El Gobierno y los sindicatos firmarán el lunes su acuerdo para regular el teletrabajo de los funcionarios, un día antes de aprobar por decreto la Ley de Trabajo a Distancia

Mientras la mayoría de empresas está planificando la vuelta de sus plantillas al trabajo presencial o ya lo han completado, las administraciones públicas están cada vez más cerca de implantar el teletrabajo. Mientras sigue pendiente la aprobación de la Ley del Trabajo a Distancia, que regulará sus condiciones en el sector privado, el público podría contar con una normativa propia a partir del próximo lunes.

Así, el Gobierno y los sindicatos con representación en las administraciones públicas, CCOO, UGT, CSIF, CIG y LAB, han acordado la normativa que regulará el trabajo a distancia entre los funcionarios y el personal laboral del sector público y prevén ratificar este acuerdo el próximo lunes en la Mesa General de las Administraciones Públicas, donde también estás representadas las autonomías y los municipios, según avanzaCinco Días.

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Los 3,2 millones de trabajadores del sector público podrán desempeñar su trabajo a distancia al modificarse el artículo 47 bis del Estatuto Básico del Empleado Público, que señala que podrán prestarse servicios del ámbito del puesto de trabajo "siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación”.

Además, el acuerdo entre Gobierno y sindicatos establece que el teletrabajo en las administraciones públicas será voluntario y reversible, deberá contar con autorización y ser compatible con el trabajo presencial, aunque precisa que los detalles concretos del desarrollo del trabajo a distancia se desarrollarán en “la negociación colectiva del ámbito correspondiente”.

Los sindicatos han asegurado a Cinco Días que respaldan este acuerdo por ampliar a los funcionarios las condiciones del trabajo a distancia del que ya se hace uso en las empresas privadas. UGT ha destacado que apoya el texto porque “garantiza la atención presencial y directa a la ciudadanía” y establece una normativa aplicable de forma estructural y también en momentos de necesidad puntual, como ha sucedido durante la pandemia de coronavirus.

Por su parte, CCOO también ha señalado que la normativa para el trabajo a distancia en la función pública “garantiza tanto la prestación presencial del servicio público a la ciudadanía como los derechos de las empleadas y empleados públicos”, mientras que el sindicato de funcionarios CSIF ha celebrado el acuerdo y ha manifestado su intención de ampliar la negociación a "las retribuciones o la oferta de empleo público”.

Y, mientras el sector público ve más cerca la regulación del teletrabajo, sigue pendiente la aprobación de la Ley del Trabajo a Distancia, que regulará sus condiciones en el sector privado. El Ministerio de Trabajo ha iniciado los trámites para que este anteproyecto de ley se apruebe por decreto en el Consejo de Ministros del próximo martes, según Cinco Días, que asegura que patronales y sindicatos se reunieron este jueves para buscar un acuerdo.

La aprobación de la ley sobre teletrabajo es necesaria para mantener sus condiciones, una vez que el próximo martes concluye el periodo en el que el trabajo a distancia goza de carácter preferente al terminar la vigencia del decreto de medidas urgentes para afrontar la pandemia de coronavirus. Sin embargo, la Ley de Trabajo a Distancia podría aprobarse sin acuerdo entre sindicatos y patronales, tal y como ha señalado este jueves el secretario general de CCOO, Unai Sordo.