La ley de vivienda se enquista: por qué el Poder Judicial cree que vulnera la propiedad privada y qué razones tiene Podemos tachar de "injustificable" el informe del CGPJ

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

  • El volantazo en el CGPJ retrasa la ley de vivienda. El Gobierno quería aprobarla hoy, pero tendrá que esperar a febrero.
  • El Poder judicial quiere enfatizar que la normativa podría vulnerar el derecho a la propiedad privada e invadir competencias de comunidades.
  • Unidas Podemos acusa al CGPJ de un "retraso injustificable" y de estar a favor de "las élites del ladrillo".
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Hoy iba a ser la puesta de largo de la nueva ley de vivienda. El Gobierno planeaba sacarla adelante en el Consejo de Ministros de hoy, pero los últimos movimientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han dado al traste con sus planes.

Resulta que, antes de aprobar la norma, el Ejecutivo quería contar con el visto bueno del CGPJ. Este órgano tenía que emitir un informe en el que valorara si la nueva ley respeta la Constitución española o si, por el contrario, hay resquicios legales que puedan vulnerar derechos fundamentales.

El CGPJ elaboró una propuesta la semana pasada, pero a la hora de votarla, parece que no hubo acuerdo. Los miembros del consejo tumbaron el primer informe y ordenaron preparar uno nuevo. 

El Gobierno contaba con que el informe estaría listo a finales de la semana pasada, pero el volantazo en el CGPJ ha retrasado los planes de aprobación. 

El ala socialista del Gobierno ha encajado la noticia con resignación, pero entre los socios de Unidas Podemos ha sentado como un jarro de agua fría, y acusan a la Justicia de un "retraso injustificable" y de estar a favor de las "élites del ladrillo".

Ahora, el CGPJ tiene que preparar un nuevo informe, pero no estará listo hasta el 27 de enero, por lo que el Gobierno tendrá que esperar hasta febrero por lo menos para aprobar la ley.

¿Por qué se ha retrasado la Ley de vivienda?

Porque antes de aprobarla en el Consejo de Ministros, el Gobierno quiere contar con el respaldo del Consejo General del Poder Judicial a través de un informe que avale la constitucionalidad de la ley.

El Gobierno envió el texto legal al CGPJ el pasado 1 de diciembre, para su tramitación urgente. Para ello, el órgano contaba con un plazo de 15 días hábiles. Esto significa que el informe debería haber estado listo a finales de diciembre.

El problema es la alta carga de trabajo que se acumula en los órganos judiciales, y que ha retrasado la elaboración del informe hasta bien entrado enero. 

El martes pasado, el CGPJ elaboró finalmente la propuesta del informe, pero ésta fue rechazada por la mayoría de los vocales.

¿Qué decía el primer informe? 

Los vocales del CGPJ se reunieron el viernes pasado para evaluar la propuesta. El informe lo había elaborado uno de los ponentes del órgano, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta. 

En su propuesta, Cuesta respaldaba la constitucionalidad de la norma, pero advertía de algunas imprecisiones: Avisaba de falta de concreción en las reglas que pretendían limitar los precios del alquiler, y también criticaba la falta de justificación de la necesidad de un control de precios de alquiler. 

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¿Por qué rechazó la propuesta el CGPJ? 

La propuesta de Cuesta no pareció convencer a los vocales, porque 15 votaron en contra y sólo seis lo hicieron a favor. Es más, hasta cambiaron a los ponentes: los vocales del nuevo informe que elaborará el organismo serán José Antonio Ballestero y Enrique Lucas. 

En cuanto a por qué se ha rechazado el informe, las razones de los vocales parecen basarse en que la primera propuesta no ponía suficiente énfasis en señalar los dos grandes problemas de la ley de vivienda: que podría vulnerar el derecho a la propiedad e invadir competencias autonómicas.

"El segundo informe parece enfatizar que no está claro que la ley proteja el derecho a la propiedad privada", avisa José García Montalvo, catedrático de Economía en la Universitat Pompeu Fabra y profesor Investigador de la Barcelona GSE y el IVIE.

Según explica García Montalvo, además, el segundo informe pretende incidir en otro problema que también citaba la primera propuesta, y es pedir que la ley muestre evidencia empírica de que medidas como el control de alquileres funcionan.

"Esto es algo que se hace mucho en EEUU, con temas de discriminación o competencia, donde hay jueces expertos que se guían por indicadores objetivos y dictan sentencias basadas en esa evidencia", señala García Montalvo.

El objetivo, básicamente, es asegurarse de que las medidas que introduce la nueva ley funcionan. "Si medidas como el control de precios no tienen una evidencia empírica de mejora, para qué la vas a aplicar, si vas a colapsar los juzgados con demandas y a erosionar el significado del derecho de propiedad", apunta, y añade: 

"Por mucho que esto le dé lo mismo al poder legislativo, al poder judicial no".

¿Por qué piensa el CGPJ que la ley puede vulnerar la propiedad privada?

En la ley de vivienda hay dos derechos fundamentales en conflicto. Por un lado, está la voluntad por parte del Gobierno de garantizar el uso social de la vivienda. Por otro lado, está el derecho a la propiedad privada que tienen los propietarios sobre sus inmuebles.

Hay algunas medidas contempladas en la nueva norma que podrían poner en juego el equilibrio entre estos dos derechos. Por ejemplo, si las comunidades o ayuntamientos fijan un límite de precios para los alquileres, significa que los propietarios no pueden decidir libremente el valor al que alquilan su propiedad.

Lo que el CGPJ dice es que, para que exista un equilibrio entre estos dos derechos (propiedad y función social de la vivienda), hace falta delimitar con precisión dónde acaba uno y empieza el otro, y que en ese sentido, la Ley de vivienda no es suficientemente precisa.

"Si esto no está definido, cualquier vivienda estaría sujeta a este desequilibrio, lo que generaría inseguridad jurídica, y esto es algo que también decía el primer ponente. Si se quiere hacer una Ley, tiene que ser clara, no vale con poner simplemente lo que dice la Constitución", añade García Montalvo.

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¿La nueva ley invade competencias autonómicas?

Otra de las críticas del CGPJ a la ley es que podría invadir las competencias de las comunidades autónomas en materia de vivienda.

Pero, ¿de verdad es así? No exactamente.

Es cierto que las competencias en materia de vivienda están en manos de las comunidades autónomas. "¿Por qué en más de 40 años de democracia no ha habido una ley estatal de vivienda? Porque la administración central no tiene competencias, este es el principal inconveniente que les surge a los jueces", señala Gonzalo Bernardos, profesor Titular y director del Máster Inmobiliario de la Universidad de Barcelona.

Sin embargo, matiza Bernardos, hay excepciones. Las comunidades y ayuntamientos tienen las competencias en materia de vivienda, salvo las relativas a propiedad horizontal, normativa sobre valoraciones y arrendamientos urbanos

En materia de arrendamientos, por tanto, es el Estado el que legisla. Ésta es la razón, de hecho, por la que el Tribunal Constitucional tumbó el decreto catalán que regulaba el precio de los alquileres: porque Cataluña, como comunidad, no tiene competencias para legislar en materia de arrendamientos, donde la que manda es la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de carácter estatal.

En ese sentido, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se mostró ayer segura de que "cumple estrictamente con la ley y también respeta escrupulosamente las competencias de las comunidades autónomas".

¿Tiene razón Podemos al tachar de "injustificable" el informe del CGPJ?

El viraje del CGPJ ha sentado como un jarro de agua fría en Unidas Podemos, que acusó ayer al CGPJ de provocar un "retraso injustificable" de la nueva ley, "extralimitarse" en sus competencias y estar a favor de las "élites del ladrillo".

Es cierto que el rechazo de un primer informe supone un retraso en la aprobación de la ley. No obstante, disponer de ese tiempo puede ser necesario si se quiere conseguir una ley que respete el equilibrio de derechos constitucionales y evitar posibles resquicios que provoquen inseguridad jurídica.

Por otro lado, también es cierto que el CGPJ ahora mismo tiene mayoría conservadora. Pero esto no significa necesariamente que esté a favor de las "élites del ladrillo". Hacerlo significaría poner en tela de juicio el sistema judicial. Cabe recordar, además, que el primer informe lo elaboró un ponente que es exdiputado socialista.

"El primer informe también tenía cargas sustanciales. Parece que, como el segundo informe lo redactan dos ponentes conservadores, ya el CGPJ está politizado. Pero muchas cosas del segundo informe ya venían en el primero", añade García Montalvo.

¿Se está extralimitando el Poder Judicial en sus funciones?

Tanto desde Podemos como el área socialista del Gobierno consideran que el Consejo General del Poder Judicial se está extralimitando en sus funciones a la hora de elaborar algunas de las conclusiones del informe. 

Según el Gobierno, el Poder Judicial sólo debería pronunciarse sobre temas procesales, y no sobre lo que, considera, son cuestiones políticas. 

La función consultiva del CGPJ sólo contempla emitir informes sobre "cualquier cuestión que el Gobierno (y otras administraciones e instituciones públicas) estimen oportuna". Pero no determina sobre qué aspectos debería centrarse dicho informe. 

Es más, una de las razones por las que puede elaborar informe es sobre "normas que afecten al funcionamiento de los tribunales" y, teniendo en cuenta la elevada litigiosidad de algunas medidas incluidas en la ley, es lógico que la justicia quiera pronunciarse ante el temor de un aluvión de reclamaciones.

¿El Gobierno tiene que obedecer lo que diga el CGPJ?

No tiene la obligación de hacerlo. El informe que elabora el CGPJ no es vinculante. Si el Gobierno quería tenerlo antes de aprobar la ley era para saber a qué atenerse y asegurarse de que no vulnera principios constitucionales o cuestiones procesales. Básicamente, quería tener la bendición de la Justicia antes de aprobar la ley.

Pero precisamente por eso, aunque lo que diga el CGPJ no sea vinculante, sí es importante. 

"Lo que diga el informe puede tener repercusiones muy importantes, porque puede dar lugar a muchos conflictos judiciales. Si el propio CGPJ se manifiesta en contra de algunos aspectos de la ley, habrá personas afectadas que se agarren a esos argumentos para recurrirla. El Gobierno puede tirar para adelante peor lo sensato es rectificar", añade Bernardos.

"En Berlín lo hemos visto cuando aplicaron el control de precios: juzgados colapsados con propietarios que no estaban de acuerdo", avisa Montalvo. Esta es la postal que podría reproducirse si la ley se aprueba sin el aval judicial.

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