las secretarias de la compañía excepto cuatro firman y emiten un comunicado en el que manifiestan que no van a trabajar el 24 ni 31 de diciembre, ya que no son laborables según el convenio.

Al día siguiente, el empresario comunica que, si mantienen esa decisión, el próximo año impondrá las vacaciones para todas en la segunda quincena de diciembre y hace referencia a varios "privilegios" que tienen "y que no están en el convenio", como salir a fumar o a por un café, usar el móvil o entrar en redes sociales por temas personales.

"Espero que, en las próximas horas y ya teniendo toda la información, os unáis a vuestras 4 compañeras y no secundéis algo que nos ata las manos a todos. (...) Para mí es importante que el trabajador esté contento en su puesto de trabajo, y siempre he trabajado para que sea así. Siempre que se lo merezca", concluye.

A lo largo de varios días, como recoge la sentencia, las trabajadoras expresan numerosas "ofensas verbales" en el grupo de WhatsApp hacia el empresario, así como algunas sobre su novia, la empresa y otras personas.

Entre las expresiones imputadas se encuentran "flipado", "rata cochina", "perro judío", "hijo de la gran", "ridículo", "ruin", "subnormal", "patético", "se mete tanta droga que se olvida de las cosas", "ladrones", "supera el límite de la tontez", "retorcido", "sobrado", "este hombre no está bien", "retrasado", "cerdo", "amargado", "estúpido", "prepotente", "rata asquerosa", "estúpido", "maltratador psicológico", "cabrón", "mafioso"... 

El contenido del grupo llega a conocimiento del empresario, a través de una de ellas, lo que desemboca en un despido por causas disciplinarias a siete de las trabajadoras, con una carta que alude a las expresiones ofensivas.

Tras no llegar a un acuerdo de conciliación, en la sentencia de instancia se declaran improcedentes los despidos y se condena a la empresa a readmitirlas en las mismas condiciones o pagarles indemnizaciones (desde unos 1.200 hasta 6.900 euros, según cada trabajadora, aunque se acaba rebajando la máxima).

"Los hechos imputados en las cartas de despido a las trabajadoras no revisten la gravedad necesaria como para justificar el despido disciplinario", fundamenta.

"El despido de todas las trabajadoras debe calificarse como improcedente, atendiendo no solo el contexto general en el que se profirieron las expresiones recogidas en las cartas de despido (el ambiente de tensión entre las partes), sino también el contexto específico (la conversación en un grupo de WSP y la ausencia del empresario en la misma), lo cual resta trascendencia y gravedad a las expresiones insultantes proferidas por las trabajadoras", añade.

Posteriormente, tanto las trabajadoras —que defienden la nulidad del despido— como la empresa —que postula la procedencia del mismo— interponen recurso de suplicación.

Es entonces cuando el TSJ Baleares confirma y argumenta la improcedencia de los despidos: "En puridad, no pueden considerarse ni insultos ni ofensas por cuanto no se dirigieron al empresario ni debieron ser conocidas por el mismo. El insulto u ofensa grave dirigida por el trabajador/a al empresario/a justifica, como regla general, el despido disciplinario. El referirse al empresario/a, en los mismos términos, en una conversación privada y 'cerrada', con expectativa de intimidad, entre compañeras de trabajo que están en conflicto con el empresario, no".

Si bien el empresario conoció el contenido de las conversaciones de WhatsApp por medio de una de las trabajadoras incluidas en el grupo de chat, quien le facilitó voluntariamente capturas de pantalla, según informa Confilegal, el tribunal sostiene que este hecho no la legitimaba para compartirle el contenido ni afecta a la decisión de improcedencia del despido.

"El chat de WhatsApp no se creó ni se utilizó para esta finalidad, sino para coordinarse las trabajadoras implicadas en una legítima reivindicación frente al empresario. Era, pues, un canal de comunicación 'cerrado', con expectativa de secreto o, cuanto menos, de intimidad, en el que podían expresarse libremente, por lo que las expresiones que profirieron a través del mismo en sus conversaciones, en ningún caso destinadas a que las conociera el empresario ni su pareja, en un contexto de conflicto abierto frente al mismo y de solidaria indignación entre las participantes (ante la reacción empresarial de intentar identificar la trabajadora promotora de la reivindicación), en ningún caso pueden justificar la procedencia del despido, por groseras, injustas, insultantes o incluso discriminatorias que puedan ser, ya que nunca debieron ser conocidas por el empresario", considera.

Además, el TSJ apunta que, con esta transmisión de información, se ha lesionado el derecho a la protección de datos personales.

Así, el TSJ desestima el recurso de suplicación de las siete trabajadoras —no lo considera despido nulo, al no compartir el "manifiesto carácter represivo del despido" que argumentan ellas— y rebaja la indemnización de una de ellas por modificación de la fecha de antigüedad, pero confirma la declaración de improcedencia de todos los despidos impugnados.

Contra esta sentencia, que incluye la imposición de costas a favor del abogado de las demandantes, por 600 euros más IVA, cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo.

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