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Las claves para entender qué va a cambiar con la ley de cambio climático que acaba de relanzar el Gobierno y por qué será crucial para salir de la crisis del coronavirus

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. La Moncloa
  • El Gobierno ha dado luz verde a la ley de cambio climático en el Consejo de Ministros celebrado este martes  y se reafirma en la ambición de que España sea neutral en carbono en 2050.
  • La normativa establece además que el sistema eléctrico utilice energía 100% renovable a mediados de siglo. 
  • El Gobierno se apoya en esta ley como será uno de pilares de la transición económica y la modernización de los modelos productivos para salir de la crisis del coronavirus.
  • El texto, que será remitido ahora al Congreso de los Diputados como proyecto de ley, establece 2040 como la fecha en que se dejarán de vender vehículos de combustión.
  • A partir de 2050 quedarían fuera de la circulación los vehículos con motor de combustión salvo contadas excepciones.
  • La normativa dispone que los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que habilitar programas de limitaciones de emisiones a partir de 2023, incluyendo zonas de bajas emisiones con limitación de circulación. 
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El Gobierno ha dado luz verde a la ley de cambio climático en el Consejo de Ministros celebrado este martes y se reafirma en la ambición de que España alcance la neutralidad en carbono en 2050 y que el sistema eléctrico utilice energía 100% renovable en ese horizonte. El Gobierno se apoya en esta ley como una palanca para salir de la recesión económica derivada de la parálisis para contener la crisis de coronavirus siguiendo la senda marcada por Bruselas. Los planes de ayudas que contemplan las instituciones europeas pasan por las energías limpias, la eficiencia energética o la movilidad sostenible. 

El proyecto de ley climático, que será remitido ahora al Congreso de los Diputados como proyecto de ley, está en línea con los objetivos marcados por el Acuerdo de París, con el Pacto Verde europeo (Green New Deal) marcado por la Comisión Europea de tal forma que plantea la meta de ser neutral en emisiones de CO2 en 2050.

"La transición energética tiene que ser los cimientos sobre los que pivote la reconstrucción social y económica del país", apuntó la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que avanzó que esta normativa será uno de pilares de la transición económica y la modernización de los modelos productivos tras la crisis del coronavirus. 

"No podemos volver al modelo anterior. Tenemos que buscar una salida por arriba", señaló la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que señaló que estamos ante un momento delicado. "Ante la crisis de Covid, el debate público se centra en cómo reconstruir España. Estamos ofreciendo una oportunidad para orientar un modelo de recuperación, estable duradero y respetuoso con el planeta", apuntó.

De cara a cumplir la senda marcada, se irán poniendo en marcha sucesivos planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC). El primero de ellos, que abarca el periodo de los diez próximos años, plantea reducir las emisiones un 23% respecto a los niveles de 1990 y duplicar el porcentaje de renovables hasta el 42% en el consumo final. 

En esa línea, el proyecto de ley climático, que defiende la ministra Teresa Ribera, plantea reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2030 en un 20% respecto a los niveles de 1990. "Supone retirar una de cada tres toneladas que emitimos en la actualidad", señaló la ministra para la Transición Ecológica. Esa meta del 20% es un paso de cara a alcanzar el objetivo de entre el 50% y el 55% marcado por la Comisión Europea.

Para ello, hasta el 35% del consumo final de la energía en el sistema eléctrico tendrá que ser de origen renovable de aquí a diez años, frente al 20% actual. Y la generación renovable deberá alcanzar el 70% de la tarta energética de cara a alcanzar el objetivo de utilizar un 100% de energía verde en 2050, "con muchos más actores en funcionamiento en el sistema", señaló Ribera en la rueda de prensa. 

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Cambia, sin embargo, la ambición en materia de renovables hasta 2030 en la nueva versión del Proyecto. El documento elimina la obligación de subastar un mínimo de 3.000 megawatios (MW) verdes al año que incluía el borrador del anteproyecto y avanza que el Gobierno desarrollará un nuevo sistema de subastas para la retribución de las renovables basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía. Así, la idea es que estas nuevas subastas, con un nuevo procedimiento, se celebren este año a pesar de la crisis del coronavirus. 

El texto, que consta de 36 artículos distribuidos en nueve títulos, establece que las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%.

Adiós a los coches de combustión en 2040

Entre otros objetivos, el proyecto normativo se marca que el parque de turismos y vehículos comerciales sea cero emisiones en 2050. Además, también se pondrán en marcha medidas para que los vehículos ligeros sean cero gramos de CO2 por kilómetro en 2040. Esta apuesta por la movilidad sostenible permite que el "sector de la movilidad pueda aprovechar las opciones del mercado  que demanda una movilidad segura y limpia", señaló Ribera. "Lo que hace el anteproyecto de ley es recoger letra a letra el compromiso de la Unión Europea".

Por tanto, el anteproyecto de ley establece que "a partir de 2050 quedarían fuera de la circulación los vehículos con motor de combustión salvo los vehículos históricos y contadas excepciones", apuntó Ribera que recordó que la normativa dispone que los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que habilitar programas de limitación de emisiones, incluyendo zonas de bajas emisiones. "No sería raro que a partir de 2023, los municipios de más de 50.000 habitantes introduzcan limitaciones de circulación", incidió Ribera. 

En este sentido, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima "establecerá para el año 2030 objetivos de penetración de vehículos con nulas o bajas emisiones directas de CO2 en el parque nacional de vehículos según sus diferentes categorías", señala el texto.

La ley de cambio climático prevé que la movilización de inversiones en esta línea propiciará un crecimiento del 1,8% del Producto Interior Bruto (PIB) hasta 2030, frente al mismo escenario sin las medidas del PNIEC. El Gobierno pronostica que el paso a las energías limpias movilizará 200.000 millones de euros hasta 2030 y generará hasta 350.000 empleos.

En este sentido, Ribera ha señalado que la normativa crea un marco para que el mundo de las finanzas se mueva hacia la sostenibilidad y que la "inversión pública y privada vaya en la dirección correcta, movilizando el cambio".

Además, la norma contempla que las comunidades autónomas tendrán hasta finales de 2021 para elaborar sus planes de energía y clima, que presentarán ante una Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático.

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El texto prohibirá que las grandes compañías eléctricas y gasistas que se dediquen al negocio regulado destinen los recursos obtenidos a financiar sus negocios liberalizados. Es decir, que las grandes transportistas de electricidad o gas no podrán otorgar préstamos, prestar garantías o avalar préstamos de otras sociedades del grupo que realicen actividades liberalizadas. 

Además, la norma obliga a que las sociedades comuniquen a la Secretaría de Estado de Energía las adquisiciones de otras sociedades mercantiles.

Zonas urbanas de bajas emisiones en las grandes ciudades y medidas para incentivar la movilidad libre de humos

El documento recoge que los ingresos procedentes de las subastas procedentes de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero  que se destinarán al sistema eléctrico serán de al menos 450 millones. 

Los Ayuntamientos tendrán que planificar en su ordenanza urbana zonas de bajas emisiones de aquí a 2023 en poblaciones de más de 50.000 habitantes, así como medidas para reducir las emisiones de la movilidad, facilitar la movilidad a pie y en bicicleta y mejorar el transporte público. 

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La nueva normativa pone fin al fracking, es decir, pretende no autorizar nuevas exploraciones de hidrocarburos ni de fracturación hidráulica. Pero no sólo eso, promoverá el uso de gases renovables y no prevé aprobar nuevos proyectos de combustibles fósiles.

Los riesgos derivados del cambio climático se incorporarán a la planificación y gestión del agua  y la costa con el impulso de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que, además, promueve la importancia de una política agraria común.

Teresa Ribera avanzó que el documento sienta las bases de las "políticas de adaptación al cambio climático como es la gestión de recursos hídricos, ante sequías o inundaciones".

El proyecto normativo determina que los Presupuestos Generales del Estado destinen al fomento de energías renovables un importe equivalente a la suma de la estimación de la recaudación anual derivada de los tributos incluidos en la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

La ministra para la Transición Ecológica resaltó que esta ley promueve una educación ambiental en los currículos y sienta las bases para los empleos del futuro basados en una economía baja en carbono.

“En un momento en el que tenemos que abordar el proceso de recuperación frente al COVID-19, la transición energética se va a convertir en una fuerza motriz determinante para generar actividad económica y empleo a corto plazo, y hacerlo de forma coherente con lo que necesitaremos como país en el medio y en el largo plazo", hizo hincapié la ministra para la Transición Ecológica en su intervención en la rueda de prensa. 

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