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Un juez federal ordena a Trump que entregue sus declaraciones de impuestos de los últimos 8 años a los fiscales de Nueva York

President Donald Trump.
Donald Trump Reuters
  • Un juez federal ha ordenado al presidente de EE.UU. Donald Trump que entregue sus 8 últimas declaraciones anuales de impuestos a los fiscales del estado de Nueva York.
  • La oficina del fiscal del distrito de Manhattan había enviado un requerimiento a la compañía que gestiona la contabilidad de Trump, Mazars USA, para que entregase los resultados de sus declaraciones fiscales personales y corporativas desde 2011.
  • Los abogados de Trump habían intentado bloquear este requerimiento asegurando que, mientras sea presidente, Trump es inmune a cualquier investigación criminal.
  • El juez de los tribunales de distrito de EE.UU. Victor Marrero escribió en su dictamen que el argumento del presidente tiene "un alcance extraordinario" y es "repugnante respecto a la estructura gubernamental del país y sus valores constitucionales".
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Un juez federal de EE.UU. ha ordenado este lunes al presidente del país, Donald Trump, que entregue sus 8 últimas declaraciones anuales de impuestos a los fiscales del estado de Nueva York.

Esta decisión se produce después de que la oficina del fiscal del distrito de Manhattan había enviado un requerimiento a la compañía que gestiona la contabilidad de Trump, Mazars USA, para que entregase los resultados de sus declaraciones fiscales personales y corporativas desde 2011.

Por su parte, el equipo legal que representa a Trump pidió bloquear el requerimiento argumentando que un presidente en activo es inmune a una investigación criminal. El Departamento de Justicia también intentó retrasar ese requerimiento.

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Al rechazar la alegación de Trump, el juez de los tribunales de distrito de EE.UU. Victor Marrero escribió en su dictamen que el argumento del presidente tiene "un alcance extraordinario" y es "repugnante respecto a la estructura gubernamental del país y sus valores constitucionales".

Marrero señaló que el argumento de Trump significa que "las dimensiones constitucionales del aforamiento del presidente frente a los procesos judiciales serían prácticamente ilimitados".

Hasta que el presidente deje su cargo, "su exención de los procesos penales se extendería no solo a los asuntos que surjan del desempeño de los deberes y funciones oficiales del presidente, sino también a aquellos que surjan de sus asuntos privados, transacciones financieras y cualquier otra actividad realizada por él como ciudadano común, tanto durante como previamente a su mandato", señala la sentencia.

Los abogados de Trump han afirmado que apelarán la decisión de Marrero.

El requerimiento del fiscal del distrito de Manhattan forma parte de una investigación más amplia sobre si Trump y su grupo de empresas violaron las leyes del estado de Nueva York cuando devolvieron al antiguo abogado de Trump, Michael Cohen, el dinero que pagó por su silencio a las mujeres que habían alegado haber tenido aventuras con Trump.

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Se ha asegurado que la investigación se inició después de que los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York cerrasen formalmente su investigación criminal sobre esos pagos en julio.

Cohen se declaró culpable de varios cargos de fraude bancario, evasión de impuestos y violación de las normas de financiación de campañas en la investigación federal. Actualmente, está cumpliendo una condena de 3 años en una prisión federal. CNN informó el mes pasado que los fiscales estatales ya han entrevistado a Cohen como parte de su investigación.

Los pagos que están siendo investigados se realizaron a la actriz porno Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, y a la exmodelo de Playboy Karen McDougal.

Cohen admitió haber facilitado ambos pagos pero aseguró que lo hizo siguiendo indicaciones de Trump. Además de implicar al presidente en esta trama, Cohen entregó pruebas documentales a los investigadores y a legisladores que revelaban que Trump y otros directivos de alto rango estaban al corriente de estos pagos.

Se dice que la investigación comenzó después de que los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York cerraron formalmente su investigación criminal sobre los pagos en julio.

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Cohen también testificó ante el Congreso a principios de este año que Allen Weisselberg, el principal contable del grupo de empresas de Trump, fue testigo de la implicación directa de Trump en estos pagos ilegales para conseguir el silencio de Clifford. Cohen afirmó que Weisselberg y él estaban en la oficina de Trump cuando "nos ordenó regresar a la oficina de Weisselberg y arreglar todo esto [el pago de 130.000 dólares (unos 118.000 euros) a Daniels]".

El presidente no fue imputado en última instancia, y no está claro si se debió a falta de pruebas o a que las directrices del Departamento de Justicia afirman que no se puede imputar a un presidente en ejercicio.

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