El Estado ha reclamado 676 millones de euros a las grandes empresas con beneficios que han prejubilado a parte de su plantilla

Una de las 21 recomendaciones para la reforma de las pensiones que ha acordado recientemente el Pacto de Toledo tras más de 4 años de negociaciones se centra en adecuar la edad real de jubilación, que actualmente está por debajo de los 63 años, a la edad legal de retiro, que en 2020 está fijada en 65 años y que alcanzará los 67 años en 2027.

Para alcanzar esa meta, los expertos proponen desincentivar las prejubilaciones y mejorar los incentivos sociales, fiscales y laborales para mantenerse en activo, como el de permitir compatibilizar la pensión con un salario. Sin embargo, las penalizaciones a las prejubilaciones ya se aplican en España desde 2012, aunque solo a empresas de gran tamaño y con resultados sobradamente positivos.

Así, el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, ha reclamado entre 2012 y 2018 unos 676 millones de euros a empresas que hayan prejubilado a empleados de más de 50 años a través de despidos colectivos, siempre que esas compañías superasen los 100 trabajadores y llevasen 2 años en situación de beneficio, según han desvelado fuentes gubernamentales a El País.

La mayoría de esos pagos se reclamaron en 2013 y 2014, con 170,8 millones y 168 millones, respectivamente, durante la anterior crisis económica, para reducirse drásticamente en 2017, cuando se redujeron a 3 millones de euros, para posteriormente volver a aumentar en 2018 hasta los 61 millones de euros en reclamaciones de pago a empresas que han realizado prejubilaciones.

Antes de la edad legal, con muchos años cotizados y con bases más altas: así se están jubilando los españoles desde la reforma de las pensiones de 2011

De este modo, el Ministerio de Trabajo reclama a las empresas el pago de entre el 60% y el 100% del coste de las prestaciones y subsidios por desempleo y las cotizaciones correspondientes de los trabajadores mayores de 50 años que se hayan visto afectados por despidos colectivos o por despidos individuales que se producen 3 años antes o después de que se aplique un expediente de regulación de empleo (ERE).

El porcentaje final que paga la empresa se define según su tamaño, el reparto por edad de los afectados por el ERE y la ratio entre ingresos y beneficios de la compañía afectada. Además, las empresas pueden recurrir esta reclamación y no están obligadas a compensar al Estado por las prejubilaciones hasta que no se lleve a cabo el despido colectivo.

Ese porcentaje se establece en función del tamaño de la empresa, de la ratio de beneficios sobre ingresos y de la composición por edades de los trabajadores afectados en el ERE. Hay que tener en cuenta que la empresa no empieza a pagar en el momento en que el expediente se presenta ante las autoridades laborales, sino que empieza a hacerlo cuando se materializan los despidos. Esto puede dilatarse en el tiempo.

En 2011, durante el segundo mandato del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el entonces ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, aprobó la llamada enmienda Telefónica, por la que se establecía que las empresas con más de 500 empleados debían compensar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) las prestaciones de los trabajadores de más 50 años incluidos en despidos colectivos.

Esta medida se aprobó como consecuencia del ERE para más de 6.000 empleados anunciado por Telefónica y como vía para evitar la retirada de trabajadores antes de la edad legal de jubilación. El Ejecutivo preveía que las penalizaciones recaudasen 350 millones de euros al año, según El País, que destaca que la sucesora de Gómez, Fátima Báñez, modificó su alcance a empresas con más de 100 empleados.