La multa anulada a Intel de 1.060 millones de euros es el enésimo ejemplo de cómo la batalla que Europa libra con las tecnológicas es demasiado lenta para los consumidores
- La anulación de una sanción a Intel esta semana revela los problemas por los dilatados plazos legales que siguen algunos casos relacionados con la competencia.
- La sanción anulada, de 1.060 millones de euros, dirimía si Intel había abusado de su posición de dominio entre 2002 y 2007, algo que ocurrió hace casi 20 años.
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Este miércoles trascendió una decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE). Anulaba una multa que la Comisión Europea impuso a Intel en mayo de 2009 y que alcanzó la cifra récord (entonces) de 1.060 millones de euros (unos 1.200 millones de dólares).
La Comisión entendía que Intel había abusado de su posición de dominio en el mercado de los procesadores con arquitectura x86 entre 2002 y 2007. Esos abusos habrían arrancado, por lo tanto, hace 20 años. La sanción se elevó hace 13 años. La anulación definitiva de la misma se conoció esta misma semana.
Se trata de un culebrón de décadas que demuestra, una vez más, cómo la batalla que las autoridades europeas libran al tratar de regular a las grandes tecnológicas adolece de un problema: es demasiado lenta. Así lo interpretan entidades como BEUC, una plataforma que aúna a las organizaciones en defensa de los derechos de los consumidores de toda la Unión Europea.
"El fallo del TGUE sobre Intel demuestra por encima de todo que hay un auténtico problema sobre la forma en la que Europa intenta hacer cumplir las leyes de competencia. Este caso comenzó a principios de los 2000, hace más de 21 años. ¡Estos procedimientos deben acelerarse de forma urgente!, reivindicaba la plataforma en un tuit.
No es la primera vez que organizaciones como BEUC (que se integra por asociaciones como la española OCU) se pronuncian sobre los problemas europeos a la hora de velar por las leyes de competencia y el papel de las grandes tecnológicas en sus respectivos mercados.
La propia sentencia sobre la multa a Intel que se ha conocido esta semana viene de un largo viaje procesal. En un primer momento, el TGUE respaldó la multa de la Comisión Europea: un primer recurso del fabricante de procesadores fue desestimado por el organismo judicial en 2014. Sin embargo, una decisión del Tribunal de Justicia (TJUE) en 2017 obligó al TGUE a volver a pronunciarse.
Y lo ha hecho ahora. Las primeras reacciones de las dos partes fueron prudentes. Intel emplazó a los medios a esperar unas horas para contar con un análisis jurídico de la sentencia en profundidad. Margrethe Vestager, comisaria de Competencia de la Comisión Europea, adujo que estudiaría "en detalle" la misma para comprobar qué se había ganado y qué se había perdido.
Las exigencias de las plataformas de consumidores
Pero que el proceso se haya dilatado durante tantos años es una demostración de lo que las plataformas y organizaciones en defensa de los consumidores vienen advirtiendo desde hace ya un tiempo.
A la espera de que se desbloqueen las nuevas regulaciones tecnológicas que se incluyen en el paquete DSA (siglas en inglés de Ley de Servicios Digitales, que también comprenderá el DMA o Ley de Mercados Digitales), las plataformas de consumidores lamentan desde hace años que la ausencia de demandas colectivas en la Unión ralentice muchos procesos.
Un ejemplo reciente es el de Apple y la denunciada obsolescencia que sufrieron los usuarios de su iPhone 6: BEUC tramitó demandas en España, Bélgica y después en Italia en las que reclamaban indemnizaciones de 100 euros por cada usuario, en calidad de daños y perjuicios.
Mientras que en algunos países de la Eurozona las demandas colectivas ya son una realidad, en otros estados miembro no. Eso abre la puerta a que la justicia funcione a dos velocidades, y el escándalo de las emisiones en los vehículos de Volkswagen ilustró bien el problema. En EEUU el fabricante de coches ya ha sumido millones de dólares en sanciones. En Europa los procesos no han terminado.
La Eurocámara aprobó en noviembre de 2020 unas reglas negociadas para los 27 con las que se crearía un modelo armonizado con representación en todos los países de la Unión, con el objetivo de reforzar la defensa de los consumidores.
De esta manera, los países tendrán que crear un sistema de representación legal y eficaz para que despachos de abogados y organizaciones de consumidores puedan iniciar procedimientos legales transnacionales siempre y cuando su trayectoria y utilidad pública les avale.
Demandas que siguen acumulándose
Mientras eso acaba sucediendo, a las organizaciones de consumidores no les quedará otra que seguir haciendo la guerra por su lado, aunque sea de forma coordinada, como reflejaron el caso de Apple en tres países simultáneos. Eso, o seguir esperando a resoluciones de las autoridades de competencia que puedan seguir demorándose lustros.
El TGUE se pronunció a finales del año pasado sobre una histórica multa de la Comisión a Google por valor de 2.400 millones. Validaba la tesis del Ejecutivo comunitario que había concluido que el gigante del buscador priorizaba en sus páginas de resultados a Google Shopping, su servicio de comparador de precios, en detrimento de otras opciones de la competencia.
Hay otras multas de la Comisión pendientes de dictamen judicial: una de 2018 de 4.340 millones al entender que Google favorece sus propias apps (Gmail, YouTube) en Android y otra en 2019 de 1.490 millones fruto de un presunto abuso de su posición de dominio en el mercado de la publicidad en línea.
Aunque Bruselas ya cuenta con jurisprudencia gracias al fallo favorable que obtuvo del caso sobre Google Shopping a finales del año pasado, esos otros dictámenes contra la misma multinacional siguen a la espera y las demandas de las propias plataformas de consumidores siguen acumulándose.
Dos ejemplos de estas últimas: la propia BEUC avisó en 2020 de que plataformas como Amazon o eBay deberían hacerse responsables de los productos defectuosos que salían de sus marketplaces, o una denuncia a TikTok hace casi un año por sus políticas de precios en los pagos dentro de la app o las políticas de privacidad sobre usuarios menores de edad en la plataforma.
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