15 millones de multa a España por no transponer a tiempo una directiva de protección de datos en investigaciones penales

Fernando Grande Marlaska
Reuters
  • España recibe una sanción de 15 millones de euros del TJUE por no transponer a tiempo una directiva europea de protección de datos durante investigaciones penales.
  • La Comisión Europea resume que el Gobierno ha persistido en su incumplimiento puesto que en mayo de este año todavía no se había transpuesto dicha directiva.
  • El plazo para la transposición de dicha directiva terminó a mediados de 2018, poco antes de que el actual Gobierno llegara al poder.
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No se ha llegado a tiempo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha impuesto una multa de 15 millones de euros y otra multa coercitiva de 89.000 euros diarios a España, hasta que no transponga una directiva europea de protección de datos en el marco de las investigaciones penales.

La sanción llega a pesar de que el propio Gobierno llevó al Consejo de Ministros del pasado 9 de febrero un proyecto de ley cuyo objetivo era precisamente transponer esta directiva europea.

En un comunicado que ha remitido el TJUE a los medios de comunicación, se detalla que la sentencia recoge cómo España "no ha adoptado las medidas nacionales" para transponer la directiva, según denunciaba la propia Comisión Europea.

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Se trata de una directiva cuyo plazo para transposición terminó el 6 de mayo de 2018, apenas unos días antes de que prosperase la moción de censura contra el anterior Gobierno de Mariano Rajoy (PP), y que llevó a Pedro Sánchez (PSOE) al poder. La Comisión escribió a España en julio de ese año para conocer si el Estado planeaba adoptar las medidas pertinentes para la transposición de la norma.

No hubo contestación a ese escrito, por lo que la Comisión volvió a insistir en enero de 2019. En marzo de 2019, España contestó al dictamen motivado de la Comisión Europea, en el que se advirtió que la transposición estaba en curso y que el procedimiento parlamentario podría concluir en marzo de 2020.

No obstante, la doble cita electoral que se celebró en España durante ese año —abril y noviembre— ha dilatado los procesos, ya que en aquel año el Gobierno estuvo la mayor parte del tiempo en funciones. "España no niega haber incumplido sus obligaciones de adoptar y comunicar las medidas de transposición", recoge el comunicado del TJUE.

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Pero también reconoce "las circunstancias institucionales muy excepcionales que han retrasado las actividades del Gobierno y del Parlamento nacional". También asume que esas circunstancias mencionadas "son de singular relevancia a la hora de valorar la proporcionalidad de las sanciones propuestas por la Comisión".

Sin embargo, el TJUE defiende que España "ha persistido en su incumplimiento" puesto que "en la fecha de terminación de la fase escrita ante el Tribunal de Justicia" —mayo de 2020— España "todavía no había adoptado ni comunicado las medidas necesarias para garantizar la transposición de las disposiciones de la directiva al derecho español". En mayo España estaba inmersa en las primeras semanas de la pandemia.

Business Insider España ha remitido varias preguntas al Ministerio de Interior, encargado de elevar el proyecto de ley que ya se aprobó en el Consejo de Ministros de este mes. Por el momento, no ha habido respuesta.

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