La prestación media por desempleo se situó en 826 euros en 2020, un 13% menos que en 2010 teniendo en cuenta la inflación

España cerró 2020 con 527.000 parados más y 622.000 ocupados menos, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre del año pasado, unas cifras que, a pesar de ser las peores en tasa anual desde 2012, son mejores de lo esperado, dado que la tasa de paro cerró el año pasado en un 16,13% y un total de 3,72 millones de desempleados, lejos de los 5 millones que preveían el Fondo Monetario Internacional (FMI) o Fedea.

El Gobierno ha atribuido a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que el impacto del coronavirus en el mercado laboral español sea menor de lo esperado y que haya generado una destrucción de puestos de trabajos menor que la que se registró en 2008, según aseguró recientemente el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Cómo inscribirse como demandante de empleo y acceder a la prestación

Sin embargo, las medidas para la contención del aumento del paro no se ha traducido en una mejora de las condiciones de vida de los trabajadores sin empleo, que percibieron en 2020 una prestación media de desempleo de 826,6 euros, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recogidos por El Confidencial, que destaca la pérdida de poder adquisitivo de los parados con derecho a prestación en la última década. 

Así, la cuantía media de la paga por desempleo de 2020 es 2,6 euros mayor que la de 2019, aunque sigue 15,7 euros por debajo del promedio de 2010, cuando la prestación media de paro se situaba en 842,3 euros. No obstante, recurriendo al actualizador de rentas del Instituto Nacional de Estadística para incluir el efecto de la inflación durante los 10 últimos años, la prestación media por desempleo es 112 euros más baja que en 2010, según calcula el diario digital.

Menos poder adquisitivo para los desempleados que en 2010

Estas cifras suponen que los parados con derecho a prestación están percibiendo un 13,3% menos que hace una década, a pesar de que en 2020 el gasto público destinado a prestaciones creció un 91%, mientras que el de las prestaciones contributivas se disparó un 130% por el impacto de los ERTE, que llegó a acoger a más de 3,5 millones de trabajadores en primavera y cerró el año con más de 700.000 beneficiarios.

Las medidas para contener el impacto laboral de la pandemia han elevado el número de trabajadores con derecho a cobrar alguna prestación hasta los 2,87 millones de personas al cierre del año, 1 millón más que en 2019, según El Confidencial, que atribuye la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores con derecho a cobrar su prestación de paro al recorte al 50% en su cuantía a partir del séptimo mes de cobro.

Ese porcentaje era de un 60% antes de 2012, cuando se recortaron las prestaciones de desempleo a partir del sexto mes en plena recesión económica y como parte de las medidas de austeridad que la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional reclamaron al país para reducir el déficit. Sin embargo, el digital destaca que en 2020, pese a aportar menos dinero, los parados no corren el riesgo de agotar sus prestaciones mientras dure la pandemia.

Por el momento, el Gobierno no ha actuado para modificar este porcentaje ni lo ha incluido entre los posibles cambios a la reforma laboral de 2012 que se ha comprometido a aplicar ante Bruselas. Sin embargo, el ejecutivo ha vuelto a aplicar el subsidio para trabajadores mayores de 52 años, que se concedía a partir de los 55 años en la anterior crisis.