La OCDE arranca a los países una declaración sobre garantías en el flujo de datos en plena polémica por las transferencias de Europa a EEUU

Una de las grandes conclusiones que ha tenido la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE que anfitriona Canarias estos días es una declaración se ha logrado arrancar a varios países en un momento crítico: el primer acuerdo intergubernamental para buscar garantías y enfoques comunes en el acceso a datos personales con fines de protección de la seguridad nacional.

Explicado así no dice mucho, pero el contexto cobra especial relevancia ante una declaración de esta índole: la Comisión Europea se afana en volver a considerar EEUU como puerto seguro para garantizar legalmente las transferencias de los datos personales que generan los ciudadanos en grandes plataformas como Facebook o Google.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumbó el anterior acuerdo que garantizaba las transferencias de los datos que las gigantes tecnológicas estadounidenses recopilaban de ciudadanos europeos al entender que en suelo americano no se contaba con las mismas garantías en almacenamiento y tratamiento de esos datos que las que ofrece Bruselas.

En reacción a esto, tras 2 años y después de que las agencias de protección de datos europeas comenzaran a resolver denuncias contra las tecnológicas que continuaron transfiriendo esos datos, Washington reaccionó con el presidente Biden firmando una orden ejecutiva que busca limitar el acceso de las agencias de seguridad nacional al acceso de datos europeos.

Con esa orden ejecutiva ya rubricada, la Unión Europea se prepara para, en el plazo de unas semanas, volver a conceder el sello de puerto seguro a Washington. Mientras eso llega, y a expensas de que los detractores de estas transferencias anuncien nuevas medidas judiciales, la OCDE se pronuncia por primera vez con una declaración que puede suponer un punto de inflexión.

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"Se trata del primer acuerdo intergubernamental sobre enfoques en que los organismos de seguridad nacional y las fuerzas del orden público pueden acceder a los datos personales en virtud de los marcos jurídicos existentes", detalla la OCDE en un comunicado publicado este jueves. La declaración la han firmado los 38 países de la OCDE, la Unión Europea, y está abierta a más firmas.

"En esta era digital, la capacidad de transferir datos a través de las fronteras es fundamental para todo, desde el uso de las redes sociales hasta el comercio internacional y la cooperación internacional en cuestiones sanitarias a escala mundial", opina en este comunicado el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, que continúa:

"Sin embargo, sin una serie de principios y salvaguardias comunes, el intercambio de datos personales entre jurisdicciones plantea problemas de privacidad, especialmente en áreas sensibles como la seguridad nacional".

La declaración, no obstante, rechaza "cualquier enfoque" que permita a los gobiernos acceder a los datos personales si esos enfoques son "incompatibles con los valores democráticos y el Estado de Derecho". "Es el resultado de 2 años de trabajo de la OCDE llevado a cabo por un grupo de expertos de diversos países en materia de protección de datos, seguridad nacional y orden público".

"El histórico acuerdo de hoy reconoce formalmente que los países de la OCDE defienden normas y salvaguardias comunes", considera Cormann. "Este contribuirá a facilitar los flujos de datos entre democracias regidas por el Estado de Derecho, [...] con la confianza mutua entre los gobiernos en relación con los datos personales de sus ciudadanos".

Esto servirá de poco si finalmente la asociación Noyb, que lidera el abogado austríaco Max Schrems y que ya logró tumbar los 2 anteriores acuerdos para transferencias de datos entre EEUU y la Unión Europea, interpone un nuevo recurso ante la futura luz verde de la Comisión Europea a Washington y ese acuerdo acaba tumbándose por tercera vez en los tribunales.