Competencia sanciona a Deloitte, KPMG, PwC y otras 19 consultoras y a algunos de sus directivos por manipular licitaciones públicas entre 2008 y 2018

El logotipo de Deloitte en sus oficinas en Nueva Delhi (India)

Reuters

  • La Comisión Nacional de los Mercados y la Compentencia (CNMC) sanciona con multas millonarias a un cártel de 22 consultoras, entre ellas Deloitte, KPMG o PwC, por manipular licitaciones públicas entre 2008 y 2018.
  • Los 6,3 millones de euros en multas a las 22 consultoras y 13 de sus directivos son un 87% inferiores que las sanciones que la CNMC había reclamado para las integrantes del cártel, a las que no se impedirá participar de nuevo en concursos públicos.
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Mientras se debate sobre el papel de las 4 grandes consultoras en la gestión de los fondos procedentes de las ayudas europeas que recibirá España dentro del programa NextGeneration EU, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha concluido su investigación a 22 consultoras entre 2008 y 2018 por manipular contratos públicos e inflar sus precios para bloquear a sus competidoras.

De este modo, Competencia ha anunciado este jueves que ha impuesto un total de 6,3 millones de euros en multas a 22 consultoras y 13 de sus directivos por crear 2 cárteles para manipular la adjudicación de contratos públicos durante al menos 10 años, tras cerrar una investigación que inició en octubre de 2018 después de que la Autoridad Vasca de Competencia denunciase posibles amaños para el reparto de contratos e intercambio de información tras realizar inspecciones.

"La manipulación de la contratación pública es una práctica colusoria especialmente dañina para la sociedad al impactar adicionalmente en los fondos públicos", asegura la CNMC en su comunicado, destacando que esas 22 consultoras, entre las que destacan Deloitte, KPMG, PwC o Indra, han infringido las leyes españolas y europeas de libre competencia al crear estos cárteles, por el que abrió expediente contra 36 empresas y 10 de sus directivos.

Tras sus investigaciones, Competencia ha demostrado la existencia durante una década al menos de 2 redes de colaboración ilícita en el norte de España y a escala estatal que considera que constituyeron 2 cárteles diferenciados y que intercambiaron información comercial sensible y se sirvieron de estrategias comunes para no competir cuando participaban en licitaciones de servicios de consultoría para las administraciones públicas. 

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"Un elevado número de administraciones se vieron afectadas por estas prácticas fraudulentas", según la CNMC que ha identificado 200 contratos entre 2008 y 2018 que cayeron bajo las redes de estas tramas, manipulando concesiones de los ministerios de Hacienda, Trabajo y Economía, los gobiernos autonómicos de Madrid, País Vasco, Valencia, Extremadura, Andalucía, Cataluña, Cantabria, Canarias y Baleares y varios ayuntamientos y diputaciones provinciales vascas y andaluzas.

Competencia ha desvelado que los directivos usaron sus relaciones personales y profesionales para pedir asistencia y colaboración recíproca para manipular los contratos públicos a través de correos electrónicos que han sido publicados durante la investigación y que acreditan la existencia de la trama. La CNMC ha señalado que se trataba de contratos negociados sin publicidad, en los que la administración invitaba a unas pocas empresas para que presentasen sus ofertas en competencia.

El regulador ha asegurado que los 2 cárteles aprovecharon este procedimiento para presentar ofertas de cobertura, con las que las consultoras invitadas a los concursos contactaban con otras de su cártel que también participarían. "Les solicitaba que presentaran una oferta perdedora o, simplemente, que declinaran la invitación para participar en el proceso", afirma la CNMC, que ha destacado que en ocasiones la propia consultora elaboraba las ofertas de sus supuestos competidores.

Competencia ha señalado que este sistema sirvió para elevar los precios que pagaba la administración por los servicios de consultoría, limitando además el incentivo a la mejora en la calidad de los servicios y bloqueando la participación de competidores ajenos a los cárteles en los procesos de licitación. "Estas conductas impactaron de lleno en el erario público al ser contratos que se sufragan vía presupuestos", ha destacado la CNMC.

De las 22 consultoras sancionadas, la mayor multa corresponde a Deloitte, con 3,99 millones de euros del total de 5,87 millones en multas impuestas por la CNMC, seguida de PwC con 670.000 euros, Idom Consulting con 640.000 y Bmasi Strategy con 153.529. Entre los 13 directivos multados, la apoderada de Deloitte, Ana Andueza, la de Regio Plus, Rocío Cortés, y el de 97S&F, Leandro Ardanza, han recibido las mayores sanciones, con 55.000 euros cada uno.

No obstante, esas multas son muy inferiores a las que reclama la CNMC en agosto, cuando propuso sanciones de 47 millones de euros al cártel de las consultoras, que finalmente se han reducido un 87% hasta 6,3 millones. La petición de sanciones por atentar contra el libre mercado para Deloitte hace 9 meses era de 17,2 millones de euros, casi 3 veces más que la sanción que finalmente ha recibido.

En el caso de PwC, Competencia pidió una multa de 10,4 millones de euros, y finalmente pagará 670.000 euros, mientras que para KPMG propuso una sanción de 10,2 millones que se ha limitado a apenas 50.000 euros. Además, las sanciones no incluyen la prohibición de participar en concursos públicos para estas 22 consultoras, que podrán continuar con su actividad pese a las sanciones recibidas.

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