¿Qué pasará con el empleo si España entra en recesión? Los despachos alertan del riesgo de aluvión de despidos colectivos

Dimisión o despido

El temor a una recesión que ya se da por descontada ha dado al traste con los planes de muchas empresas. Donde antes había creación de empleo a todo gas, ahora hay parálisis y reestructuraciones. 

La nueva reforma laboral ha servido para catapultar la creación de empleo a máximos históricos, aumentando el empleo indefinido y restringiendo al máximo el temporal. Pero lo que hasta ahora fue acicate podría convertirse en arma de doble filo del mercado laboral.

Mientras la economía se recuperaba en la fase expansiva post-COVID, todo ha ido bien: España crea más empleo que nunca, el paro está en mínimos desde 2008 y, además, la mayoría de los nuevos puestos de trabajo son fijos. No es fácil determinar hasta qué punto la reforma es la causa, pero está claro que no ha sido óbice para conseguirlo.

Pero, en momentos de vacas flacas, esas limitaciones a la contratación temporal podrían traducirse en menor creación de empleo e, incluso, en la profileración de despidos colectivos.

La previsión de una recesión al volver del verano ha dado al traste con la esperada recuperación de la economía. En España, las empresas ya están paralizando inversiones y contrataciones, según los economistas consultados por Business Insider España

Tanto BBVA Research como la Airef pronostican una contracción del Producto Interior Bruto (PIB)en el tercer trimestre, a pesar de ser la temporada alta de un sector clave como el turismo. Un frenazo que se traducirá como estancamiento en el mercado laboral. No en vano, la creación de empleo ya ha empezado a desacelerarse

Cuando la economía se acerca a las puertas de una recesión, "las empresas, ante los primeros signos de crisis, comienzan a actuar preventivamente, reduciendo la mano de obra temporal. Así, en algún caso, se evitaba llevar a cabo medidas más agresivas de reestructuración laboral, como los despidos colectivos", explica Pablo Salguero, asociado principal del Departamento de Laboral de Garrigues.

"En momentos de crisis, España tenía una tasa de destrucción de empleo mucho más elevada porque lo primero que se hacía era no renovar contratos temporales", confirma Rafael Doménech, responsable de análisis económico de BBVA Research.

En el primer trimestre de 2009, con el estallido de la crisis financiera se destruyó medio millón de contratos temporales, mientras que aumentaban los indefinidos.

Para Salguero, el actual alto número de empleados indefinidos y las limitaciones a la contratación temporal van a marcar una diferencia respecto a crisis anteriores: "Si se incrementa el empleo indefinido y se reduce el temporal, las empresas verán limitadas las opciones de amortiguar el efecto de una crisis prescindiendo de mano de obra eventual". 

Antes de 2022 y la última reforma laboral, en torno a una cuarta parte de los trabajadores tenían un contrato temporal en España.

"Estas resoluciones de contratos temporales llevaban aparejadas una indemnización menor a la del despido o, incluso, podían llevarse a cabo sin indemnización alguna, dependiendo de la duración que hubieran tenido los contratos y su tipología", señala Salguero.

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En septiembre de 2022, en cambio, 8 de cada 10 nuevos contratos firmados son indefinidos, frente a sólo 2 temporales de cada 10.

"Cuanto mayor sea la ratio de empleo indefinido, más probable será tener que aplicar medidas de reestructuración laboral como el despido colectivo. Con el consecuente aumento de la conflictividad laboral, asociada de forma natural a estos procesos, y los costes de desvinculación por el abono de las indemnizaciones", avisa Salguero.

Por lo pronto, los despachos no están percibiendo reestructuraciones colectivas profundas. Sí que constatan "cierta ralentización en las decisiones empresariales, sobre todo las vinculadas a inversión extranjera", matiza Lara Vivas, socia de Laboral en Cuatrecasas.

Vivas coincide con Salguero en que "es probable que se alcancen los umbrales de despido colectivo más pronto de lo que sucedía en el pasado, ya que no se podrá acudir a la no renovación o extinción de contratos temporales como medida previa a la extinción de contratos indefinidos". 

Sin embargo, matiza Vivas, "las recesiones no conllevan necesariamente despidos". El despido constituye una medida laboral adecuada ante una situación de crisis coyuntural (o muy extensa). Pero no es la única alternativa. 

La pandemia de COVID-19 es la gran prueba de ello. Constituyó un shock temporal y, mientras duró, las empresas echaron mano de los ajustes temporales de empleo (ERTE). En lugar de tirar de despidos, las compañías hicieron ajustes vía salarios y jornadas laborales. 

En abril de 2020 llegó a haber más de 3 millones de trabajadores en ERTE en España. Hoy, 2 años después, no sólo se ha recuperado el empleo perdido por la crisis, sino que hay 750.000 trabajadores más que en 2019.

El éxito de la medida animó al Gobierno a adaptar los ERTE con una nueva herramienta, el Mecanismo Red, de cara a futuros shocks.

Pero ni lograron cortar la sangría de empleo en 2020 (a pesar de los ERTE, los despidos colectivos se duplicaron durante la pandemia), ni serían sostenibles. Sólo en 2020, el Gobierno desembolsó 35.000 millones de euros para cubrir los ERTE. Un gasto que no podría permitirse mantener a medio plazo ni ante una crisis severa. 

"Los expertos en economía auguran una vuelta del verano dura. Los datos económicos que se manejan hacen pensar que, a pesar de que durante estos meses de verano la tasa de empleo arroje buenos datos por el llamado empleo estacional, sea a partir de septiembre cuando nos enfrentemos a una más que posible recesión", observa Verónica Cerón Llorente, responsable del departamento jurídico-laboral de Garrido.

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Ello, añade Cerón Llorente, "sin duda tendrá un reflejo directo en el empleo, toda vez que, si se cumplen los pronósticos recesivos, las empresas se verán en la necesidad de adoptar contundentes medidas laborales". 

Con la limitación a la contratación temporal de la nueva reforma laboral, y viendo el panorama más que sombrío en el horizonte, algunas empresas ya están optando por vías de ajuste de empleo. 

En agosto, la tasa de despido por no superar el periodo de prueba es 5,4 veces superior a la que había en el mismo mes de 2019, según datos de Fedea. 

Pero no es la única fórmula. En agosto, la tasa de despidos de empleados indefinidos es casi dos veces superior a la que había en agosto de 2019. Es más, en lo que va de año, el número de bajas por despido en indefinidos roza las 400.000 personas. En 2019, esa cifra se situaba en 259.368 trabajadores despedidos entre enero y agosto.

"Es cierto que gran parte de las empresas que ya vienen arrastrando una situación económica complicada derivada del COVID podrían acudir, como medida agónica, a los despidos, ya sean de carácter colectivo o individual. Pero también es cierto que habrá otras muchas que prefieran adoptar una postura más conservadora y opten por acogerse a la figura del ERTE", añade Cerón Llorente.

Pero el fin de los ERTE COVID como los conocíamos ha traído más planteamientos de despido. "Sí hemos notado más planteamientos de extinciones de contratos como consecuencia de la pérdida de vigencia de la normativa COVID, que establecía limitaciones para despedir", apunta Antonio Bartolomé, socio del área Laboral de Laffer Abogados.

Bartolomé, sin embargo, no percibe que la reforma per se haya provocado un aumento en las decisiones empresariales para iniciar procesos de despidos colectivos. 

La nueva figura para los ERTE nace para evitar tasas de destrucción de empleo como las que hemos sufrido en crisis anteriores, coincide Doménech. Con ella, el despido se convierte en la última opción de la que echar mano. 

El problema es que algunas empresas ya llegan exangües después de la pandemia y los costes derivados de la inflación, y el desembolso elefantiásico de gasto público para hacer frente a la pandemia deja poco margen al Gobierno en caso de recesión severa. Todo dependerá de cuánto dure la crisis que viene y de su virulencia.

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