La ley de vivienda prohibirá durante más de 30 años vender pisos protegidos a precio libre

Construcción

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  • El texto prohíbe la venta a precio libre de Vivienda de Protección Oficial que esté construida en suelo protegido, y la blinda durante 30 años en el resto de suelos.
  • El Gobierno quiere blindar los pisos protegidos y evitar el desmantelamiento de las VPO que hubo entre comunidades durante el pinchazo de la burbuja.
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La nueva ley de vivienda blindará los pisos de protección oficial. La norma, que hoy aprueba el Consejo de Ministros pone coto a la venta de vivienda protegida. Sólo en algunos casos podrán venderse a precio libre, y para eso tendrá que pasar un periodo mínimo de 30 años.

El texto, que aprobó el Gobierno en octubre y que hoy regresa al Consejo de Ministros, prohíbe la venta a precio libre de Vivienda de Protección Oficial (VPO) que esté construida en suelo protegido, y la blinda durante 30 años en el resto de suelos.

El actual régimen de las VPO establece que los pisos calificados como protegidos deben mantener esa condición durante un periodo mínimo. En ese tiempo, el piso no puede venderse libremente al precio que decida el propietario o la administración. 

Actualmente son las comunidades las que fijan cuánto tiempo tiene que pasar para descalificar la vivienda (quitarle la condición de protegida), y suele situarse entre los 10 y los 30 años.

Lo que hace la nueva ley es subir a 30 años el mínimo de tiempo que puede pasar antes de vender la VPO a precio de mercado. Salvo si se ha construido en suelo protegido, en cuyo caso, directamente, no puede venderse.

En su Anteproyecto de Ley por el Derecho a la vivienda, el Gobierno establece que, cuando las VPO se hayan construido en suelo protegido "estarán sometidas a un régimen de protección pública permanente". 

En el resto de supuestos (otros suelos no protegidos), la protección pública también será permanente, salvo que la normativa autonómica lo permita en su regulación, o que se fije "un plazo de calificación, que como mínimo deberá ser de 30 años".

¿Qué ocurre si se incumple y se vende antes de este periodo? Según la norma, "será necesaria la devolución de todas o parte de las ayudas percibidas".

¿Significa esto que las VPO no pueden venderse? No. Significa que los pisos protegidos mantienen su calificación de protegidos y, como tal, si se venden o alquilan, deberán mantener esta condición. Esto quiere decir que deberán venderse o alquilarse prioritariamente a personas inscritas en los registros públicos como demandantes de VPO y que el precio de venta o alquiler no es libre, es decir, que hay un precio máximo.

Según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, estas limitaciones no tendrán carácter retroactivo, señala El País. Esto significa que aquellas viviendas que no estén en suelo protegido podrán venderse cuando la normativa de su comunidad establezca. En cambio, las nuevas promociones en suelo no protegido estarán limitadas por el periodo de 30 años.

En cuanto a los pisos que ya estén en suelo protegido, no queda claro si hay efecto retroactivo. Como la ley establece que la calificación de suelo protegido es permanente, es posible que los propietarios de estas viviendas no puedan ya venderlas a precio libre.

El problema de esta medida, y que ya advirtió el Poder Judicial en su informe sobre la ley, es hasta qué punto el Gobierno está invadiendo competencias de las comunidades al fijar los periodos máximos de venta, ya que se trata de una competencia de las autonomías.

¿Qué pasa si el Gobierno aprueba la ley de vivienda sin el aval del Poder Judicial?

Evitar un desmantelamiento de las VPO como en el pinchazo de la burbuja

España cuenta con uno de los parques de vivienda pública más exiguos de Europa. Esto se debe, en parte, al desmantelamiento de las VPO que se produjo durante y después del pinchazo de la burbuja de la vivienda.

En la última crisis hubo muchas administraciones que vendieron grandes bolsas de pisos protegidos a fondos de inversión y entidades privadas. Eran tiempos de vacas flacas, y las comunidades necesitaban ingresos rápido.

Es el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. En 2013, el Gobierno de Esperanza Aguirre vendió casi 3.000 pisos de protección social a manos de un fondo privado, Encasa Cibeles. El año pasado, el Tribunal Supremo anuló la venta por considerarla ilegal. 

Este modus operandi fue la tónica general entre administraciones en tiempos de crisis. Después de eso, se fijaron una serie de controles para asegurar la legalidad de la promoción y concesiones de suelo público con entidades privadas. 

El desmantelamiento de VPO, sumado a la actual maraña burocrática han terminado entrampando la promoción de vivienda social. Con esta medida, el Gobierno pretende solucionar una parte del problema, evitando la sangría de VPO. El problema es que, mientras no se promuevan más (y para eso el sector privado necesita incentivos), la oferta de VPO seguirá siendo escasa en España.

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