La presentación de los presupuestos para 2022, pendiente de que la coalición de Gobierno supere sus desacuerdos sobre la regulación del alquiler

Con el inicio del mes de octubre, el Gobierno comienza a acumular días de retraso en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. Según establece la Constitución, el borrador presupuestario del Ejecutivo debe ser aprobado por el Consejo de Ministros y entregado al Congreso de los Diputados al menos 3 meses antes del 1 de enero, cuando caduca la vigencia de las cuentas públicas para 2021.

Pese a que varios miembros del Gobierno, como el presidente Pedro Sánchez o la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, han reiterado esta semana que el proyecto gubernamental de presupuestos para 2022 se presentará en los próximos días, el acuerdo entre los socios de la coalición está todavía pendiente de 2 cuestiones: el tipo mínimo del impuesto de sociedades y la regulación del alquiler en la futura ley de Vivienda.

Sin embargo, PSOE y Unidas Podemos han conseguido acercar posturas en materia fiscal, por lo que solo faltaría consensuar cómo abaratar los precios del alquiler para cerrar el proyecto de presupuestos para 2022 e iniciar su tramitación, segúnCinco Días, que destaca que la formación morada exige vincular la ley de Vivienda a las cuentas públicas, mientras que los socialistas se oponen.

Los desacuerdos entre los 2 partidos de la coalición de Gobierno también se refieren al contenido de la futura norma sobre el mercado inmobiliario, cuya negociación acumula 8 meses de retraso ante las diferencias entre la postura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Obras Públicas, que ha propuesto bonificar fiscalmente a los caseros para que ofrezcan precios asequibles, y el de Derechos Sociales, que ha apostado por fijar límites a los precios del alquiler.

Pese a que ambos partidos pactaron en su acuerdo de coalición limitar las subidas abusivas y a que el Parlamento Europeo reclamó en enero a los 27 que regulen los precios del alquiler para evitar la especulación, las diferencias sobre cómo hacerlo impidieron el acuerdo para aprobar la ley de Vivienda entre la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el anterior titular de Transportes, José Luis Ábalos, y parecen seguir el mismo guión con su sucesora, Raquel Sánchez.

Los desacuerdos en el Gobierno de coalición sobre el tipo mínimo del impuesto de Sociedades bloquean la negociación de los Presupuestos de 2022

Así, Sánchez criticó este jueves que limitar el precio del alquiler no da resultado y defendió aplicar incentivos fiscales a los arrendadores, el mismo día en que Unidas Podemos y otros 8 partidos presentaban una proposición de ley en el Congreso que defiende establecer topes máximos al encarecimiento del alquiler y propone sanciones de hasta 900.000 euros a los caseros que los superen.

Al mismo tiempo, la ministra de Trabajo recalcó a la Cadena SER que se presentarán presupuestos para 2022, aunque asegurando que incluirán el tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades acordado por 10 países en el seno de la OCDE y destacando la necesidad de aplicar rebajas y límites de precios en el alquiler para solventar el problema de la vivienda. "Este país tiene que tomarse en serio este problema. Si analizamos las políticas de vivienda de la historia vemos que han sido un fracaso", señaló.