Por qué el Consejo de la Juventud quiere acabar con las prácticas extracurriculares: los debates sobre el Estatuto del Becario se retomarán tras el verano

Precariedad, el término que mejor define la incursión de los jóvenes en el mercado laboral. Los datos lo demuestran. La tasa de paro para este sector está en el 29,6%, lejos del 12,5% de la media nacional. Casi 2 de cada 3 jóvenes con trabajo tienen uncontrato temporal y uno de cada tres contratos dura menos de una semana.

En los últimos meses también se ha puesto el foco en otra vía que contribuye a esta fragilidad laboral de los que empiezan a labrarse un futuro profesional: las llamadas prácticas extracurriculares, que muchas empresas aprovechan para conseguir empleo barato. 

Es uno de los debates que más está dando que hablar en los últimos meses en relación al llamado Estatuto del Becario, con el que el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz busca regulaciones y mejorar las condiciones de los estudiantes en prácticas para evitar que desempeñen puestos estructurales. Es decir, impedir que puedan hacer el trabajo de un empleado al uso sin cobrar.

Sobre este debate se lleva pronunciando desde hace semanas el Consejo de la Juventud de España, que hace escasos días publicó su informe del Observatorio de la Emancipación correspondiente al segundo semestre de 2021. De él se desprende que emanciparse es hoy prácticamente imposible por culpa de los alquileres, e incluso por la brecha de género.

El Consejo de la Juventud está a favor de eliminar esas prácticas extracurriculares. El Gobierno empezó el pasado mes de abril las conversaciones con sindicatos y patronales para abordar la elaboración del Estatuto del Becario, contemplado ya en reforma laboral aprobada en diciembre. 

El objetivo es regular un "catálogo de derechos" sobre los becarios, "una de las lacras de la precariedad y, sobre todo, que asola a la juventud en España", como definió la propia ministra en una entrevista en La Hora de la 1.

Qué es (y qué no es) un becario

Entre otros aspecto, la norma busca reconocer una serie de derechos mínimos sobre los estudiantes que tengan algún tipo de convenio de colaboración, es decir, una beca por la cual no están cobrando un salario.  

Así se contempla una "compensación de gastos" mientras se realizan las prácticas en ámbitos como el transporte o la manutención. También se plantea asegurar que estos becarios reciben una formación adecuada a través de la tutorización.

En este contexto se habla de prácticas no laborales, aquellas en las que estudiantes de cursos universitarios, FP y otras titulaciones entran en una empresa para recibir experiencia relacionada con sus estudios a través de la formación de un tutor, pero sin asumir responsabilidad propia de un empleado en plantilla.

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Porque para eso ya están los contratos formativos. Se dividen en 2 modalidades: en alternancia y para la obtención de la práctica profesional, e imponen una relación laboral con derechos como la remuneración de salario, algo que no es obligado para los becarios. 

Sin embargo se trata de una vía a la que pocas empresas recurren. Optan en su lugar por hacer que los estudiantes en formación asuman responsabilidades que no les competen. A esto, los sindicatos se refieren como el fraude de los "falsos becarios".

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La medida estrella del futuro estatuto, y la que enfrenta a los agentes sociales (sindicatos y patronal) es la que busca evitar que lo becarios realicen trabajos estructurales. Es decir, impedir este tipo de precarización en el que un empleo barato se esconde tras el disfraz de actividad formativa. 

Un abuso que se da sobre todo en las llamadas prácticas extracurriculares —las cuales no forman parte de los planes de estudios sino que se realizan por convenios de colaboración entre centros educativos y empresas—, denuncia una parte de los agentes sociales y que está lejos de ser algo anecdótico.

Para hacerse una idea, solo 6 años, entre 2016 y 2021, la inspección de Trabajo sacó a la luz un total de 5.519 empleos ocupados por falsos becarios, a los que se suman otros 705 en los primeros 3 meses de este año, según informó el pasado junio Público. 

Según las últimas estimaciones publicadas por RUGE, la asociación juvenil de UGT, relativas al pasado mes de mayo, los falsos becarios han ahorrado a las empresas casi 300.000 puestos de trabajo y más de 1.143 millones en cotizaciones a la Seguridad Social.

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Por ello desde CCOO y UGT se pide acabar con las prácticas extracurriculares, foco del fraude, y sustituir estos puestos por contratos formativos laborales, que cuentan con más garantías y remuneración para el trabajador. No se daría de manera inmediata, sino que según lo planteado en última reunión con todas las partes se daría una moratoria de 3 años hasta su completa eliminación. 

Opción que desde la patronal por el momento no se comparte, y que ha llevado a alargar las conversaciones. Si bien desde Trabajo se esperaba aprobar la medida antes del verano, las discrepancias con la patronal en este punto han hecho que finalmente el debate sobre el Estatuto del Becario se retrase hasta septiembre.