Ley de Teletrabajo: patronales y sindicatos no se ponen de acuerdo sobre el reparto de costes y el plazo para aplicar a la nueva norma

Tras más de un mes de negociaciones entre patronales y sindicatos, la Ley de Trabajo a Distancia que prepara el Gobierno está cada vez más cerca de ver la luz. Mientras continúan las reuniones con los agentes sociales, las diferencias entre ambas partes se han ido reduciendo en sucesivos encuentros y han permitido al Ejecutivo plasmar las líneas maestras de la nueva normativa en un borrador cada vez más definitivo.

Sin embargo, las posturas permanecen muy alejadas en al menos 2 temas clave de la futura ley sobre el teletrabajo: a partir de qué porcentaje de teletrabajo debe correr la empresa con los costes y cuánto durará el periodo de transición que se ofrecerá a las compañías para adaptarse a las nuevas regulaciones de trabajo a distancia, según avanzaEl Economista.

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De este modo, el borrador que hizo público el Gobierno a finales de julio recoge propuestas de sindicatos y patronales, como el derecho del trabajador a negociar sus horarios y el de la empresa a establecer franjas de disponibilidad, la definición y características que debe cumplir el lugar en el que se trabaja a distancia o los gastos con los que deberá correr la empresa si se considera que el teletrabajo es habitual.

Precisamente, este último tema es uno de los principales puntos de desencuentro entre los agentes sociales. El borrador presentado por el Gobierno a finales de julio establece que la empresa corra con los costes del teletrabajo, que pueden incluir las facturas de suministros y parte del alquiler si se trabaja desde casa al menos un 20% de la jornada, lo que equivale a un día a la semana, como pedían los sindicatos.

CEOE, por su parte, reclama que se establezca como mínimo un 30% de la jornada en remoto o al menos 2 días a la semana, como criterio para considerar que un empleado teletrabaja de forma regular y tiene derecho a que su empleador corra con parte de los costes que le supone su actividad laboral desde su domicilio.

Las patronales señalan que este criterio debe ampliarse, dado que muchas empresas ya han implantado el teletrabajo los viernes de cada semana, lo que supondría que se les impondría la obligación de compensar los gastos a sus trabajadores, además de dotarles de equipos informáticos adecuados y de garantizar las condiciones de seguridad laboral de su puesto de trabajo en remoto, según El Economista.

El otro desencuentro entre sindicatos y patronales a partir del borrador presentado hace una semana se refiere a la exigencia de la CEOE que recoge el texto para que las empresas tengan un periodo de transición de 3 años para aplicar la nueva ley, aunque los sindicatos defienden reducirlo a un año o un año y medio como máximo, dado que durante ese periodo todas las empresas se ahorrarán los costes del teletrabajo.

No obstante, estos 2 puntos de conflicto no son los únicos que se interponen en el acuerdo de los agentes sociales para aprobar la Ley de Trabajo a Distancia. Así, también persisten diferencias respecto a la evaluación de riesgos laborales del puesto del trabajo en casa, que el borrador establece que se ceñirá al cuarto en el que se trabaje, pero CCOO reclama que se extienda a todo el domicilio del trabajador, según el diario económico.

Pese a la falta de consenso tras más de un mes de negociaciones, Gobierno y sindicatos defienden que las diferencias podrían superarse para llegar a un acuerdo, mientras las patronales han reconocido los avances en las reuniones, pero señalando que existen "elementos de mejora", según fuentes de CEOE consultadas por El Economista. 

Por el momento, se espera una nueva reunión del Ejecutivo y los agentes sociales a finales de mes y el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se ha comprometido esta semana a cerrar un nuevo borrador a lo largo del mes, lo que podría permitir llevar la nueva Ley de Trabajo a Distancia al Congreso de los Diputados para su aprobación a partir de septiembre.