El nuevo impuesto a la banca frente a los resultados de los grandes bancos: cuánto pagarán Bankinter, BBVA, CaixaBank, Santander, Sabadell y Unicaja

La gran banca española ha cumplido (y batido) las expectativas. El beneficio atribuido en conjunto asciende a los 20.850 millones de euros, un 28% más que en 2021 —cuando ya había obtenido el mejor beneficio desde la última crisis—.

Todas ellas han crecido a doble dígito. Bankinter lo ha hecho en un 28%, BBVA, un 38%, CaixaBank, 29,7% sin tener en cuenta el impacto de la fusión con Bankia, Sabadell cerca de un 62%, Santander, un 18% y Unicaja casi dobla su resultado con un incremento del 89% respecto al ejercicio anterior. 

Pero aún queda una cuenta pendiente: el impuesto temporal extraordinario por los beneficios que ha motivado la subida de los tipos de interés.

El tipo impositivo tiene un gravamen del 4,8% en 2022 y 2023, sobre los intereses y las comisiones netas de las entidades bancarias que en 2019 obtuvieron más de 800 millones con la suma de ambas partidas. El primer tramo se abonará entre el 1 y el 20 de febrero de 2023.

Con el impuesto, el Gobierno pretende recaudar más de 3.000 millones de euros. De momento, a expensas de ajustes en los resultados de 2022 y mayores beneficios en el ejercicio corriente, llevará recaudados más de 1.190 millones de euros sólo por lo que le corresponde pagar a la gran banca.

La proporción del impuesto es menor para los que más ganan: Santander y BBVA pagarían menos del 5% de su beneficio

El impuesto sólo afecta a la actividad bancaria realizada en el ejercicio en España, con lo que los bancos mejor posicionados a nivel global apenas van a ver el impacto cuantitativo sobre sus beneficios totales. 

Santander y BBVA verán reducido su resultado en menos del 5%. Mientras que Sabadell y Unicaja registrarán una diferencia de entre el 20% y el 35% de su resultado de 2022.

Sin embargo, tal y como puedes ver en el gráfico anterior, la diferencia no es tal entre la cuantía que tiene que abonar Sabadell (170 millones de euros) y la que saldarían los dos bancos más grandes de España (220 millones Santander y 225 millones BBVA). 

Ni siquiera supera el 15% sobre los beneficios del banco que peor parado sale en el ránking: CaixaBank, que tendrá que pagar más de 400 millones por el ejercicio de 2022.  

"Es un clamor general que tienes que arrimar el hombro", ha dicho hoy la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. 

"Paguemos más impuestos, pero que paguen todos"

Un estudio independiente del Grupo Santander, citado por su presidenta ejecutiva Ana Botín en la rueda de prensa de los resultados del grupo, calcula que la banca española contribuye en más del 50% sobre los beneficios y con este impuesto, el tipo del 4,8%, pasa del 60%. 

"Estamos absolutamente de acuerdo en que los Gobiernos tienen que recaudar. Así que paguemos impuestos, pero que paguen todos. Los bancos ya pagamos 5 puntos más que las demás empresas", criticaba Botín. 

Más allá de lo que ya suponen de por sí los impuestos sobre sus cuentas, aquejan los bancos, el hecho de que no sea un impuesto sobre los beneficios atribuidos y la baja rentabilidad de la banca en España ha dado motivos suficientes a las entidades para plantearse la reclamación del tipo.

Botín ha pedido que, de mantenerse, se aplique el impuesto sobre los beneficios, porque las consecuencias serán peores para la economía si el tipo se mantiene sobre los márgenes de intereses y las comisiones netas de la actividad bancaria en España. 

"La banca en España ha estado perdiendo dinero durante bastantes años. España es el único país que en 2022 no cubre todavía el costo de capital. Y las cifras grandes que se ven, el 85% es fuera del país", insiste. "Un impuesto específico tiene un impacto mucho más negativo, porque damos crédito y damos crédito en función del capital".

El presidente de BBVA, Carlos Torres, coincide con Ana Botín.

"Es contraproducente imponerle un impuesto a un sector tan esencial para la sociedad y la economía como el financiero, porque entorpece la actividad económica porque dificulta facilidades de crédito y eso tendrá consecuencias para la economía", concluyó en su rueda de prensa.

Ninguna de las dos entidades ha conseguido cubrir el coste de capital, que es el rendimiento mínimo que tiene que dar un negocio.

Pero Calviño no está de acuerdo. La ministra cree que "tienen margen suficiente como para pagar el gravamen sin repercutirlo a sus clientes". 

"Igual que el Estado ha movilizado 45.000 millones de euros para ayudar a las empresas y a las familias a capear de la mejor forma posible el impacto de la guerra, pues también las entidades financieras tienen que ayudar", ha defendido Calviño.

Aunque el tipo no se pueda trasladar a los clientes —a la población vulnerable a la que el Gobierno pretende proteger— lo cierto es que podría endurecer las condiciones de los créditos o reducir las otras ayudas sociales que las entidades se enorgullecen de brindar. 

La gran banca sigue estudiando el impuesto, pero algunos ya lo tienen claro: "Vamos a recurrirlo el día después de pagarlo"

"Nos parece un impuesto injusto y confiscatorio", ha denunciado públicamente la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa. "Vamos a recurrirlo el día después de pagarlo".

Si bien el resto de entidades no ha confirmado que reclamará ante el tribunal alegando "inconstitucionalidad" como habían adelantado otros medios, sí que han reconocido que están evaluando si corresponde impugnar el gravamen o no. 

"Una vez aprobado el impuesto y una vez se publique la orden ministerial haremos los pagos que correspondan y, a partir de ahí, veremos si hay que tomar una decisión adicional", dijo Torres, sumándose a la ola de pensamiento del Grupo Santander y CaixaBank. 

"Es casi seguro que esto terminará en los tribunales. Tenemos que hacer esto en interés de nuestros accionistas", dijo a Financial Times un alto ejecutivo de uno de los bancos más grandes del país. Los expertos legales creen que la batalla legal podría extenderse entre 2 y 5 años, y terminar en el Tribunal Constitucional de España o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.