Doble ultimátum a España de Bruselas en un solo día: tiene dos meses para modificar dos normativas fiscales para no acabar en los tribunales

• Este miércoles, Bruselas ha amenazado con llevar a España a los Tribunales de Justicia de la UE en 2 ocasiones por 2 incumplimientos distintos de la normativa fiscal comunitaria. 
• Por una parte, la Comisión Europea ha dado 2 meses a España para que aplique la directiva europea sobre mecanismos de resolución de litigios fiscales, que debería haber trasladado a la legislación española antes del 30 de junio.
• Por otra, Bruselas exige eliminar antes de 2 meses las restricciones al aplazamiento de pago de impuestos cuando se producen escisiones de empresas.
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El próximo Gobierno de España, cuando algún candidato consigue los apoyos suficientes para una investidura, ya tiene tareas pendientes en Bruselas y muy poco margen para solventarlas a tiempo y evitar las sanciones. No supone demasiada novedad, dado que España lidera el ránking europeo de procedimientos sancionadores abiertos por Bruselas.

Hasta ahora, la Comisión Europea ha amenazado a España con sanciones por incumplir las normas comunitarias en materia climática, de protección de datos, de eficiencia energética, de protección contra el fraude fiscal o de reparto de contratos públicos, entre otras. De hecho, el pasado abril, Bruselas confirmaba que España había dejado de ser el único integrante de su procedimiento de déficit excesivo, en el que llevaba inmerso desde 2009.

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Este miércoles, el historial de advertencias europeas contra España ha podido batir un récord: en solo un día, la Comisión Europea ha lanzado 2 ultimátums a España para que modifique en menos de 2 meses 2 normativas fiscales, de tal modo que el Gobierno tiene hasta el 27 de enero para llevar a cabo esas medidas si quiere evitar ser denunciado ante el Tribunal de Justicia de la UE.

En primer lugar, el Ejecutivo comunitario ha ofrecido un ultimátum de 2 meses a España para que retire de la legislación local las restricciones al aplazamiento de pagos de impuestos cuando se producen escisiones de empresas. Bruselas considera "indebidas" estas barreras, ya que no se permite diferir el pago de tasas si los accionistas de la empresa que se divide no reciben el mismo número de acciones de las entidades resultantes.

Dado que es la segunda advertencia sobre este tema que llega desde las autoridades europeas, el Gobierno español podría enfrentarse a posibles multas comunitarias si el Ejecutivo comunitario termina llevando el caso ante los tribunales de justicia comunitarios en caso de que no se cumplan sus requerimientos.

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Poco después de conocerse este ultimátum, Bruselas ha anunciado que ha dado 2 meses a España para que aplique la directiva europea sobre mecanismos de resolución de litigios fiscales, que debería haber trasladado a la legislación española antes del 30 de junio. En caso contrario, la Comisión ha advertido de que "podría decidir llevar el caso" ante los tribunales comunitarios.

En este caso, al menos, España no es el único país apercibido de sanción, dado que tampoco Alemania, Italia, Chipre, República Checa o Luxemburgo han aplicado todavía la normativa europea de litigios fiscales a su legislación. En cambio, Bruselas ha cerrado el procedimiento sancionador abierto contra Lituania por el mismo motivo, dado que ya ha trasladado a su normativa esta directiva europea.