Inspección de Trabajo ha detectado fraude en uno de cada 6 ERTE y ha impuesto multas por valor total de 26 millones de euros

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus, los ERTE han sido el principal mecanismo del Gobierno para proteger el empleo. De este modo, muchas empresas han podido sobrevivir a pesar de haber paralizado su actividad parcial o totalmente, y millones de trabajadores han recibido una prestación durante este período de tiempo.

Además, esta medida ha sido prorrogada hasta el 30 de septiembre de 2021, después de que Gobierno, sindicatos y patronal hayan llegado a un acuerdo, por lo que seguirá habiendo empresas y trabajadores en esta situación al menos hasta comienzos del otoño, si es que no se extiende hasta comienzos de 2022, como pide el sector de la hostelería.

Y aunque este mecanismo se ha mostrado eficaz para mantener el empleo, lo cierto es que algunas empresas han aplicado la normativa de forma ilícita, cayendo en irregularidades con las que se pretende obtener un beneficio mayor de esta ayuda pública.

Inspección de Trabajo ha detectado fraude en uno de cada 6 ERTE, lo que supone 5.459 infracciones en empresas. El total de las sanciones impuesto ha sido de 26 millones de euros, según los datos hasta el 1 de junio de  la actuación inspectora en el control de la legalidad de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que ha facilitado el Ministerio de Trabajo a eldiario.es.

Uno de los fraudes más comunes ha sido el de mantener la actividad de la empresa aunque oficialmente se encontrase en ERTE de suspensión. Otra infracción bastante habitual ha sido que los empleados hayan tenido que trabajar más horas que las reconocidas en los ERTE parciales de reducción de jornada.

Hay que destacar que el ratio de fraude es superior al detectado en 2019, cuando Inspección de Trabajo encontró 89.230 infracciones de las 1.060.484 actuaciones realizadas, es decir, un 8,4% del total. A junio de 2021 este ratio es del 16%, ya que se han hallado ilegalidades en 5.459 expedientes de los 33.553  investigados.

Además de la sanciones impuestas, el Ministerio de Trabajo ha exigido a las empresas infractoras las liquidaciones de las exoneraciones de las que se han beneficiado al estar en ERTE. Inspección de Trabajo reclama en este concepto casi un millón de euros.

A pesar de la recuperación económica y de que el paro continúa bajando a medida que avanza la campaña de vacunación, todavía quedan 330.000 personas en ERTE en España. Un tercio de estos profesionales se encuentra en un ERTE de reducción de jornada.