La pensión de los funcionarios del Régimen de Clases Pasivas ya casi dobla a la de los que provienen del sector privado

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Pensionista calculando su jubilación
  • La nómina de los pensionistas que forman parte del régimen de clases pasivas es, de media un 95% mayor que la de quienes cotizaron a través de empresas privadas.
  • Estas clases pasivas están conformadas por casi medio millón de pensionistas a los que se podrán sumar en los próximos años unos 700.000.
  • El dinero que el estado destina a nóminas de clases pasivas se ha duplicado desde enero y supera ya los 2.400 millones de euros.
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La diferencia entre las pensiones que reciben en 14 pagas los funcionarios de Clases Pasivas y quienes han cotizado a la Seguridad Social a través de empresas privadas aumenta mes a mes. En mayo, esta superó los 870 euros a favor de los empleados públicos, que reciben en su retiro una nómina un 95% mayor que la de los asalariados del Régimen General, según explica este sábado La Información.

Tras décadas acumulando pluses como trienios y subidas de sueldo con arreglo a la subida del IPC (salvo momentos de las legislaturas de José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, que en determinados momentos los congelaron e incluso bajaron) después de superar duros procesos de oposición, la prestación media de estos pensionistas se sitúa, detalla este medio, en los 2.203 euros frente a los 1.333 que forman parte de un Régimen General que salió de la última crisis económica especialmente empobrecido.

En concreto, por ahora el Régimen de pensiones de las clases pasivas lo conforman casi medio millón de personal civil y militar jubilado que, conforme a antiguos planes de jubilación que datan de mediados de los años 80, puede jubilarse a los 60 años tras haber servido al Estado durante 30 años.  Para cobrar la totalidad de su pensión, deben haberlo hecho durante 35.

Y vendrán más. De estos planes gozarán también, según datos del portal 65ymás, 700.000 funcionarios que hoy están en activo y que, especifican, forman parte del personal militar, de funcionarios de los cuerpos de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, las Cortes Generales y del cuerpo docente, entre otros transferidos a las comunidades autónomas. 

También forman parte del mismo, y esto ha sido fruto de polémica en los últimos años, presidentes, vicepresidentes, ministros y otros cargos políticos. En el caso de los primeros, esta ventaja a la hora de cobrar la pensión se añade a otros muchos beneficios como la posibilidad de contar con chófer, servicio de seguridad, dos funcionarios a su cargo y un sueldo vitalicio que convirtió en 2020 a Felipe González en el primer expresidente que alcanzó los 2 millones de euros recibidos por esta vía.

Desde 2011, todos los funcionarios que han entrado en la Administración ya forman parte del Régimen General y deben trabajar hasta los 65 años para poder acceder al 100% de su jubilación.

Ello no ha impedido que en los últimos meses se haya producido un verdadero aluvión de jubilaciones de funcionarios que forman parte del anterior plan. Mientras se suceden los rumores sobre un posible cambio en la legislación que altere las condiciones de jubilación para las clases pasivas, muchos, como es lógico, han optado ya por asegurar su pensión tal y como la tienen pactada actualmente.

Como resultado, el pasado mes de junio el Estado abonó en nóminas a este colectivo más de 2.400 millones de euros, el doble que en enero de este mismo año, según los datos que figuran en el portal de clases pasivas del Gobierno.

Son números coherentes con el número de jubilados. Si en el último trimestre de 2020 y el primero de 2021 decidieron retirarse más de 20.000 efectivos civiles y militares, entre abril y septiembre de 2020 hicieron lo propio unos 12.000, algo más de la mitad. 

Los datos se producen después mientras Gobierno, agentes sociales y patronal terminan de poner en marcha un pacto para derogar algunos de los puntos de la reforma de las pensiones de 2013. Entre los principales cambios que están sobre la mesa, como explicó Business Insider, destaca la derogación del índice de revalorización de las pensiones aprobado en 2013 y que se concretaba en subidas anuales del 0,25%. Desde 2022, este volverá a calcularse tomando como referencia la evolución del IPC.

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