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El Tribunal de Cuentas también investigará 35 millones de euros con los que el Govern de Cataluña aumentó su número de 'embajadas'

Carles Puigdemont
Puigdemont, durante una conferencia de prensa en la Delegación de Cataluña para la UE. REUTERS/Eric Vidal

El Tribunal de Cuentas cifró en 4,1 millones de euros el dinero público desviado para financiar el referéndum ilegal de Cataluña el 1 de octubre de 2017. Publicó hace una semana su acta de liquidación provisional y se la comunicó a los abogados de los miembros y exmiembros del Govern implicados en su organización.

Pero no es el único montante que el organismo fiscalizador pretende recuperar. El Confidencial indica que ahora también están bajo la lupa hasta 35 millones de euros.

Según el digital, la delegada instructora detalla en el acta provisional que se estudiará en una complementaria las "delegaciones del Govern de la Generalitat en el exterior". La instructora considera que el número de estas embajadas pasó de 5 a 17 para preparar "el proceso constituyente de la república catalana", tesis que pone en boca del exconseller Raül Romeva.

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De momento no se conoce más sobre este acta complementaria que prepara el órgano fiscalizador, pero según la información que se conoció la semana pasada el Tribunal de Cuentas estaría investigando este "supuesto desvío de fondos para las delegaciones en el extranjero" con una partida presupuestaria de la Generalitat en 2017. En concreto, la que iba destinada a Diplocat, el controvertido Consell de Diplomàcia de Catalunya.

El Confidencial abunda en que aquella partida presupuestaria destinaba 23 y 12 millones de euros —un total de 35— para gastos de personal o facilitar el sufragio a los catalanes que viven en el exterior. Pero también se cita textualmente a la instructora, que asegura que estas embajadas también efectuaban una labor diplomática "orientada a generar una imagen internacional favorable al proceso de independencia".

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Cuando el martes pasado se conoció el acta de liquidación provisional por el dinero público desviado, comenzó una cuesta atrás: el Tribunal de Cuentas reclamará a los implicados en la causa los más de 4,1 millones de euros, montante que según el órgano fiscalizador se perdió durante la organización del 1-O.

En concreto, estos ex altos cargos del Govern catalán tendrán que responder por los gastos de aplicaciones, plataformas informáticas o la creación de más de 2.000 puntos de votación —sobre todo, en colegios públicos—, campañas o materiales electorales como las urnas o papeletas.

Debido a que quien instruye la causa es el Tribunal de Cuentas, podrá concluir el juicio sin la presencia de los actores fugados, como Carles Puigdemont o Toni Comín. Esto lo sabe el expresident catalán, que inició la semana pasada una campaña en Twitter para percibir donaciones y poder afrontar el pago de esta cantidad.

Si no lo hacen, el órgano fiscalizador podrá proceder a embargar no sólo los bienes del antiguo Govern, sino también sus sueldos (los que tuvieren). En caso de no contar con sueldos requisables, lo público pasará por embargar propiedades hasta cumplir la fianza estipulada.

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