El Gobierno flexibilizará los límites de los particulares para la inversión en plataformas de 'crowdfunding': permitirá invertir 1.000 euros o un 5% de la riqueza

Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Economía.
Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Economía.
  • El anteproyecto de la Ley Crea y Crece incluye medidas que van tanto enfocadas a la creación como al crecimiento y financiación de las pequeñas y medianas empresas.
  • En este texto, que ahora se presentará a consulta pública, se incluye una parte que modificará la ley de financiación empresarial aprobada en 2015. 
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En el nuevo anteproyecto de ley para el fomento de la creación empresarial y su crecimiento, que se ha denominado como Ley Crea y Crece, se incluyen medidas que van tanto enfocadas a la creación como al crecimiento y financiación de las pequeñas y medianas empresas. En este texto, que ahora se presentará a consulta pública, se incluye una parte que modificará la ley de financiación empresarial aprobada en 2015. 

En aquel momento, con el grifo del crédito cerrado por parte de los bancos, se fijaron las bases para el funcionamiento de las plataformas de crowdfunding y crowdfunding equity en un momento de crisis financiera donde las empresas buscaban alternativas para la liquidez en un sistema fuertemente dependiente de la financiación bancaria. 

Ahora, toca trasponer el nuevo reglamento europeo y adaptar la normativa a la realidad actual. Entre los cambios, se incluirá una flexibilización de los límites de la cantidad que se puede invertir en los proyectos de estas plataformas. 

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La ley de 2015, establecía que ningún inversor no acreditado pudiera invertir más de 3.000 euros por proyecto. Ahora, este límite se relaja y se amplía a una horquilla que variará entre los 1.000 euros y el 5% de la riqueza del inversor. Un límite más "flexible" que el existente, según fuentes del ministerio, donde se busca conciliar la protección del inversor con su patrimonio. 

En este sentido, existirá una advertencia sobre el riesgo de la inversión. Hay que tener en cuenta que este tipo de inversiones conllevan un riesgo elevado y una baja liquidez si se necesita recuperar el dinero invertido. 

En este cambio normativo también busca facilitar que las plataformas de crowdfunding que tengan los permisos necesarios para operar en España puedan hacerlo en el resto del territorio de la UE. Estas plataformas agregan proyectos empresariales donde los particulares pueden invertir a cambio de una rentabilidad futura y deben contar con la aprobación de la CNMV cumpliendo unos requisitos de capital y de organización. Es importante recordar que esta rentabilidad futura que ofrecen las inversiones no está garantizada y que se trata de una inversión con un riesgo elevado. 

Las otras patas de la ley Crea y Crece

En al anteproyecto de ley, además de la financiación de empresas, se incluye un bloque relativo a la agilización en la creación de empresas y otra parte enfocada al fomento empresarial. Para que entre en vigor, debe ser aprobada de nuevo por el Consejo de Ministros tras la consulta pública, algo que se espera para finales de este año o comienzos del que viene, así como por el Parlamento, un trámite que fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital esperan para finales de 2022.

En esta primera parte para acelerar la creación de empresas en España, se incluye una rebaja del capital necesario para crear una empresa de responsabilidad limitada. De esta forma, se podrá crear una empresa de estas características desde un euro. Fuentes del ministerio señalan que han analizado legislaciones de otros países y buscan que el capital no sea una limitación en la creación de empresas. 

El otro gran bloque de la ley es la búsqueda del fomento empresarial tratando de evitar la morosidad. El objetivo es que las empresas españolas cambien su cultura hacia el "pronto pago".

En este sentido se creará un observatorio de la morosidad en España para el análisis de la situación. Además, se modificarán algunas leyes con el objetivo de que las empresas que no paguen a tiempo se vean penalizadas en sus relaciones con la administración. 

De esta manera, la nueva normativa contemplará que las empresas que se retrasen en sus pagos no puedan acogerse a subvenciones públicas y que en los contratos públicos se penalice a aquellas empresas que retrasan los pagos a sus subcontratas. 

La normativa también espera agilizar los pagos con el fomento de la factura electrónica. Para ello, se promoverá el uso de la factura electrónica entre pymes y, con el objetivo de que esta no sea un coste, se incluirá en los servicios subvencionados en el digital toolkit, el plan financiado con 3.000 millones de euros de los fondos europeos para la digitalización de las pymes.

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