Lime pide al Gobierno un marco regulatorio para los patinetes que fije unas bases a nivel nacional: "Se trata de que aporte seguridad jurídica"

La empresa de patinetes eléctricos compartidos Lime pide al Gobierno que cree un marco regulatorio a nivel estatal que ayude a los ayuntamientos a gestionar estos vehículos en su ámbito.

Es lo que ha manifestado este miércoles el director general de Lime en España, Portugal y Latinoamérica, Álvaro Salvat, en una entrevista con Business Insider España.

Dicha regulación incluiría cuestiones clave como dónde aparcar, por dónde se puede circular, velocidad máxima o cómo hacer un concurso público que determine qué empresas pueden operar y con cuántos vehículos en cada población, según sugiere la californiana Lime.

"Nos encantaría que se crease un marco nacional y que los ayuntamientos no tuviesen que soportar esta presión de trabajo, porque también sabemos que tienen los recursos limitados. Sabemos de muchísimos ayuntamientos que están pidiendo esto", expresa Salvat.

Este "esfuerzo regulatorio" buscaría sentar unas bases concretas que puedan ser aplicadas directamente por las autoridades locales y que aporte "seguridad jurídica" a estas compañías, para las que no muchas ciudades no tienen una legislación específica.

Lo cierto es que las empresas de patinetes compartidos ode sharing están encontrando dificultades para establecerse en ciudades españolas más allá de en Madrid y Málaga: en Barcelona, estos vehículos no están regulados, y se les persigue y multa; Valencia también los rechaza y algunas otras, como Sevilla y Zaragoza, ahora están impulsando concursos públicos para repartir licencias.

Todo ello ha provocado que multitud de estas compañías hayan dejado el país en el último año y medio. Prácticamente ya solo quedan las americanas Lime, Bird y las españolas Movo (Cabify), Reby y Buny; que sobreviven pese al impacto que ha provocado en sus cuentas la pandemia.

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Pero los e-scooters compartidos llevan en España desde 2018, siendo Lime la primera que desplegó, ese agosto en Madrid, y los ciudadanos aún tienen que buscar en las webs de sus ayuntamientos respectivos por dónde pueden circular con ellos, lo que genera una confusión que el directivo considera innecesaria.

"A día de hoy, si los ayuntamientos no se ponen las pilas ya será una exigencia ciudadana más que parte de un programa político", indica el alto cargo, algo en lo que Lime España se muestra dispuesta a ayudar a los gobiernos locales o a la DGT o al Gobierno, con el que ya ha mantenido conversaciones al respecto, aseguran.

Salvat también advierte de que la no regulación del sector puede provocar la entrada de "empresas paraguas" o de despachos de abogados o consultoras, que no se dedican al sector —como sucedió con la primera licitación de licencias, la del Ayuntamiento de Madrid— "y esto no es la voluntad del ayuntamiento pero sí es la consecuencia de una regulación que se ha hecho con recursos limitados".

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Lime prevé expandirse a un mayor número de ciudades españolas durante el 2021, año en que espera alcanzar la rentabilidad que en un inicio había previsto para este.

La empresa se ha visto impulsada a nivel mundial estos últimos meses a pesar de la pandemia del coronavirus —su CEO ha llegado a decir que el coronavirus "ha convertido lo que era un viento de cara en un viento de cola"—, crecimiento que, asegura, ha experimentado también en España, aunque no ha facilitado datos económicos al respecto.

Ahora mismo cuenta con entre 600 y 1.000 empleados en todo el mundo. Este año también ha absorbido los patinetes y bicicletas Jump, de Uber, tras una inversión de 170 millones de dólares de la empresa de coches con conductor en Lime.