"Las barreras para el acceso a los datos en España son anacrónicas": la lucha de un ingeniero de datos para liberar los datos mercantiles

Corrupción

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  • Desde hace semanas, el ingeniero de datos Jaime Gómez-Obregón reclama a través de sus redes sociales que instituciones como el Registro Mercantil permitan acceso a sus datos de manera gratuita.
  • La medida, defiende, contribuiría a detectar y prevenir tramas de corrupción y ayudaría a las pequeñas y medianas empresas a escoger socios.
  • Los beneficios de aplicar esta política para un país son de entre 1.100 y 3.500 millones de euros anuales, estima el Ministerio de Industria y Comercio de Reino Unido.
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Adolf Hitler se reúne en un búnker con sus principales lugartenientes. Estos le informan de que un tal Jaime Gómez-Obregón propone en Twitter que el Registro Mercantil libere gratis todos sus datos.

Cuando le dicen que acumula ya unos 50.000 seguidores en esta red social y que su petición está empezando a calar entre la gente, visiblemente contrariado, el Führer estalla.

"¡Publicar datos públicos! ¿Y lo siguiente qué será, poner un buscador, dar publicidad a las cuentas anuales? ¿Qué problema hay con el arancel actual? ¡Si es el mismo que cuando hacíamos las notas simples con una Olivetti!".

Y el enfado va a más cuando uno de sus generales le recuerda que en países como Reino Unido o la República Checa estos están ya a disposición de cualquiera que los quiera consultar sin coste alguno.

Finalmente, Hitler ofrece la clave: "Si los datos se liberan, los frikis informáticos los cruzarán con la Plataforma de Contratación del Estado, con las listas electorales y los portales de transparencia".

"Destaparán cientos de chanchullos en todos los gobiernos y ayuntamientos de España".

Parodiada hasta la saciedad, la escena forma parte en realidad de la película El hundimiento, que retrata las últimas horas de Hitler.

Con la ayuda del actor de doblaje Alfredo Díaz, esta ha servido al analista de datos Jaime Gómez-Obregón para presentar en clave de humor un asunto muy serio: los datos del Registro Mercantil.

O, más bien, la falta de estos. Aunque son de carácter público y cualquiera los puede consultar, para hacerlo hay que pagar una tarifa de 18,50 euros por nota simple en cada consulta de cada empresa.

Puede no parecer una gran cantidad, pero hay que recordar que las tramas de corrupción se desarrollan a través de entramados societarios cada vez más complejos.

Sin ir más lejos, por ejemplo en el caso que investiga las presuntas irregularidades cometidas por el productor de televisión José Luis Moreno, la policía estima que se emplearon más de 700 sociedades.

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Si alguien como un periodista o un programador hubiese querido investigar por su cuenta, suponiendo que acertara en todas y cada una de sus pesquisas, debería haber pagado casi 13.000 euros.

"Las actuales barreras al acceso a los datos son anacrónicas", explica Gómez-Obregón a Business Insider España. El ingeniero libra desde 2020 una encarnizada batalla en la que reclama a las instituciones más transparencia.

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Esta no puede resultar más oportuna. Tras ver la economía detenerse por la pandemia, la UE va a entregar a sus estados miembro unos 800.000 millones de euros.

Son los fondos Next Generation. De estos, España va a recibir 140.000 millones de euros que, en principio, deben destinarse a reparar los daños económicos y sociales causados por el coronavirus.

Aunque la idea es noble, su ejecución corre el riesgo de convertirse en el caldo de cultivo perfecto para todo tipo de corruptelas, desde mordidas hasta sobornos, pasando por el pago de favores electorales.

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Mucho de esto lo pudo comprobar de primera mano el propio Gómez-Obregón cuando en 2020 cruzó los expedientes de contratación del Gobierno de Cantabria con las listas electorales, como contó Business Insider.

Sus resultados fueron elocuentes: solo en contratos menores (menos de un 20% de las licitaciones), la administración pública había destinado 1,5 millones de euros a candidatos electorales.

No a sus amigos o familiares. A ellos. Directamente. Por supuesto, cabe pensar que muchos de estos concursos se ganaron en buena lid. Con otros, Gómez-Obregón tiene sus reservas.

"He encontrado adjudicaciones donde competían 3 ofertas conchabadas, a veces varias de un mismo empresario; otras una asociación y 2 de sus trabajadores. Es muy cutre", recuerda.

El presupuesto de la Comunidad de Cantabria es de algo más de 3.000 millones de euros para 2021. Es apenas un 2,1% de lo que va a recibir España para los fondos Next Generation.

Los beneficios de la liberación de los datos

Para evitar un uso fraudulento de este dinero, es clave, explica Gómez-Obregón, la transparencia de las instituciones. La teoría es sencilla: cuantos más ojos vigilen, más infracciones se detectarán.

Y no solo eso. Si el Registro Mercantil pusiera a disposición de todos unos datos financieros que las empresas están obligadas a entregarles, la tentación de cometer delitos sería mucho menor.

"Si esos documentos estuvieran en manos de todos, con ingenieros cruzando datos constantemente, los abogados desaconsejarían montar estos entramados. Pensarían que les van a pillar".

El tercer beneficio iría a parar a las pequeñas y medianas empresas, que en España representan el 98% del tejido empresarial.

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Con acceso a las cuentas anuales y a las memorias que todas las sociedades deben depositar en el Registro Mercantil, una pyme podría reducir el riesgo de impago comprobando la solvencia.

"En el caso de un fabricante de bombillas que recibe de repente un encargo de 30.000 euros, por ejemplo, la empresa podría consultar la solvencia de quienes piden esto", detalla el experto.

Recientemente, Reino Unido, donde los datos de la Companies House (el equivalente al Registro Mercantil) son accesibles gratis para cualquiera, quiso calcular cuánto dinero da este enfoque.

El Ministerio de Industria y Comercio del país estimó en un informe en 2019 que la liberación de datos había reportado pingües beneficios por valor de entre 1.100 y 3.400 millones de euros.

En el caso español, a esta cifra habría que sumar lo que se recuperaría de los 60.000 millones de euros que cada año pierde España en corrupción, según el FMI.

O lo que es lo mismo, los 1.276 euros que ciertos ladrones de guante blanco roban cada año a cada uno de los contribuyentes. 

 "Los datos mercantiles son un tesoro para el tejido económico y social de España. Urge liberarlos", comenta, rotundo, Gómez-Obregón.

Mientras, para alguien que vive en España es más fácil hoy acceder a las cuentas anuales de una peluquería en Escocia que a las de la empresa que le ofrece empleo, como ha recordado Gómez-Obregón en Twitter.

"Bastaría con publicar en internet todos los datos a los que la directiva europea 2019/1151 obliga", resume el analista recordando que la ley de la UE ya lo pide, algo que España incumple.

En vez de eso, denuncia, instituciones como el propio Gobierno de Cantabria impiden descargas masivas de datos, los ocultan tras un buscador más que deficiente, arrojan resultados de 5 en 5 y se esconden de Google, entre otras prácticas.

Una administración válida pero poco aprovechada

Hay quien ha interpretado el reclamo de expertos como Gómez-Obregón como un ataque a ciertos partidos políticos o ciertas instituciones. Nada más lejos.

En 2020, recuerda, cuando su portal de transparencia  ayudó a destapar una buena cantidad de irregularidades de la coalición entre el PRC y el PSOE cántabro, hubo quien le tomó por conservador.

Meses más tarde, hizo lo propio con la Casa Real y muchos de los que le consideraban aliado le tomaron finalmente por enemigo. "Me imagino que ahora alguno anda desconcertado", dice entre risas.

La suya tampoco es una enmienda a la totalidad. A través de las mismas redes sociales que le han servido como altavoz, ha defendido una y otra vez la labor de los funcionarios.

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Lo ha hecho en los últimos días con los profesionales de la DGT tras analizar cómo se puede mejorar un trámite digital de esta administración, por ejemplo.

Lo hizo también cuando recientemente Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e IA, le propuso públicamente mantener una reunión para hablar de cómo modernizar la administración.

"España tiene funcionarios brillantes. Brillantes de verdad. No hace falta que vaya yo a explicar cómo tienen que hacer nada, hace falta que escuchen a la gente buena que tienen".

Su idea, y la de expertos como él, es mantenerse fuera de las instituciones para lanzar lo que él define como un "electroshock" que ayude a mejorar las cosas sin caer en el pesimismo.

"La contratación pública funciona razonablemente bien en España. No me gusta la actitud de quien, con una especie de masoquismo extraño, se alegra de cada caso de corrupción que ayudo a destapar".

"Decir que España es el hazmerreír del cosmos no vale para nada. No hay que tomar el todo por la parte. Hay cosas que tardaremos generaciones en arreglar, pero si estudio 30.000 contratos y son irregulares solo 10, eso es porque del resto no hay nada que decir".

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