El silencio administrativo de Enisa será positivo y los 'carried interests' serán rendimientos del trabajo: las novedades de la ley startup tras su paso por el Congreso

Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

REUTERS/Yves Herman

  • La ley startup salió adelante en el Congreso este jueves, y el texto resultante de la tramitación parlamentaria introduce algunos cambios.
  • El silencio administrativo de la Enisa será positivo y se conveniará con organismos autonómicos para certificar startups, y los carried interests tributarán como rendimientos del trabajo, entre algunas de las novedades.

La ley startup que aprobó este jueves el Congreso de los Diputados es sensiblemente distinta a la norma que comenzó su tramitación parlamentaria a finales del año pasado, aunque en espíritu es idéntica y el propósito permanece: "Mejora aun más lo que ya considerábamos una ley histórica", opinaba Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización, en un encuentro con medios.

Esta norma, que salió adelante con mayoría absoluta —solo con la abstención de Vox en la Comisión de Asuntos Económicos—, se encamina ya hacia el Senado con el propósito de que esté en vigor antes de que suenen las campanadas de fin de año. De esta manera, muchos de sus beneficiarios —startups, emprendedores o inversores— podrán disfrutar sus exenciones fiscales ya en 2023.

La norma "reconoce la idiosincrasia particular de las startups, porque estas empresas necesitan competir desde el día 1 en el mercado global", consideró Artigas.

La norma llegó al Pleno del Congreso de este jueves después de que a principios de año la Cámara Baja se avocara: esto quiere decir que la ley ha tenido que votarse en Pleno en lugar de la Comisión de Asuntos Económicos, como suele ser habitual. La tramitación parlamentaria usual es que una ley salga de su Comisión aprobada hacia el Senado para después volver al Congreso.

 

En este caso, además de aprobar el dictamen de la ponencia de la ley en Comisión, el Pleno se tuvo que pronunciar ayer a última hora de la tarde. El texto llegaba ya con algunas enmiendas refrendadas en el proceso de deliberación previo, si bien a mediodía la Cámara aceptó una enmienda de Ciudadanos y una transaccional del PP.

La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial actualizó en junio los principales cambios que la norma había sufrido en su tramitación parlamentaria. De nuevo este jueves, el departamento que dirige Artigas pormenorizó las novedades que han llegado al texto, a expensas de que pueda sufrir nuevos cambios en el caso de que el Senado la rechace —improbable—.

Autonomías certificando startups, 'carried interests' como rendimientos del trabajo y otras novedades

Algunos elementos nucleares de la nueva norma se mantienen idénticos. Por ejemplo, startups serán aquellas empresas con carácter innovador —algo que será certificado por la Enisa— en sus primeros 5 años de vida, 7 años en el caso de las compañías de deep tech o biotecnología —al requerir sus negocios más margen de tiempo por la naturaleza de su innovación—.

Sin embargo, otro de los requisitos para ser considerado startup es que su volumen de negocios no superase los 5 millones de euros. La negociación en la Cámara ha conseguido elevar esta cifra a 10 millones de euros.

Por otro lado, la Enisa será la certificadora de quién es y quién no es startup, pero su competencia podrá conveniarse con organismos públicos y privados autonómicos, un cambio sustancial que los partidos regionalistas, autonomistas y nacionalistas del Congreso le han arrancado al Gobierno. Además, si la Enisa no se pronuncia en 3 meses, el silencio administrativo será positivo.

En otras palabras: si la Enisa no responde en 3 meses a la solicitud de ser considerada startup por parte de una compañía, la resolución será favorable a los demandantes de dicha condición.

El nuevo texto de la ley también detalla un poco más cuáles son esos requisitos que después la Enisa se encargará de valorar, "porque muchas veces son imposibles de objetivar". "Son en torno a 7 u 8 líneas de puntuación como el grado de innovación, la escalabilidad, su necesidad de contratar personal de alta cualificación, grado de innovación tecnológica...".

Para los "emprendedores en serie", emprendedores que han cosechado algún exit y vuelven a montar una empresa, podrán beneficiarse del articulado de la nueva ley startups hasta en 4 compañías —"en el caso de que se mantengan los mismos socios fundadores, pero si hay diferentes socios es ilimitado", explicaron fuentes de la Secretaría de Estado de Digitalización e IA—.

unicornio

Estos límites a los emprendedores de serie es fundamentalmente para prevenir y evitar posibles casos de fraude: emprendedores que montan una startup y cuando se van a cumplir los 5 años de carencia de la ley, cierren la empresa y vuelvan a abrir otra idéntica con el mismo modelo de negocio y los mismos fundadores, solo cambiando el nombre, para reiniciar ese contador anual.

Por lo demás, la norma pretende velar por la situación de las startups en sus distintas fases de crecimiento. Así, los Business Angels verán que sus primeras inversiones de hasta 100.000 euros estarán exentas de tributación, y a partir de esa cifra disfrutarán de una deducción del 50%.

Para incentivar la inversión y convertir a España en un país atractivo para inversores profesionales, la norma también hace referencias a los carried interest. Aunque ya aparecieron mencionados en el proyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros, la novedad es que estos carried interest se tributarán por rendimientos del trabajo y con una exención del 50%.

Estos carried interest son las primas que coban inversores profesionales o corporativos —de grandes fondos privados— en caso de que sus inversiones generen éxitos.

Nuevos cambios también con las stock options, un mecanismo que permite a la compañía incluir dentro de la remuneración de un empleado "opciones para adquirir acciones de la empresa durante un periodo de tiempo" y "habitualmente a un precio inferior a mercado", explicaba a Business Insider Ignasi Costas, socio del despacho de abogados DWF-RCD.

Pocos cambios con esas stock options. "Las startups suelen ser empresas en las que se valora al trabajador más allá de su salario: es de justicia hacerles partícipes de los beneficios futuros". Estas stock options solo se tributarán en el momento de la venta. En el momento de la compra, lo harán como rendimientos del trabajo. En el de la venta, como rendimientos del capital.

Además, disfrutarán también de exenciones hasta los 50.000 euros. A partir de esa cifra, verán una bonificación en su tributación del 50%.

El camino no termina aquí: los requisitos para el visado a teletrabajadores o el Foro Nacional de Empresas Emergentes, deberes pendientes

Que la ley salga adelante dependerá de la tramitación en el Senado, que se espera ágil, y que vuelva lo antes posible al Congreso para su votación definitiva. De esta manera, la ley startup podría entrar en vigor antes de que termine el año, ya que el texto de la ley contempla que su aplicación comience al día siguiente de que se publique en el Boletín Oficial del Estado.

Esto es crucial. Carme Artigas, la secretaria de Estado, es consciente: ha coordinado las negociaciones con el resto de grupos parlamentarios y con el PSOE. Y acudió este jueves al Congreso junto a su equipo para dejar unas chapas en todos los escaños en las que se podía leer: "Yo voté sí a la ley startup".

Es crucial porque de entrar en vigor la norma antes de las campanadas de fin de año, las bonificaciones fiscales que contempla la norma se aplicarían ya en el ejercicio fiscal de 2023.

Pero junto a esas bonificaciones, el texto legal también contempla otras iniciativas para atraer, captar y retener talento, tanto extranjero como expatriado. Para los primeros está la creación de una visa con trámites burocráticos mínimos y que otorga el permiso de trabajo de un año para "nómadas digitales", profesionales que teletrabajen y escojan España como destino para su actividad.

Con este nuevo visado España se equipará a Portugal, que presentó su propia herramienta análoga hace cuestión de días. Los países ibéricos lideran la carrera europea por captar talento de teletrabajadores extranjeros con este método. La visa está abierta a cualquier país aunque en la ley startup no se estipula cuánto tiempo tardará en entregarse la misma a un solicitante.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas.

Por eso la propia Artigas reconocía en conversación con varios medios de comunicación que tras la aprobación de la ley todavía quedarán algunos flecos por atar.

En el ámbito de trabajadores expatriados, muchos de ellos podrán regresar a España para emprender o invertir con atractivos fiscales. En el texto de origen se exigía que el talento español fuera debería haber estado al menos una década del país. La ley resultante de la tramitación parlamentaria rebaja ese tiempo a los 5 años.

La ley startup también acabará con la doble imposición que sufren a menudo muchos emprendedores que desarrollan sus proyectos mientras continúan trabajando por cuenta ajena. "Verán los 3 primeros años exentos de su cuota de autónomos para no tener que pagar 2 veces".

El texto con el que la norma llegó al Congreso a finales del año pasado también contempla, por ejemplo, el plazo de un año desde su entrada en vigor para que se cree un portal público web sobre el ecosistema startup, o 3 meses para concretar los requisitos que deberán reunir los solicitantes de la visa para nómadas digitales.

De la misma forma, el Gobierno tendrá 3 meses para aprobar por real decreto distintos modelos de estatutos tipo que puedan ayudar a las startups que se quieran constituir con estos documentos, y 6 meses para aprobar un real decreto que regule el Foro Nacional de Empresas Emergentes —un órgano para startups— que también prevé la norma.

Todo ello demuestra que la aprobación y entrada en vigor de esta ley startup no es el final, sino el principio: queda trabajo por hacer. Pero la Secretaría de Estado confía en que los efectos de la norma se hagan notar a los 3 años de su entrada en vigor, ya en 2025: para entonces, aducen fuentes del Ministerio, la inversión en empresas emergentes podría haber crecido hasta un 20%.

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