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Los críticos con el real decreto 'digital' de Sánchez acudirán al Defensor del Pueblo después de que este haya sido convalidado en el Congreso

Manifestantes en Cataluña tras la sentencia del procés.
Manifestantes en Cataluña tras la sentencia del procés. REUTERS/Jon Nazca
  • La PDLI, apoyada por Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet, llevará un escrito ante el Defensor del Pueblo para que presente un recurso de inconstitucionalidad.
  • De esta forma pretenden batallar contra el polémico real decreto 'digital' que aprobó el Consejo de Ministros en precampaña, y cuya convalidación se votó este miércoles en el Congreso.
  • Ningún partido político se pronunció sobre el tema hasta su votación, ya que es un sensible palo en la rueda de las negociaciones ahora que hay un acuerdo de coalición y la investidura parece posible.
  • El PSOE contó con el apoyo de PP y Ciudadanos y la negativa de ERC, de quien puede depender para sacar adelante la próxima investidura.
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La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha votado el polémico real decreto 'digital' que el Gobierno en funciones aprobó en precampaña. Ningún partido quiso hablar del tema ni decir cuál sería el sentido de su voto hasta que llego la hora. Salió adelante, por lo que varias plataformas y colectivos críticos con la norma ya han adelantado a Business Insider que pedirán al Defensor de Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad.

Lo explicaba el abogado Carlos Sánchez Almeida, especialista en derechos civiles e internet. "No sería necesario si los partidos derogan el real decreto" o, en su defecto, sacan adelante una enmienda transaccional para que la norma se tramite como Proyecto de Ley. De hecho, Sánchez Almeida apunta directamente al artículo 86 de la Constitución, que establece que el Ejecutivo "no puede legislar por real decreto ley materias que afecten a derechos y libertades, como sería cerrar servicios de internet".

La polémica nace cuando el Consejo de Ministros aprueba en plena precampaña un real decreto ley para frenar algunas aspiraciones de la Generalitat de Cataluña, como la puesta en marcha de un documento de identificación para catalanes basado en blockchain. Cuando varios días después se publica la nueva norma en el BOE, se descubre que el Gobierno podrá asumir o intervenir directamente los servicios de internet "en supuestos excepcionales".

Unos "supuestos excepcionales" que son "un concepto jurídico indeterminado", detalla Enric Luján, profesor asociado de la Universidad de Barcelona, miembro del colectivo Críptica y coautor de Resistencia Digital. Para Luján, no es ni claro ni evidente lo que es alterar el orden público. "¿Parar un desahucio? ¿Hacer una acampada como las del 15-M?".

Este decreto abre un debate que puede zancadillear la investidura

Antena de telefonía.
Antena de telefonía. Secretaría de Estado para el Avance Digital

Los grupos políticos tenían dos opciones: o votar a favor de convalidar este real decreto ley o votar a favor de derogarlo. Finalmente, el PSOE contó con el respaldo de PP y Ciudadanos en su voto a favor, la abstención de Unidas Podemos y la negativa de ERC.

Sánchez Almeida habla en calidad de abogado, pero también como vocal y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. La PDLI, junto con Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet —AUI— son las tres entidades que están batallando contra lo que han venido a calificar de "decretazo" digital. Y serán las tres que este miércoles trasladarán una petición al Defensor del Pueblo para que presente un recurso de inconstitucionalidad.

Leer más: El Gobierno prohibirá que las instituciones tengan servidores fuera de la UE, pero no explica por qué lo ha hecho con "urgencia" en plena crisis independentista

La miga está en que el recurso de inconstitucionalidad, según el artículo 162 de la Constitución, solo lo pueden presentar el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados o 50 senadores, los gobiernos o los parlamentos autonómicos. La suma de los grupos de Unidas Podemos, ERC y Más País son 51 escaños.

Pero en el actual marco —negociaciones de investidura—, los ciudadanos estén "a merced de los partidos", como incide Luján. Ninguna organización está interesada en abrir este melón con la suficiente intensidad, y menos cuando la posibilidad de formar Gobierno parece por primera vez tan próxima.

De hecho, la propia PDLI ha enviado cartas a los distintos partidos, y ninguno se ha pronunciado. Pero el secretismo por la investidura continúa.

El real decreto ha estado marcado por la propaganda

Cuando se conoció el contenido de este real decreto ley por primera vez fue en una entrevista de Pedro Sánchez en un matinal de radio. En esta entrevista, el presidente del Gobierno en funciones adelantaba que no habría independencia "ni offline ni online".

Hubo un alarmismo inicial. "El Gobierno utilizó este real decreto de forma propagandística durante la campaña. Y los otros expertos en propaganda y fake news, que gobiernan en Cataluña, dijeron que fue un 155 digital, un golpe de estado digital", advierte Sánchez Almeida.

Pero tras el alarmismo, continuó la preocupación.

En palabras del profesor Enric Luján: "Este no es un ataque a los derechos de internet, es un ataque a derechos tangibles y fundamentales". "El Gobierno podría censurarte el acceso a internet únicamente porque tu teléfono está en unas coordenadas que pueden considerarse sospechosas. Privará de derechos fundamentales de forma arbitraria".

El problema, detalla, es que el real decreto "se asocia a una cosa de los catalanes o a una cosa de internet". "Un caso de doctrina del shock", advierte Luján sobre el popular término que acuñó la periodista Naomi Klein. Pero cuando las movilizaciones en Cataluña cesen, el real decreto ley continuará vigente.

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