Vetar a las empresas que defraudan en lugar de multarlas: los inspectores de Hacienda proponen excluirlas del reparto de subvenciones para evitar el fraude fiscal

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Sergio Perez/Reuters

  • La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) pide excluir durante hasta 5 años del reparto de subvenciones públicas, ayudas fiscales y contratos con el Estado a empresas que cometan sistemáticamente fraude fiscal, según La Información.
  • Los inspectores proponen una serie de medidas al Ministerio de Hacienda alegando que el actual régimen ordinario de sanciones tributarias no consigue disuadir a las empresas que incumplen sus obligaciones tributarias. 
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Pese a que la nueva ley contra el fraude fiscal se aprobó definitivamente en el Congreso de los Diputados hace menos de 3 meses, los expertos ponen en duda la eficacia de la normativa actual para desincentivar a las empresas que defraudan a Hacienda de forma recurrente.

Esta medida, que entró en vigor tras acumular 7 meses de retraso en su tramitación parlamentaria y casi 3 años después de que el Gobierno –que entonces ostentaba el PSOE en minoría– anunciase el inicio de su elaboración, limita los pagos en efectivo, impone nuevos requisitos de inversión en sicav para disfrutar de exenciones fiscales y obliga a las socimis a tributar el 15% de sus beneficios no distribuidos, entre otras medidas.

Sin embargo, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha criticado que el régimen ordinario de sanciones tributarias no está consiguiendo frenar el fraude fiscal entre las empresas, por lo que han presentado al Ministerio de Hacienda una batería de 218 propuestas para desincentivar estas infracciones, entre las que incluyen vetar a las empresas que defrauden sistemáticamente al fisco del reparto de subvenciones, segúnLa Información.

En concreto, los inspectores han propuesto al Gobierno excluir del reparto de subvenciones públicas, ayudas fiscales y contratos del Estado durante un plazo de hasta 5 años a las empresas que hayan recibido una sanción por una infracción tributaria grave o muy grave y ya hayan sido penalizadas por esta causas anteriormente, como vía para evitar que los defraudadores reincidentes accedan a las medidas gubernamentales de apoyo al tejido productivo.

El presidente de la IHE, Ransés Pérez, ha asegurado al diario digital que las actuales multas económicas a las empresas defraudadoras no evitan que se repita el incumplimiento de las oblicaciones tributarias, por lo que ha reclamado plantearse dar un paso más en la penalización del fraude fiscal. "En ocasiones no basta con obligar a los defraudadores a pagar lo que han dejado de ingresar y a abonar la correspondiente sanción tributaria", ha declarado a La Información.

Por ello, Ransés Pérez ha asegurado que las sanciones se quedan cortas, destacando que los particulares y empresas que falsean sus cuentas para acceder a ayudas públicas están privando a otras compañías que de verdad lo necesitan de acceder al apoyo gubernamental, señalando que esta problemática ha podido producirse en el reparto de subvenciones y ayudas desplegadas ante la crisis del coronavirus.

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No obstante, el IHE ha afirmado que vetar a las empresas defraudadoras reincidentes de recibir ayudas públicas ya está contemplado en la legislación, aunque su presidente ha aclarado que el veto a incentivos fiscales que incluye la norma solo se utiliza "de forma muy excepcional" a las compañías sancionadas con más de 30.000 euros durante un plazo de uno a 2 años y entre 3 y 5 años si la multa supera los 60.000, 150.000 o 300.000 euros respectivamente, según La Información.

Además de esta medida, las 218 propuestas del IHE también defienden que el Ejecutivo plantee a escala comunitaria la retirada de billetes de 200 y 500 euros, que las desgravaciones fiscales de gastos personales y domésticos de personas físicas se acrediten con factura, dotar de más personal y competencias a la Agencia Tributaria y publicar la identidad de los contribuyentes condenados por delito fiscal como medida disuasoria, según recoge el diario digital.

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