"Una persona que va en bicicleta no es un emprendedor, es un simple trabajador": Yolanda Díaz anticipa el fin de los repartidores como falsos autónomos con la futura ley de riders

El modelo laboral de las empresas de reparto a domicilio está en jaque.

Tras el fallo del Tribunal Supremo del pasado miércoles, el Gobierno plantea regular la situación de los repartidores, también conocidos como riders, mediante la única vía que han dejado libres los jueces: considerarlos trabajadores.

Con el fallo como guía, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha confirmado este martes que regulará a favor de unos riders que, según el Alto Tribunal, están dados de alta como autónomos pero su relación con la empresa es "de naturaleza laboral", señalaba el auto. Así, el Gobierno planea someter el dictamen al diálogo social para clarificar su situación y zanjar una ley que, coinciden uno y otro bando, ha tardado demasiado en llegar.

La semana pasada los jueces aseguraron que los riders eran asalariados y, por tanto, que estaban trabajando como falsos autónomos, en una sentencia histórica tras el largo litigio judicial que mantenían las firmas en España. El dictamen, dice la ministra, se produce "en un momento determinante para el sector y que puede obligar a estas compañías a regularizar miles de contratos".

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"Una persona que va en bicicleta no es un emprendedor, es un simple trabajador", ha concretado la titular de la cartera de Trabajo a la salida del Consejo de Ministros. "No sólo no es un emprendedor, sino que no hay ningún margen de autonomía en su relación laboral. Han sido de los más vulnerables de la pandemia: no se han podido defender y tenían que trabajar para ayudarnos", ha afirmado.

Si hay una figura del falso autónomo que ha dado de qué hablar, esa es la del conocido como rider. A sus espaldas cuentan no sólo con la mochila de pedidos, sino con multitud de sentencias favorables que avalan su condición de asalariados y que remiten a presuntos abusos de las empresas. La última de ellas, y la más importante, la que el pasado miércoles dictó el Tribunal Supremo en contra de Glovo.

En esta línea se encuentran la ministra y el Gobierno, defensores de que en la situación del pedido delivery "no hay autonomía ninguna". La batalla, así, no se dará solo en el terreno de lo legal, sino que tomará también la vía la administrativa: refuerzo de inspecciones de trabajo, revisión de jornadas, actualización de salarios e investigación sobre contratos temporales y discriminatorios, entre otros.

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Pese a que el fallo del Tribunal Supremo se refiere a Glovo, las consecuencias de esta sentencia podrían abarcar también a varias de sus competidoras, como Deliveroo o Uber Eats, y a la plataforma de comercio electrónico Amazon, en el punto de mira del Plan de Choque institucional para frenar el uso de contratos temporales o irregulares. La sentencia, de hecho, sienta jurisprudencia sobre el modelo laboral de los riders y un precedente importante para la industria, todavía en pañales en el marco regulatorio europeo.

Así, las autoridades llevan tiempo detrás de la gig economy para evitar que imponga condiciones ilegales a sus empleados. Si se tienen en cuenta los números a nivel nacional, Trabajo hizo aflorar más de 32.000 falsos autónomos de los cuales 8.000 pertenecían sólo a apps de comida a domicilio como Glovo y Deliveroo. Con todo sobre la mesa y tantos procesos y recursos abiertos, la doctrina de Trabajo podría significar el final del "modelo Glovo" tal y como lo conocemos. Al menos en España.