Las multinacionales deberán declarar sus beneficios y los impuestos que pagan en cada país de la UE: acuerdo en Bruselas para exigir más transparencia fiscal a las grandes empresas

Nuevo golpe a las prácticas de elusión fiscal de las multinacionales, en este caso en la Unión Europea, mientras el G7 ultima un acuerdo que podría anunciar este jueves para evitar que las multinacionales eludan el pago de impuestos garantizando que tributen por los ingresos que consiguen en cada país y la OCDE se prepara para alcanzar en octubre un pacto fiscal para un tipo mínimo global del impuesto de sociedades siguiendo la propuesta del presidente de EEUU, Joe Biden.

En el caso de la UE, la Eurocámara y el Consejo Europeo, que integran los jefes de Estado o de Gobierno de los 27, han acordado reclamar a las multinacionales que hagan públicos los beneficios que generan y los impuestos que se les aplican en cada país comunitario, como parte de la directiva europea para la transparencia fiscal de las grandes corporaciones, que parte de una propuesta de la Comisión Europea en 2016 tras la publicación de los papeles de Panamá, segúnEl País.

De este modo, la directiva europea implica que las grandes empresas transnacionales tienen la obligan de desvelar y desglosar por países cuál es la actividad que realizan en cada uno de ellos, con cuántos trabajadores cuentan, qué impuestos pagan o se devengan y cuáles son sus cifras de volumen neto de negocio, de beneficio acumulado y de resultado antes de impuestos, además de informar sobre sus posibles actividades en paraísos fiscales, según el diario del Grupo Prisa.

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Esta medida se aplicará a todas las multinacionales con más de 750 millones de euros de facturación durante 2 años seguidos, que deberán presentar sus cuentas en cada uno de los 27 y en los países que figuran en la lista negra de paraísos fiscales que publica la UE, como Panamá o Samoa, y los que lleven más de 2 años en la llamada lista gris, que incluye a los territorios que se han comprometido a mejorar su transparencia fiscal y están a la espera de la verificación de Bruselas, como Australia o Turquía.

La directiva ha contado con el apoyo de los grupos mayoritarios de la Eurocámara, salvo la extrema derecha, aunque ha sufrido modificaciones antes de su aprobación, con la inclusión de un margen de 5 años para que una multinacional deje de informar sobre su actividad en un país si considera que puede afectar a su competitividad, y de una cláusula de revisión cada 4 años que permita resituar los márgenes de facturación, el alcance geográfico y la duración del margen de salvaguarda, según El País.

Con esta medida, la UE busca forzar una mayor transparencia fiscal y operativa de las multinacionales y desvelar cuáles de ellas están recurriendo a entramados de elusión fiscal como vía para reducir sus obligaciones tributarias en terreno comunitario, como Bruselas ha denunciado en repetidas ocasiones que está sucediendo con las tecnológicas estadounidenses, que emplean prácticas como el doble irlandés y el sándwich holandés para pagar menos impuestos.

La votación, que ha tenido lugar en el Parlamento Europeo 5 años después de la propuesta de Bruselas, ha contado con los votos en contra de Irlanda, Malta, Suecia, Chipre, Hungría y Croacia y la abstención de Alemania, mientras que otros países, como Eslovenia, que votaron en contra de esta medida en 2019, se han decidido a apoyar su puesta en marcha, según El País, que atribuye la iniciativa a la presidencia portuguesa de turno de la UE.