La nueva mayoría del Constitucional tendrá la última palabra sobre la votación de la reforma laboral o los recursos presentados al nuevo impuesto a los ricos

Edificio del Tribunal Constitucional.

REUTERS/Juan Medina

  • Los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) dan al ala progresista –y más cercana al Gobierno de coalición– la mayoría en el tribunal de garantías.
  • Los recursos presentados por el PP y Vox por leyes como la del aborto, la eutanasia, la votación de la reforma laboral y el impuesto a los ricos, serán ahora debatidos por una mayoría progresista del TC. 

Hoy se han renovado 4 de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional (TC), lo que ha inclinado la balanza hacia una mayoría progresista. 

El cambio de timón dentro del órgano judicial más importante del país supone que el ala progresista no tenga dificultad para debatir y desestimar los recursos presentados por el PP y Vox a lo largo de la legislatura de Pedro Sánchez. 

Los candidatos presentados por el Gobierno de Coalición son Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y Laura Díez, ex directora general del Ministerio de Presidencia, mientras que los del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son César Tolosa, magistrado del Tribunal Supremo, y María Luisa Segoviano, magistrada jubilada del mismo órgano. 

Los 4 han sido avalados en el Pleno Gubernativo, concluyendo así su renovación. Ya elegidos por unanimidad, jurarán el cargo ante el Rey Felipe VI para un mandato de 9 años. 

Ante el bloqueo de las instituciones judiciales y la injerencia de los procesos jurídicos en las decisiones políticas, el nombramiento de los nuevos miembros del TC supone también el primer paso para renovar los mandatos caducados y volver a la normalidad institucional dentro de los marcos que marca la Constitución. 

Sánchez saca pecho de 2022 y asegura haber cumplido más del 70% de los compromisos que adquirió en su investidura

Con el nuevo constitucional serán 7 jueces progresistas y 4 conservadores los que tengan que debatir los recursos presentados por leyes como la ley de plazos del aborto, la ley Celáa, la ley de eutanasia, pero también sobre la votación de la reforma laboral en el Congreso y el impuesto a los ricos del Gobierno. 

La tensión en torno al Constitucional ha sido alta desde hace varias semanas. Aunque la renovación del CGPJ ha sido objeto del tira y afloja entre Gobierno y oposición, la decisión del TC de aceptar el recurso del PP y paralizar la tramitación en el Senado de la reforma judicial, parece ser la gota que ha colmado el vaso

Por primera vez en su historia, el Constitucional intervenía las Cortes Generales ante un recurso presentado por el PP ante la decisión del Gobierno de coalición de introducir 2 enmiendas a la proposición de ley que deroga el delito de sedición y que modificaban el sistema de elección de los miembros del tribunal de garantías. La fórmula elegida por el Gobierno para aprobar estas medidas impedía a los diputados debatir las enmiendas en sede parlamentaria. 

Ahora que el Poder Judicial y el Gobierno han elegido a sus candidatos para renovar el TC, la conformación del tribunal le da la mayoría a los progresistas (el ala de la izquierda) para pronunciarse en contra de los recursos interpuestos por los partidos de la derecha. 

El impuesto a los ricos del Gobierno, frente a recursos interpuestos por Andalucía y Madrid

La reforma laboral, una de las medidas estrellas del Gobierno de Coalición, fue aprobada in extremis gracias a la equivocación de un diputado del PP

Una de las votaciones más importantes de la legislatura acabará con sentencia del Tribunal Constitucional ante el recurso que el Partido Popular, Vox y el propio Alberto Casero (diputado del PP que votó a favor por error) presentaron contra la presidenta del Congreso, Meritxel Batet. 

Aunque Casero avisara del error cometido, los letrados del Congreso concluyeron que el voto fue válido y que no cabía revocación del sentido de la votación, por lo que la última palabra la tendrán ahora los magistrados del TC, ahora más favorables a desestimar el recurso del PP. 

La IA podría aumentar de forma significativa nuestra implicación en los procesos políticos: "Se trata de una propuesta para hacer más democracia"

Por otro lado, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, e Isabel Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, piden medidas cautelares para frenar el impuesto a los ricos del Gobierno y que podrán presentar una vez que la norma entre en vigor durante el día de hoy en el BOE. 

Ambas comunidades, lideradas por el PP, han sido muy críticas con el llamado Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas y que pretende hacer frente a la reducción de impuestos que están implantando los gobiernos autonómicos como Madrid o Andalucía. 

Aunque no hay fecha de deliberación de los recursos interpuestos para esta ley —todavía se tienen que presentar—, ante el vuelco a una mayoría progresista en el Constitucional, el Gobierno de Sánchez no tiene ahora mucho por lo que temer que la decisión ante los recursos presentados por la oposición afecten negativamente en las próximas elecciones generales de 2023. 

Descubre más sobre , autor/a de este artículo.

Conoce cómo trabajamos en Business Insider.