Madrid aprueba un proyecto de ley para que las VTC sigan operando dentro de las ciudades a partir de octubre, cuando vencía el plazo del 'decreto Ábalos'

Coche con licencia VTC
Ricardo Rubio/Europa Press
  • La Comunidad de Madrid ha aprobado un proyecto de ley que permitirá a las VTC operar dentro de las ciudades, pero sin recoger en la calle ni usar paradas.
  • El sector estaba pendiente de una regulación a 6 meses de que caducara el plazo dado por el 'decreto Ábalos', que obligaba a las VTC a solo prestar servicios interurbanos.
  • La Federación Profesional del Taxi de Madrid denunciará a la Comunidad, mientras que la patronal de VTC Aseval pide a otras regiones que también regulen el sector.
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La Comunidad de Madrid acaba de aprobar un proyecto de ley que permitirá a los vehículos VTC seguir circulando por las ciudades de la región, entre ellas la capital, antes del mes de octubre, cuando vencía el plazo dado por el 'decreto Ábalos' de 2018, que les obligaba a solo hacer transporte interurbano.

A 6 meses de que caducara el plazo que les daba el Real Decreto Ley 13/2018 para operar en el interior de las ciudades —este decreto obligaba a las VTC a dedicarse a transporte interurbano, pero daba a las comunidades autónomas la posibilidad de regular las condiciones de explotación—, Madrid ha modificado su Ley 20/1998 de transportes urbanos, que tendrá que ser aprobada por la Asamblea regional.

Con este cambio, los vehículos VTC podrán circular por la capital, aunque no podrán acceder a determinadas condiciones reservadas al taxi de forma exclusiva, como la recogida en la calle o en paradas específicas, según informa el Gobierno madrileño. La Comunidad de Madrid no establece un periodo mínimo de precontratación, a diferencia de Cataluña (15 minutos) o la Comunidad Valenciana (1 hora).

Las empresas de VTC piden regular el sector a un año de que se les prohíba circular dentro de las ciudades, lo que afectaría a más de 22.000 trabajadores y 8 millones de usuarios

Manifestación de conductores de VTC en 2019.

Madrid creará una nueva autorización "para la actividad de arrendamiento de coches con conductor" y podrá denegar una nueva licencia cuando se supere el porcentaje de 1/30 respecto a los taxis, una proporción que está excedida desde hace años, ya hay al menos un VTC por cada 6 taxis.

Según el Gobierno madrileño, su objetivo es "garantizar la mejor y más completa oferta de transporte a los madrileños, fomentar la libertad de elección, la actividad económica, el empleo y la competencia, por lo que convivirán todas las modalidades de desplazamiento de viajeros".

El sector del taxi denunciará a la Comunidad de Madrid

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha anunciado este miércoles que denunciará a la Comunidad de Madrid por "extralimitarse en sus competencias" al crear esta nueva autorización, que bajo su punto de vista choca con la licencia estatal.

Según la agrupación de taxistas madrileña, con esta norma el obierno regional madrileño "se salta la normativa estatal de nuevo" y da a las empresas de VTC "una normativa hecha a su medida" que  "precariza y menosprecia al sector del taxi".

"El Gobierno de Isabel Diaz Ayuso continúa avanzando en su camino firme de condenar al sector del taxi y acciones como esta, en las que, como mínimo, roza la prevaricación y emite una nueva ley no consensuada ni informada al sector del taxi", ha declarado el presidente de la FPTM, Julio Sanz, según recoge Cinco Días.

La patronal de VTC pide a las otras comunidades que "no miren hacia otro lado"

La asociación de empresas de VTC Aseval ha manifestado su satisfacción con la medida, que su presidente, Ignacio Manzano, ha considerado "un paso decisivo para salvar la VTC, un sector que genera miles de empleos estables e inversiones". 

La Comunidad de Madrid representa un 45% del total de las licencias de VTC concedidas en España, con 7.908 autorizaciones, según las compañías del sector, que emplean a 13.000 personas y aseguran que generan 1.000 millones de euros solo en la capital.

"El resto de las comunidades autónomas no pueden mirar hacia otro lado en este momento. Nos jugamos el futuro de miles de trabajadores y cientos de empresas, que se han visto contra las cuerdas debido a la inseguridad jurídica que impera en el sector desde el decreto Ábalos de 2018", ha añadido el presidente de Aseval.

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