El Gobierno da luz verde a la nueva ley de vivienda: ¿Cuándo entra en vigor y cuáles son los siguientes pasos?

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la Ley estatal por el derecho a la vivienda, que incluye un control de precios a los alquileres en zonas tensionadas. La ha aprobado a pesar del informe del Consejo General del Poder Judicial, que advierte de que la norma invade competencias de las comunidades autónomas.

Ha hecho falta más de un año de tira y afloja entre los socios de coalición de Unidas Podemos y del PSOE, pero el Gobierno ha conseguido finalmente ponerse de acuerdo y aprobar la norma. 

Pero lo que ahora viene no es un camino de rosas, ni mucho menos. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, la Ley necesitará el respaldo del Congreso, y no se antoja nada fácil. Es más, podría retrasarse hasta 2023...y entonces hay elecciones generales.

¿Cuándo entra en vigor la ley?

La nueva Ley se aprobó en el Consejo de Ministros de ayer, pero eso no significa que haya entrado en vigor. Antes, necesitará el respaldo de la mayoría del Congreso.

El Gobierno tiene que enviar ahora el texto de la norma al Congreso, al que ha solicitado su tramitación por urgencia, como ocurrió con la reforma laboral, que se vota mañana. 

¿Qué significa la tramitación por urgencia? 

Que el procedimiento que debe seguir hasta su convalidación dura la mitad que un procedimiento ordinario. 

¿Cuáles son los siguientes pasos?

Esto no es garantía de que vaya a tramitarse rápidamente. Lejos de ello, va para largo: 

En un procedimiento ordinario, una vez el Gobierno remite un proyecto de ley al Congreso, los diputados tienen 15 días para plantear enmiendas totales o parciales. Después, el Gobierno dispone de otros 15 días para responder. Las enmiendas tienen que votarse y, una vez finalizado el proceso, el Congreso vota el texto definitivo. En este caso, al tramitarse por urgencia, duraría la mitad.

Una vez convalidado en el Congreso, el proyecto de Ley pasa al Senado, donde también se tiene que debatir y votar. Saldrá adelante con mayoría simple.

Sólo cuando las Cortes le den su bendición, la ley se publicará en el BOE para su entrada en vigor.

El objetivo del Gobierno: aprobarla antes de octubre

Esto significa que podrían pasar meses antes de que la Ley vea la luz. El objetivo del Gobierno, sin embargo, es que la Ley esté lista para octubre. El calendario de reformas pactado con la Comisión Europea para recibir el dinero de los fondos europeos establece octubre como mes límite para aprobar la ley.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha aclarado que "nuestro escenario para aprobar esta ley sería el segundo semestre de 2022". 

Pero la tramitación parlamentaria puede ser lenta, entre otras cosas por la posible avalancha de enmiendas que reciba la ley. Es más, teniendo en cuenta que en 2023 habrá elecciones generales y las mayorías del Congreso podrían cambiar, hay dudas de que esta ley ni siquiera llegue a ver la luz y quede enterrada entre enmiendas. 

Ni siquiera cuando el Congreso la convalide entrará en vigor inmediatamente

Pero ni siquiera cuando el Congreso la convalide entrará en vigor inmediatamente. 

La Ley establece una vacatio legis, una figura jurídica que retrasa la entrada en vigor de algunos cambios, aunque el resto de la norma ya esté vigente. Concretamente, el Gobierno da a las comunidades un plazo de hasta 18 meses para aplicar el control de alquileres.

En esos 18 meses, las comunidades que estén interesadas en declarar zonas tensionadas y limitar los alquileres, tendrán que elaborar un índice oficial de precios de alquiler, con el objetivo de recabar la información necesaria que demuestre que se trata de una zona tensionada donde los alquileres han subido de forma abusiva.

¿Una patada hacia delante?

El problema es que la columna vertebral del control de precios, una de las medidas estrella de la Ley, es un índice oficial de alquileres que actualmente no existe. 

El Gobierno llegó a confeccionar un índice oficial, para cuya elaboración tardó tres años, pero sólo ofrece datos desde 2015 y hasta 2018. En cambio, para declarar zonas tensionadas y poder limitar los alquileres hacen falta datos de los últimos cinco años, por lo que el actual índice ni es reciente, ni abarca el periodo acumulado de cinco años que se necesita. 

Esta es la razón por la que la ley incorpora una vacatio legis, por la cual una vez la ley se apruebe la norma, podrán pasar hasta 18 meses antes de que entre en vigor el control de precios. 

Durante este tiempo, la administración tendrá que dar con un índice de precios actualizado y representativo. Por lo pronto aspira a hacerlo sirviéndose del registro de alquileres, donde los propietarios tendrán que registrar las viviendas que tienen en alquiler y por cuánto las alquilan. 

Pero sería muy optimista pensar que pueda lograr en 18 meses lo que no se ha conseguido en mucho más tiempo. Huelga decir que 18 meses es el periodo que falta para las elecciones generales en 2023...