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Los mil casos de ETA que están más cerca de resolverse

Acto conmemorativo de los asesinatos de Fernando Mugica y Joseba Pagazaurtundua en Andoain
Acto conmemorativo de los asesinatos de Fernando Mugica y Joseba Pagazaurtundua en Andoain, encabezado por la eurodiputada Maite Pagazaurtundua, el nieto de Mugica y el filósofo Fernando Savater. Gorka Estrada/EFE
  • La entrega ha supuesto que centenares de armas y terabytes de información pasen a España tras más de veinte años en el país vecino.
  • En España quedan centenares de causas por terrorismo abiertas o de autoría indefinida, que ahora podrían esclarecerse.
  • El Gobierno aprovechó la creciente preocupación europea por el terrorismo islámico para promover la colaboración entre países, que no siempre ha sido fluida.

Aunque ya hace siete años que ETA declaró el alto el fuego y uno desde que entregó a la la policía los datos de geolocalización de lo que quedaba en sus zulos, aún quedan casi mil nombres por ponerle a las atrocidades que la banda cometió, que se calcula que han dejado 850 muertos en sus 59 años de historia. 

Ha sido una reclamación histórica de las víctimas que ahora, por fin, podría verse resuelta y, con ello, darle la puntilla a las actividades de la banda. Todo gracias a que Francia ha entregado, a principios de este mes, el archivo de armas y documentos que llevaba más de veinte años acumulando sobre ETA, y que el Gobierno español ha reclamado para esclarecer los crímenes pendientes y completar las sentencias de muchos otros casos.

Concretamente, hay cuatrocientos atentados cometidos por ETA sin resolver, y se calcula que en un número enorme los resueltos y con sentencia firme están cerrados en falso: en muchos de ellos hay condenas contra los autores intelectuales pero no contra los autores materiales.

Dos camiones por la frontera

Entrega de armas y documentos de ETA de Francia a España
Imágenes facilitadas por el Ministerio del Interior de la operación de entrega de documentación, a principios de este mes. Ministerio del Interior/EFE

Todo ocurrió en secreto y discretamente los días 5 y 6 de febrero de 2018. Dos convoyes, en días consecutivos, cruzaron camuflados la frontera entre Francia y España. Eran dos camiones escoltados por el Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil que contenían unas 300 armas y miles de folios de documentación incautada a ETA a lo largo de dos décadas, y que el país galo tenía guardada o desperdigada por juzgados de todo el país.

Ahora, tras un fortalecimiento en las relaciones entre ministerios del Interior y servicios de inteligencia a resultas de la amenaza del terrorismo islamista en Europa, se ha consumado el esperado acuerdo.

El procesamiento de estas armas y documentos, que luego serán puestas a disposición del memorial para las víctimas del terrorismo de Vitoria, tiene por objeto cotejar todas las señales de balística y cabos sueltos en las investigaciones españolas.

Leer más: Las ocho amenazas más importantes que debemos vigilar este 2018

Se trata de un paso esperado por las familias de las víctimas, pero también uno de los únicos posibles para el Gobierno de España: en 2011, con el anuncio del fin de la violencia, el Gobierno (entonces socialista) promovió la conocida como "vía Nanclares", que ofrecía beneficios penitenciarios a los etarras que se alejasen de la banda. Se pretendía con ello obtener algunas informaciones, pero la medida no surtió tanto efecto como se esperaba.

La política penitenciaria tuvo, además, un serio revés dos años más tarde, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (que también acaba de condenar a España por el trato dispensado a dos terroristas en 2011) tumbó en 2013 la conocida como "doctrina Parot", lo cual supuso la liberación inmediata de los peores criminales de España (y muy especialmente de terroristas destacados). La doctrina Parot era un dispositivo del Tribunal Supremo español que aplicaba unas condiciones de encarcelamiento especialmente prolongadas a autores de delitos graves.

Una difícil historia de la cooperación entre España y Francia

Ya en 1990 contaban las crónicas que la sintonía entre España y Francia era paupérrima en materia de terrorismo. No en vano, pocos años antes el Gobierno español había organizado un grupo armado, el GAL, que cruzó la frontera con Francia en repetidas ocasiones y de manera clandestina para secuestrar o matar a terroristas refugiados en el país vecino.

Los choques eran constantes y la burocracia, enorme. Con los años, con todo, las administraciones de un país y otro fueron limando asperezas hasta lograr, primero, que los juzgados y policías de ambos lados de la frontera pudiesen colaborar sin necesidad de recorrer toda la escala administrativa y ministerial; luego, que se promoviese un acuerdo de ámbito europeo.

Francia, con todo, siempre había sido renuente a compartir algunos materiales (como este archivo), hasta ahora. Con el 60 aniversario de ETA, que se cumplirá en 2019, podría llegar su final.

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