Estos son los 13 procedimientos que Bruselas ha abierto contra España y que podrían provocar una cascada de multas millonarias
- Bruselas tiene abiertos 13 procedimientos contra España por no adaptar o incumplir normativas europeas que podrían suponer multas millonarias.
- En 2 de esos procedimientos, uno por la contaminación y otro por la protección de datos personales, la Comisión ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE, según Cinco Días.
- En el resto de casos, el Gobierno español todavía tiene margen para presentar alegaciones que eviten una sanción europea.
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¿Qué país miembro da más quebraderos de cabeza a la Unión Europea? Si preguntásemos al azar, la mayoría de respuestas se dirigirían a Reino Unido debido al Brexit, a Italia por su enorme nivel de deuda o a Hungría por las políticas autoritarias de su Gobierno. Sin embargo, si lo medimos por las sanciones que ha recibido cada uno de los 28, España es el enfant terrible de la UE.
El pasado mes de abril, la Comisión Europea confirmaba que España había dejado de ser el único integrante del procedimiento de déficit excesivo de la UE, en el que llevaba inmerso desde 2009 y en el que se encontraba en solitario tras la salida de Francia de este brazo correctivo. Sin embargo, el país esta siendo investigado por Bruselas en varios procedimientos de áreas muy diversas.
Así, en 2014 España era el tercer país comunitario con más multas y sanciones en su contra, con 86 procedimientos. En 2017 ya ocupaba la primera plaza en la lista de países más penalizados por incumplir normativas comunitarias, con 54 millones de euros en multas y 96 procesos abiertos.
Esta cantidad, según El Mundo, supone que 7 de cada 10 euros que ingresaba entonces Bruselas por multas procedían de España. Además, España lidera el ránking de multas ambientales, con 32 procedimientos en marcha y una multa de 11 millones de euros cada 6 meses por incumplir la normativa de depuración de agua.
Y todo ello, a pesar de que la mayoría de los procedimientos de la UE no suelen acabar en multas. Sin embargo, esto podría estar empezando a cambiar: Bruselas tiene abiertos 13 procedimientos contra España por no adaptar o incumplir normativas europeas, según publica Cinco Días.
En 2 de esos procedimientos, el de la contaminación y otro sobre protección de datos personales, la Comisión ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. En el resto de casos, el Gobierno español todavía tiene margen para presentar alegaciones que eviten una sanción europea.
Estos son los 13 procedimientos contra España por no adaptar o incumplir normativas europeas y que podrían suponer multas millonarias:
Contaminación
El más conocido de los procedimientos comunitarios es el que Bruselas confirmó este jueves por los altos niveles de contaminación en Madrid, Barcelona y el Baix Llobregat. La Comisión Europea dio a España un periodo de gracia en 2017 para mejorar los niveles de calidad del aire, tras haber iniciado un expediente en 2015 por el incumplimiento desde 2010 de las directivas comunitarias. Sin embargo, los planes del ayuntamiento de la capital de revertir Madrid Central han motivado que Bruselas reactive este proceso ante el Tribunal de Justicia comunitario, según El País.
Vacaciones de los guardias civiles
Además del procedimiento por contaminación, la CE abrió este jueves otro expediente, en este caso porque las normas sobre las vacaciones de los trabajadores de la Guardia Civil son incompatibles con la normativa europea, que establece que se deberá compensar al final de la relación laboral aquellos días libres que no se hayan podido disfrutar. Este proceso está en sus primeras fases y España tiene margen para evitar una sanción.
Protección de datos
Se trata del otro procedimiento que ha acabado en los tribunales comunitarios, debido a que las autoridades españolas no han respondido a los requerimientos que ha enviado la CE para que se aplique a la normativa nacional la directiva aprobada en 2016. Este proceso podría suponer una multa de más de 5 millones de euros, según Cinco Días.
Parque Nacional de Doñana
Una protesta formal de la organización ecologista WWF sobre el deterioro de este espacio natural ha motivado que la CE abriera expediente a España en 2014 por incumplir la directiva de hábitats naturales. La resolución de este caso podría ser inminente, según WWF.
Protección contra inundaciones
En enero, la CE anunció que llevaría a España ante los tribunales comunitarios por no poner en marcha la directiva de prevención de inundaciones en las Islas Canarias. En este caso, como en los anteriores, Bruselas acusa a España de desoír sus repetidos requerimientos.
Eficiencia energética
España y otros 5 Estados miembros todavía no han puesto en práctica las normas de eficiencia aprobadas por la UE en las que se establece la meta de un ahorro del 20% el año que viene.
Sanciones penales por abuso de mercado
En este caso, la CE también reclama a España y otros 4 países comunitarios que endurezcan sus normativas por abuso de mercado para adaptarse a las normas europeas, dado que considera que las sanciones penales actuales son insuficientes.
Fiscalidad de los contribuyentes comunitarios
En marzo, Bruselas inició un procedimiento contra España por presunta discriminación a los ciudadanos europeos que tienen una vivienda en alquiler en el país para que puedan acogerse a la deducción de un 60% que está vigente para los contribuyentes españoles. En casos similares en el pasado, y en concreto referidos a las deducciones del impuesto de Sucesiones, la UE falló contra España.
Ley Antifraude sobre bienes en el extranjero
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SiBruselas se queja de que la ley española es muy laxa con los abusos de mercado, su opinión es justo la contraria respecto a la aplicación de la ley Antifraude a los contribuyentes que no declaran a tiempo sus bienes fuera del país en el modelo 720, que considera "desproporcionadas". Por ello, la CE inició un expediente en 2018 que llegó a manos del mediador comunitario y que el pasado 6 de junio comenzó su trámite hacia los tribunales.
Contratos públicos
Bruselas ha lanzado varias advertencias a España por la falta de transparencia en algunas licitaciones públicas y ha situado al país entre los miembros de la UE que más progresos deben hacer para implementar las normativas comunitarias de transparencia.
Acceso de trabajadores comunitarios a puestos públicos
En 2011, la CE exigió a España que facilitase el libre acceso de ciudadanos comunitarios a puestos públicos convalidando su experiencia en el extranjero con la de los candidatos españoles. Bruselas asegura que incumplir esta normativa limita la libre circulación de trabajadores y perjudica a los españoles que trabajan en otro país de la UE.
Representación de contribuyentes en el extranjero
La CE considera "discriminatorias" las leyes españolas que definen que los contribuyentes que no residan en el país a designar un representante fiscal con domicilio en España. Esto afecta a fondos de pensiones extranjeros ubicados en otro Estado miembro pero que ofrecen planes de pensiones en España; compañías de seguros de otros Estados miembros que operan en España; empresas no residentes que operan en España a través de un establecimiento permanente; y no residentes que están sujetos al impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en España.
Armas de fuego
En este caso, 20 países comunitarios, entre ellos España, aún no han aplicado la directiva sobre armas de fuego que la UE aprobó en 2017, a pesar de que había un periodo de gracia de un año para incluirlo en la legislación nacional.
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