La posible bajada de sueldos a los funcionarios, a examen: los expertos proponen alternativas para reducir el gasto público

¿Afrontan los funcionarios una congelación o incluso una bajada de sus sueldos en 2021? Durante las últimas semanas, la posible inclusión por parte del Gobierno de un recorte en la partida de gasto en personal de las administraciones públicas en su borrador de presupuestos para 2021 ha mantenido en vilo al colectivo, mientras el Ejecutivo sigue sin aclarar sus intenciones.

Las especulaciones comenzaron a principios de mes, cuando fuentes del Ministerio de Función Pública aseguraron a El País que el Gobierno se estaba planteando congelar los salarios de los funcionarios o aplicar una subida en línea con la evolución de la inflación, que podría cerrar el año en negativo o cerca de 0, lo que frenaría la pérdida de poder adquisitivo que los funcionarios arrastran desde la pasada crisis.

Por el momento, esa posible congelación no ha sido desmentida por el Gobierno. De hecho, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, no ha descartado ningún tipo de medida y ha destacado que el sueldo de los funcionarios había crecido muy por encima de la inflación en los últimos 3 años, tras 2 años consecutivos de subidas.

A la espera del proyecto de presupuestos que el Ejecutivo presente al Congreso de los Diputados en octubre, que desvelará qué planes tiene el Gobierno para los salarios públicos, en Business Insider España hemos consultado a expertos y organizaciones de funcionarios su opinión sobre esta medida.

En primer lugar, el sindicato CSIF rechaza de plano la congelación de sueldos a los empleados públicos y ha exigido negociarla con l Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Además, señalan que los funcionarios arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9% y el 17,9% desde 2010, y reclaman recuperar la estructura salarial, equiparar las retribuciones entre administraciones y reforzar las plantillas donde se necesite.

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Por su parte, Juan Carlos Higueras, profesor de EAE Business School y analista económico, califica de "globo sonda" la posible congelación de salarios públicos, señalando que se trata de "un gesto que ha pedido Europa", al igual que los posibles cambios en las pensiones y que "la cantidad que se ahorraría el Estado es considerable" teniendo en cuenta el volumen de gasto en empleo público.

Además, Higueras afirma que, si finalmente se congelan los sueldos, el poder adquisitivo de los funcionarios no sufriría por la evolución del IPC, y pide tener en cuenta otra alternativa, como una posible paralización de los procesos de empleo público abiertos para rejuvenecer las plantillas, especialmente tras las oposiciones anunciadas en 2019, pese a que reconoce que la media de edad supera los 50 años.

Para Yolanda Fernández Jurado, profesora de Economía de Comillas ICADE, la clave está en los 6 grupos y los 30 niveles en los que se reparten los funcionarios y que generan grandes diferencias salariales entre ellos. Por ello, propone que la congelación afecte solo a los grupos más altos, señalando que "hay subdirectores que ganan más que un ministro o administrativos de sanidad con un sueldo mayor que un médico o un ATS".

Fernández Jurado señala que gran parte de esa brecha se debe a los complementos de antigüedad o productividad y a los distintos criterios para el pago de salarios públicos en cada autonomía. Además, afirma que hay que tener en cuenta a los interinos, señalando que cualquier ajuste en salario que se les haga puede provocar una pérdida de calidad en servicios públicos esenciales.

Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, considera que esta es "una cuestión muy política", al igual que sucede con las pensiones, debido a que los funcionarios, igual que los pensionistas, son un importante porcentaje del electorado, pese a que también coincide en señalar que la inflación negativa evitará que pierdan poder adquisitivo.

Respecto al posible ahorro en las arcas del Estado si se congelan los sueldos públicos, Benja Anglès, profesor de Derecho Financiero Tributario de la Universitat Oberta de Catalunya, destaca que el gasto de los empleados públicos en 2020 superará los 136.000 millones de euros. Sin embargo, afirma que la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos durante la última década seguirá siendo muy superior a las ganancias de los últimos años.